“Claro está haciendo una manipulación abusiva de su posición dominante en el mercado y está desconociendo con estrategias dilatorias la regulación colombiana”, afirmó ayer a EL COLOMBIANO visiblemente molesto Esteban Iriarte, presidente de Une-Tigo.
Su malestar se debe a que la mejicana se ha negado a pagar este año unos 28 mil millones de pesos a la compañía local por concepto de usar sus redes para terminar llamadas de usuarios Claro. Esto, según la nuevas reglas de cargos de acceso que esta bleció la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de 2015 a 2017.
Tales costos de interconexión son asimétricos o diferenciales desde 2013, según la CRC, como medida efectiva para desconcentrar el mercado móvil nacional, Claro tiene el 54 por ciento en telefonía móvil, y que haya tarifas más competitivas. Así que por cada minuto, la mejicana debe pagar 32,88 pesos a Tigo y Movistar, mientras estos reconocen 19,1 pesos al operador dominante.
“Lo de Claro es una pelea abierta contra el Gobierno y contra el usuario, porque lo que recaudamos, por la nueva regulación se lo trasladamos al usuario en la tarifa y merjor infraestructura”, argumentó Iriarte.
Por ahora, Une-Tigo ha actuado conjuntamente con Movistar (Telefónica), cuyo presidente, Alfonso Gómez, dijo ayer al diario La República que Claro le debe cerca de 30 mil millones por cargos de acceso.
Claro responde
Pero otra versión muy distinta tiene Claro Colombia, que ha seguido el debido proceso y es respetuosa de la ley. Su presidente, Juan Carlos Archila, respondió ayer por escrito que se está a la espera de la aclaración por parte de las autoridades sobre una “supuesta” extensión de la imposición de pago de acceso asimétricos que privilegian a Tigo y Movistar.
“Estas dos compañías multinacionales que cuentan con una importante participación accionaria del Estado colombiano, pretenden aprovecharse de esta regulación solo para seguir obteniendo subsidios de su competidor (Claro)”, argumentó Archila.
Entre tanto los dos mayores competidores de Claro acudieron ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) con una demanda para que Claro “honre sus obligaciones” y renuncie a lo que consideran una competencia desleal.
Este diario pudo establecer que en próximas semanas la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales de la SIC se pronunciará y que ahora analiza un concepto técnico solicitado a la CRC.
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