En el municipio de Jericó siguen los ánimos caldeados entre quienes se oponen a la explotación minera en este territorio del Suroeste antioqueño y la minera Quebradona así como quienes apoyan su accionar.
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La diligencia contra campesinos por invasión de predio en el que se realizaban labores de exploración en 2023 fue detenida porque recusaron al inspector que la llevaba a cabo. La población sigue dividida entre quienes apoyan minería y quienes la rechazan.
En el municipio de Jericó siguen los ánimos caldeados entre quienes se oponen a la explotación minera en este territorio del Suroeste antioqueño y la minera Quebradona así como quienes apoyan su accionar.
El último capítulo de esta discusión se dio ayer en la audiencia pública convocada por la Inspección de Policía de Jericó dentro de la querella que involucra a 61 jericoanos acusados de ingresar a un predio privado de la vereda La Soledad el 13 de diciembre pasado y de retirar maquinaria de la minera cuando funcionarios de esta se disponían a realizar unos estudios cerca de la vereda en el predio El Lago adscrito a la familia Arteaga con previa autorización de esta.
Cabe recordar que el pasado 16 de marzo se hizo la primera audiencia en la que los abogados de los querellados pretendían que se anulara el pleito jurídico, no obstante el inspector se sostuvo en que debía llevarse a cabo el trámite. Tras la decisión del funcionario, los ánimos se caldearon en el Teatro Santamaría de Jericó y hubo insultos de lado y lado.
En esta continuación del proceso, las polémicas no se hicieron esperar. Antes de la audiencia, hubo marchas de colectivos ambientales para mostrar su apoyo a los campesinos señalados por la inspección. Hasta el diputado Juan David Muñoz –sobrino del polémico embajador en Nicaragua León Fredy Muñoz– estuvo presente.
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Ya en el Teatro, una decisión del inspector causó polémica, pues este prohibió la grabación de la audiencia, así como la presencia de medios de comunicación.
La audiencia continuó hasta que la defensa de los campesinos solicitó recusar al inspector de Policía de Jericó, ya que según los querellados este no brinda garantías al debido proceso.
La recusación la soportan en el hecho de que los campesinos habrían avisado al mismo funcionario desde el pasado 7 de diciembre que la minera quería instalar una plataforma en La Soledad, con lo que ello implicaba. Sin embargo, solo la acción de los campesinos logró el desmonte de la plataforma.
A raíz de esta situación, el inspector nuevamente suspendió la diligencia y ahora la decisión de cambiar el inspector o mantener el actual dentro del proceso recae sobre el alcalde Sebastián Garcés.
El hecho fue celebrado por los querellados, mientras que la minera rechazó el acoso que aseguró que sufrieron a las afueras del Teatro Santamaría sus colaboradores luego de la suspensión de la diligencia.
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“Rechazamos también las expresiones estigmatizantes, difamatorias y temerarias registradas en redes sociales sobre nuestra operación y nuestros colaboradores. Insistimos en el respeto y el diálogo como el vehículo para construir ciudadanía y fortalecer el tejido social. Estamos comprometidos a responder con prontitud y diligencia las solicitudes de las autoridades pertinentes para atender el incidente ocurrido en diciembre de 2023, en el que nuestros empleados fueron objeto de actos violentos, así como el desmantelamiento de una plataforma utilizada para el análisis de aguas subterráneas debido al ingreso ilegal a propiedad privada”, dijo la minera.
Así se saldó este nuevo capítulo que divide aún más no solo al municipio de Jericó, sino al Suroeste, que prontamente tendrá que decidir entre los beneficios que dice que traerá la minería al territorio o mantener su economía y su sociedad basada en la agricultura y en la riqueza de su ecosistema.