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¿Es viable la propuesta de cortar los servicios públicos donde se hagan fiestas?
Alcalde de Medellín anunció que cortarán los servicios públicos en aquellos sitios en los que celebren rumbas. ¿Se puede?
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En Medellín han proliferado fiestas clandestinas en residencias y en algunos establecimientos a puerta cerrada, que han debido ser intervenidas por la Policía. FOTO Esteban Vanegas
11 de agosto de 2020
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Fiesta que veo, fiesta que sapeo. Esta campaña institucional que inició hace unas semanas la Alcaldía de Medellín para generar conciencia sobre los riesgos de no guardar las medidas de aislamiento social, recomendadas en la pandemia, abrió espacio ayer a una polémica por una propuesta que lanzó el mandatario Daniel Quintero Calle y que, a ojos de expertos, se sale del marco jurídico.
“Vamos a tomar medidas contra aquellos que están haciendo fiestas. No vamos a permitir más fiestas clandestinas que ponen en riesgo a todo el mundo y por eso hemos decidido que cada fiesta que detectemos vamos a hacer un corte permanente de la electricidad en esa casa o establecimiento público para que respeten las normas”, dijo.
En diálogo con Noticias Caracol, el mandatario dejó abierta la posibilidad que al corte de la energía para los fiesteros se añadiera el del servicio de agua. Argumentó que la potestad la da el Código Nacional de Policía (Ley 1801 de 2016) y que la medida es un castigo para quienes ponen en riesgo la salud pública.
Vale recordar que el numeral 1 del artículo 33 del Código, establece que la Policía solo podrá desactivar, de manera temporal, la fuente del ruido cuando perturbe la convivencia y el residente se niegue a desactivarlo.
¿Es viable?
Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, opinó que los servicios públicos tanto de agua como de energía son esenciales, así los define la ley y el Estado tiene la obligación de garantizar la prestación y más en un contexto de emergencia como el que atraviesa el país por la pandemia.
“No hay norma alguna vigente en el país que disponga que se pueda dejar de suministrar estos servicios como una medida policiva, como es este caso. Esa propuesta me parece que transgrede la ley y más cuando el Gobierno Nacional expidió un decreto al amparo de la emergencia económica en el que determinaba la reconexión de quienes tuvieran servicios suspendidos”.
Por su parte Javier Gaviria, presidente de la Asociación Antioqueña de Ligas de Usuarios de Servicios Públicos, calificó la propuesta como sorpresiva e inentendible, si se tiene en cuenta que hay una normatividad clara al respecto:
“La suspensión de los servicios públicos la regula la Ley 142 de 1994 en la que se determina que solo se puede hacer por un incumplimiento en el pago o por un fraude en las conexiones de servicios públicos. El motivo del alcalde podría ser a su criterio justo, pero el procedimiento es ilegal. Una fiesta puede perturbar la tranquilidad y afectar la salud pública, pero para eso están los comparendos del Código de Policía”, dijo.
Más opiniones
La concejala Dora Saldarriaga (Estamos Listas), quien además es profesora de Derecho Constitucional, indicó que a su juicio el mandatario no tendría las competencias jurídicas para ejecutarla, porque los decretos legislativos los expide el presidente y las medidas excepcionales por la emergencia tienen que ser o del presidente o con una delegación expresa del mismo. “Si no hay delegación expresa es extralimitación. Habría que revisar si se expide un decreto y eso tiene unas revisiones desde lo jurisdiccional si está desarrollando un decreto legislativo. También está el asunto de la proporcionalidad y habría que revisar si eso garantiza que se cumpla con el fin deseado que es que no se expanda el covid”, opinó.
Daniel Duque, también concejal pero del partido Verde, calificó como un “globo al aire” la propuesta y señaló que cortar el agua puede ser contraproducente, toda vez que una de las principales acciones de autocuidado recomendadas es el lavado de manos.
“Los servicios públicos, especialmente el agua, son derechos fundamentales y me parece que no se puede poner en riesgo porque alguien incumpla una norma. Es un objetivo de esta sociedad disminuir las fiestas y es cierto que necesitamos cuidarnos, pero la medida del alcalde es a mi juicio desproporcionada”, dijo.
Santiago Silva, profesor del Departamento de Gobierno y Ciencias Políticas de Eafit, y exsubsecretario de Cultura Ciudadana, criticó que estas propuestas prioricen lo coercitivo y lo sancionatorio sobre lo pedagógico, cuando está documentado que en un contexto como el actual es clave esa cooperación de la ciudadanía. “Esas amenazas de sanciones generan que la gente no se preocupe por cumplir el comportamiento que se les está pidiendo, que es evitar las reuniones asociadas a las fiestas”.
Silva cuestionó que se ponga el énfasis en el incumplimiento y que además se magnifique, “porque eso genera una desconfianza de la gente sobre los demás y que la gente crea que la mayoría no está cooperando”, opino.
Al cierre de esta edición preguntamos si había alguna ampliación del alcalde frente a la propuesta, pero la respuesta fue que no .
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