Abandonado en una carretera del corregimiento de Santa Elena, en el oriente de Medellín, fue encontrado el cadáver del hijo de un antiguo cabecilla de la organización criminal “la Oficina”.
El hallazgo se registró a las 7:00 a.m. de el viernes 12 de noviembre y la víctima fue identificada como Víctor Hugo Castaño Vélez, de 32 años.
De acuerdo con el informe judicial del caso, estaba envuelto en una sábana roja, al costado de una vía terciaria de la vereda Pantanillo, en un sector conocido como Cerro Verde. Tenía señales de haber sido torturado, con múltiples golpes en el rostro, además de surcos de presión en el cuello, causados con alguna clase de cuerda, por lo que los forenses certificaron que falleció por ahorcamiento.
La investigación preliminar arrojó que llevaba un día desaparecido, pues el jueves anterior había salido a comprar un carro en el cual estaba interesado, pero esa noche no regresó a la casa. Los familiares informaron la situación a la Policía.
Los allegados recibieron después la llamada de un desconocido, el cual les advirtió que Castaño había sido asesinado y que su cuerpo estaba en Santa Elena, por lo que las autoridades fueron a buscarlo allá.
El fallecido era uno de los hijos de Luis Fernando Castaño Alzate, alias “Botija” o “La Firma”, un antiguo cabecilla financiero de la organización mafiosa “la Oficina”.
Este hombre fue extraditado en 2010 a Estados Unidos, donde la Corte del Distrito Medio de La Florida lo sentenció a 10 años por cargos de narcotráfico.
“Botija” pagó seis años, tras haber logrado una rebaja en su pena por colaboración con la justicia sirviendo como testigo en los procesos penales que terminaron con las condenas de otros extraditados, como Carlos Arturo Patiño Restrepo (“Patemuro”), cabecilla del cartel del Norte del Valle, y el comandante paramilitar Eder Pedraza Peña (“Ramón Mojana”).
En 2016 regresó a Colombia y retomó sus contactos con “la Oficina”, la estructura criminal más poderosa del Valle de Aburrá. El 22 de enero de 2018 fue asesinado a tiros por sicarios, a sus 49 años de edad, cuando conducía una camioneta por una calle de El Poblado, en Medellín.
Su familia continúa enfrentando en los estrados judiciales un proceso de extinción de dominio que inició en 2011, en contra de nueve bienes y propiedades valoradas en $45.000 millones, las cuales se localizan en Sucre, Envigado y Girardota (Antioquia).
