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Hasta una flota de taxis tiene la banda “la Terraza” para delinquir
Las autoridades le decomisaron bienes por $10.000 millones a esta banda ilegal de Medellín.
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Los taxis y los demás bienes embargados durante la Operación Argenta quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales. Este es el segundo procedimiento con fines de extinción de dominio que le hacen a la banda “la Terraza” desde 2019. FOTO cortesía -
En la operación con fines de extinción de dominio contra “la Terraza” también fueron embargadas casas, apartamentos, parqueaderos y locales comerciales. FOTO: CORTESÍA.
En una acción judicial contra el lavado de activos embargaron 14 taxis de servicio público, que al parecer fueron adquiridos con dineros calientes de la organización criminal “la Terraza”.
El hallazgo ocurrió la semana pasada en el marco de la Operación Argenta, desarrollada por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Fiscalía, y sus resultados fueron presentados el 9 de marzo por el fiscal General de la Nación.
“Incautamos $10.000 millones a ‘la Terraza’, estamos quitándoles la fuente de financiamiento a estas organizaciones y golpeando las economías ilegales que afectan a la ciudad”, declaró el fiscal Francisco Barbosa.
“La Terraza” es una de las bandas más antiguas, surgió en los años 80 y está en la segunda generación de su cúpula. Obtiene ingresos de múltiples negocios, como narcotráfico, administración de plazas de vicio, cobro de deudas mafiosas, sicariato, extorsiones, pagadiario y venta ilegal de lotes, entre otros.
Bajo su estructura confederada tiene 55 combos a su disposición, que actúan en las comunas de Aranjuez, Manrique, Popular, La Candelaria, Castilla y El Poblado; en el Suroeste y Oriente de Antioquia.
La Operación Argenta golpeó a una de estas subestructuras, “la convivir de San Benito”, la cual tiene influencia en los barrios Estación Villa, San Benito, Candelaria y Villa Nueva, del Centro del Medellín.
Según Ángela Bahamón, delegada de la Fiscalía para las Finanzas Criminales, este grupo integra el ala financiera de “la Terraza”, “encargado de ocultar los recursos obtenidos por la venta de estupefacientes, mediante la compra de inmuebles y taxis, desarrollando también otras maniobras de ocultamiento para ingresar dinero al sistema financiero”.
En allanamientos realizados en Medellín y el municipio de San Roque fueron capturados siete presuntos integrantes de “la convivir de San Benito”, todos de la misma familia: el presunto cabecilla Hernán Monsalve García (“el Viejo”), Cristian Monsalve Hincapié, Darwin Monsalve Cortés, Caroline Monsalve Hincapié, Luz Monsalve Jaramillo, Estefanía Monsalve Cuartas y Yeny Guzmán Monsalve.
En la audiencia de control de garantías, la Fiscalía les imputó el lavado de activos y enriquecimiento ilícito, que ellos negaron en el estrado. El juzgado les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.
Las autoridades embargaron dos casas, siete apartamentos con sus parqueaderos, dos locales comerciales, dos edificios en etapa de construcción y los 14 taxis, entre otras propiedades, por un valor de $10.000 millones. Sobre estos bienes inició un proceso de extinción de dominio.
También investigan varios hoteles y residencias del Centro, que al parecer eran usados para el acopio y venta de droga, según la fiscal Bahamón.
¿Para qué los taxis?
De estos embargos, lo que más sorprende es la “flotilla amarilla”. ¿Para qué le interesa a “la Terraza” invertir su plata en taxis? Para resolver la inquietud, EL COLOMBIANO consultó a investigadores de la Dijín y la Fiscalía que han combatido a esta banda.
“A ellos les sirve para movilizar a sus integrantes de forma desapercibida, y para el transporte de armas y drogas”, indicó uno de ellos.
Esta situación quedó ejemplificada con una sentencia del Juzgado 1° Penal del Circuito Especializado de Medellín, proferida el 15 de diciembre de 2014 contra el taxista Pedro Peña Pérez, alias “Pedrito”.
