El anuncio de una consulta popular en la tarde del martes 11 de marzo se planeó en minutos y no estaba en las cuentas de nadie en el Gobierno o la bancada del Pacto Histórico en el Congreso, según fuentes de Presidencia consultadas por EL COLOMBIANO.
El presidente Gustavo Petro estaba muy molesto por el hundimiento de la reforma laboral en la mañana de ese día y le dio la orden al ministro del Interior, Armando Benedetti, de sacar del Gobierno a los funcionarios cercanos a esos parlamentarios. Así sucedió, por ejemplo, con la hija del senador liberal Miguel Ángel Pinto, que trabajaba en el Fondo Nacional de Ahorro (FNA); lo mismo sucedió con Alexander Jaimes, que estaba al frente Dirección de Asuntos Religiosos de MinInterior como “cuota” del Partido cristiano Colombia Justa Libres.
El propio Benedetti, en entrevistas posteriores, reconoció que a él también le tomó por sorpresa que ocho senadores de la Comisión Séptima se pusieran de acuerdo el día anterior y radicaran una ponencia de archivo de la reforma laboral, uno de los proyectos del corazón del Gobierno junto a la reforma a la salud. El jefe de la cartera de la política venía en buena racha al conseguir que la plenaria de la Cámara aprobara la reforma a la salud.
“Tenían que firmar seis ponentes. Eran solo seis ponentes por la negativa, pero resulta que firmaron otros dos más que no eran ponentes y no tenían por qué firmar. Ahí se demuestra que no querían discutir ni hablar, ni querían hacer absolutamente nada. El hecho de negarse a discutir y a votar es un bloqueo institucional por otras razones. Son sospechosas las intervenciones de los empresarios de la ANDI y de los alcaldes y gobernadores de algunas regiones”, le dijo el ministro Benedetti a EL COLOMBIANO.
Por eso, el jefe de Estado ese 11 de marzo publicó una serie de mensajes en la red social X atacando a los miembros de la Comisión Séptima del Senado, lo que fue calificado por algunos de esos parlamentarios como un ataque: “Mi vida y la de mis compañeros Ud. la ha puesto en peligro. Si algo nos ocurre, Ud. es el único responsable”, señaló el senador Pinto, refiriéndose la presidente Petro, que había publicado un mensaje diciendo que la Comisión Séptima y Pinto habían “traicionado al pueblo trabajador de Colombia y Santander”.
También dijo que iba a “romper” relaciones entre el Gobierno y el Congreso si se hundía esa reforma.
“Saldremos cada vez que sea necesario, presidente”
Cuando el presidente llegó de la ceremonia de reconocimiento de tropas al nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió en Palacio una reunión urgente con miembros del Pacto Histórico, como la senadora Martha Peralta, que hace parte de esa Comisión, y otros funcionarios de gabinete.
Angie Lizeth Rodríguez, directora del Dapre, convocó a los líderes de centrales obreras, movimientos sociales, de la guardia indígena en Bogotá y a algunos congresistas del Pacto Histórico a la Casa de Nariño. Allí se puso sobre la mesa ya no solo la idea de la consulta popular, sino de salir a las calles.
“Saldremos cada vez que sea necesario, presidente”, alcanzó a decir uno de los asistentes a la previa de la alocución presidencial y se consideró, entre otros temas, el umbral necesario para aprobar la consulta y si se iba a retirar o no los proyectos de reforma laboral y a la salud. Finalmente, el ministro Benedetti confirmó que iban a ser retirados. “Vamos a esperar a que nos derroten”, le dijo a este diario.
“Yo era de la idea de que el Gobierno retirara los proyectos de reforma (...) acabamos de salir de una reunión con el presidente Petro y él le dirá al país qué va a suceder (...)”, dijo la senadora Peralta cuando regresó a la sede del Congreso.
Finalmente, se convocó a los periodistas a una especie de “rueda de prensa” en Palacio antes de una alocución presidencial. Pero había caos en el Gobierno. En pocos minutos se planeó que el presidente Petro saliera dos veces: una en la “rueda de prensa” donde anunció la consulta y otra en versión alocución en todos los canales, públicos y privados, detallando el alcance de la medida de manera muy general y sobre todo la apuesta por salir a las calles.
Por el lado del Ejecutivo, los dos principales funcionarios encargados de impulsar las marchas del 18 de marzo son los ministros Antonio Sanguino (Trabajo) y Armando Benedetti (Interior). El primero, hace el puente con las centrales obreras como la Central Unitaria de Trabajadores CUT (CUT) en cabeza del sindicalista Fabio Arias, que estuvo presente durante la alocución presidencial cuando se anunció la consulta popular; también hacen parte la Confederación General del Trabajo (CGT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC) y las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC. En el caso de Benedetti y su cartera, se disponen ayudas a nivel logístico para movimientos sociales e indígenas que se movilizarán en Bogotá y en otras ciudades capitales.
Otra arista de quienes están detrás de las movilizaciones son la bancada del Pacto Histórico. No todos los congresistas tienen el mismo nivel de convocatoria, por eso el Gobierno puso a la senadora del partido MAIS, Martha Peralta, para articular al movimiento de la guardia indígena. En el caso de Fecode, el poderoso sindicato de maestros, uno de los interlocutores es Wilson Arias, senador del Polo Democrático, que también estuvo en la transmisión televisiva de hace algunos días. Otro congresista clave, que de hecho proviene del estallido social de 2022, es Alfredo Mondragón del Valle del Cauca que lidera y coordina movimientos juveniles y barriales que se sumarán a la convocatoria.
Críticas al día cívico y lo que viene
Algunos miembros del gabinete dicen en voz baja que tanto el día cívico y la consulta popular es una medida improvisada. Se ha criticado que los días cívicos podrían ser un derroche de dinero público pues según datos de 2024, la nómina estatal cuesta $60 billones al año, es decir $165.000 millones de pesos por día.
Incluso, más allá de las movilizaciones del 18 de marzo, llevar a buen puerto la consulta popular no será sencillo pues Petro tiene que conseguir que salgan a votar 13’654.457 personas de las cuales 6’827.229 deben votar que sí en cada pregunta planteada, según datos de la Registraduría.
“La primera pregunta que se hará en la consulta popular es si el día termina a las 6:00 p.m. de la tarde”, dijo hace algunos días en la red social X y luego profundizó en un discurso desde la Sierra Nevada: “Que todo trabajo que se realice después las seis de la tarde deba tener un recargo, porque son horas extras (...) Lo mismo si se trabaja sábado y domingo”.
Sin embargo, la estrategia de mostrar por pedazos lo que el Gobierno considera son los beneficios de las reformas laboral y la salud para empezar a promover la consulta, sigue siendo una idea improvisada.
“Nos cogió por sorpresa. Teníamos pensado algo totalmente diferente, por eso no hemos pensado en retirar la reforma a la salud”, le dijo a este diario bajo reserva una fuente del Gobierno.
En este caso, el mandatario sabe que está en juego su legado, pues de las grandes reformas que prometió solo ha salido adelante la reforma pensional que peligra en la Corte Constitucional si prospera la revisión de errores de trámite. Mientras tanto, queda poco margen de maniobra porque ya han pasado más de dos años y medio y el desgaste del Gobierno es notorio.
En palabras del exministro de Educación, Alejandro Gaviria, “impulsar reformas en el Congreso es importante, pero gobernar de vez en cuando también”. Quizá por ese desgaste, dicen fuentes de Presidencia, Petro está haciendo una apuesta ambiciosa, pero también improvisada, que ha despertado oposición de diversos sectores, incluyendo gobernadores y alcaldes.
