El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, aseguró este martes que la salida de algunas tropas de las Farc de la vereda La Granja de Ituango generó problemas de orden público en esa zona del departamento.
“Durante 40 o 50 años las Farc habían sido la ‘policía’, ‘justicia’, e ‘inspectores’ en ese territorio. Manejaban el orden público y hasta cuando habían un problema familiar eran ellos quienes lo resolvían”, explicó Pérez.
El mandatario indicó que como consecuencia del desplazamiento de tropas, supuestamente hacia las zonas de concentración que se establecerán después de la firma del Acuerdo Final, aumentaron las quejas de las juntas de acción comunal y habitantes por problemas de seguridad y convivencia. “Hoy prácticamente en La Granja quedaron sin autoridad, porque había una autoridad ilegal”, agregó.
Como medida de choque para controlar la situación, el Gobernador anunció que el próximo sábado llegará “a tomar posesión” de la zona, en compañía de autoridades civiles, Ejército, Fuerza Aérea u Policía. “Hace más de 30 años no va un policía, un soldado o un gobernador a esa vereda”, sentenció Pérez.
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El mandatario antioqueño se reunirá en la tarde de este martes con el presidente Juan Manuel Santos y, según precisó, expondrá esta problemática ante el gobierno central para que se den soluciones de fondo.
“El proceso de paz, si no lo controlamos, se nos puede salir de las manos. Ya existen algunas tropas de las Farc que se están movilizando de un lugar a otro sin haber empezado la firma de los acuerdos y a medida que se desplazan, el territorio entra en una crisis distinta (...) No sabemos cómo lo están haciendo, si tienen permiso para movilizarse gratis por el territorio”, declaró Luis Pérez.
Según lo acordado en La Habana, el movimiento de las estructuras de la guerrilla estaría ceñido a un cronograma en el cual se establecen unos plazos para la “marcha” cinco días después del Día D. Con corredores seguros para los guerrilleros y las poblaciones.
Esa marcha, se indica en el acuerdo de fin del conflicto, estará bajo la supervisión del mecanismo de control, monitoreo y verificación, es decir, la ONU, el Gobierno Nacional y las Farc.
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