La justicia lo condenó a 12 años y medio de cárcel por concierto para delinquir agravado, tráfico de armas y uso de menores de edad para delinquir, al comprobar que transportaba drogas para las plazas de vicio de “la Terraza” y pistolas para las “vueltas” de sus sicarios. En sus desplazamientos llevaba a un niño para no levantar sospechas.
El vehículo estaba a nombre de su mamá, a quien le liquidaba $60.000 diarios, y adscrito a una empresa legal de taxis de Medellín.
Otro uso que les dan a los “amarillos” es en labores de seguimiento de futuras víctimas de secuestro y asesinato. Un episodio asociado a esto ocurrió el 12 de julio de 2012, en la entrada del Jardín Botánico, donde la banda acribilló a dos policías dentro de una camioneta: los subintendentes Franklin Moreno y Sergio Castro, de la Dirección Antinarcóticos, quienes hacían un trabajo encubierto para capturar a “Pichi Gordo” y “Barny”, dos jefes de “la Terraza”.
Aquel día esperaban a un informante que los llevaría a la finca en la que supuestamente estarían los cabecillas, pero este los traicionó y a la cita solo llegaron los asesinos.
La investigación demostró que antes del ataque, un taxi hizo rondas para vigilar la zona, y que ahí se transportaron las armas de los sicarios. El taxista Juan Pablo Álvarez Quintero (“el Gordo”) fue condenado a 14 años por su participación en el crimen.
“A ellos también les sirven los taxis para blanquear el dinero que consiguen de forma ilegal, por medio de testaferros. A la Dian le reportan unas ganancias mensuales, que en realidad son infladas para ocultar los ingresos de las plazas de vicio, ¿porque quién puede confirmar exactamente cuánta plata hace un taxi con sus carreras?”, señaló otro de los investigadores.
“La Terraza” –al igual que otras bandas del Valle de Aburrá– usa estos automotores como inversión “legal”. “En este caso les encontraron 14 taxis, todos afiliados a empresas, y supongamos que cada uno liquidaba $80.000 diarios. Eso da $33’600.000 al mes, no es un mal negocio”, concluyó la fuente.
Antecedentes cercanos
Este es el segundo golpe con fines de extinción de dominio que le hacen a “la Terraza” en menos de dos años. El 30 de octubre de 2019 se ejecutó la Operación Amonet, en la cual fueron embargados 378 bienes valorados en $400.000 millones, los cuales estaban a nombre de supuestos testaferros y familiares de “Pichi Gordo”, “Barny”, “Chicho”, “Guasón”, “Saya”, “Keiler”, “el Cerdo” y otros miembros de la facción.
Entre los bienes hubo 340 inmuebles, 17 vehículos, 14 establecimientos comerciales y siete sociedades. Esto incluyó cuatro edificios en el sector El Hueco, del Centro de Medellín.
Ya pasaron 17 meses desde aquella medida y, según fuentes judiciales, el proceso avanza muy lento. El juzgado está a la espera de que la Fiscalía 65 Especializada de Extinción de Dominio presente la demanda de extinción, la cual le ha devuelto dos veces para que le haga ajustes. Se presume que resolver este caso podría tardar otros tres años.
En la resolución de medidas cautelares expedida por la Fiscalía 65 (radicado N°1100 16099 068201 701074) fueron expuestas algunas de las modalidades con las que “la Terraza” adquiere estos bienes.
“Es tal su poder que se dedica a tomar la ley por su cuenta, se subrogan funciones de ‘conciliadores’ o ‘notarios’, para realizar partición de herencias, bajo la intimidación a sus víctimas, que se ven obligadas a firmar documentos y aceptar las condiciones por ellos impuestas”, indicó la Fiscalía, y aseveró: “Aunado a ello, se establece la participación de personas que prestan su nombre para efectuar negociaciones para ellos, pretendiendo ocultarse en el perfil de comerciantes”.
Las propiedades y bienes embargados en las dos operaciones están bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), incluyendo los taxis con los que al parecer ejecutaban sus fechorías
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combos ilegales están alineados con “la Terraza”, según fuentes judiciales.
En la operación con fines de extinción de dominio contra “la Terraza” también fueron embargadas casas, apartamentos, parqueaderos y locales comerciales. FOTO: CORTESÍA.
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