No es solo Melisa Bermúdez y el “usted no sabe quién soy yo”. 20 agentes de tránsito adscritos a la secretaría de movilidad de Medellín han sido agredidos en lo corrido del año. Sin dudas una pésima señal que da cuenta del poco respeto que tienen algunos ciudadanos por la autoridad y que se complementa, según coinciden expertos, con el poco castigo que tiene la justicia en estos casos.
En el pasado mes de junio, una de las agresiones contra agentes de tránsito fue con arma de fuego, cuando este se encontraba realizando sus funciones en un puesto de control y al parecer le hizo señales a dos motociclistas para que se detuvieran, uno de ellos arremetió contra el agente disparándole.
En lo que va corrido del año se han presentado 20 agresiones contra agentes de tránsito, en tan solo seis meses se superó la cifra del año pasado, dado que en todo el 2014 la secretaría de Movilidad tuvo el registro de 18 denuncias por agresiones a la autoridad.
Estas agresiones no son exclusivas contra los popularmente llamados “azules”. Funcionarios públicos como agentes de policía y personal de la secretaría de espacio público, también han sufrido este tipo de atropellos por intentar cumplir con su labor.
Un panorama donde los ciudadanos acaten las normas solo cuando les parecen o les convienen, y que además algunos reaccionen cuando son sorprendidos in fraganti, representa un problema y un escenario más parecido a la ley de la selva que una urbe que se distingue por su componente de innovación.
Rubén Fernández, gerente de Antioquia Legal, expresa con preocupación que los estudios realizados revelan que cerca del 66 por ciento de la población indica que en su entorno hay normas que no se cumplen, o personas que no están dispuestas a acatarlas de manera sistemática.
“Se ha venido formando en el imaginario social una propensión a justificar la violación de las normas por diversas razones, sin tener mayores problemas de consciencia y sin creer que vaya a ser sancionado moralmente en el entorno en que se mueve”.
Luis Guillermo Mejía, Subsecretario encargado de Seguridad Vial y Control de la Secretaría de Movilidad se refirió sobre esta situación: “El llamado a la ciudadanía es a que respeten a los agentes y sean conscientes que las autoridades están para salvar vidas. De ninguna forma podemos permitir que la sociedad avale este tipo de conductas. La directriz siempre es formular la denuncia. Esperamos a que las autoridades encargadas realicen la investigación del caso e interpongan las penas.
Entre cuatro y ocho años de prisión
El problema no radica en falta de legislación. El artículo 429 del código penal se refiere a este tipo de agresiones y tipifica esta conducta como delito: “El que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años”.
Ricardo Molina López, doctor en derecho penal y quien ejerce como docente de esta materia en la Universidad Pontificia Bolivariana, ve con preocupación que estas agresiones se repitan y que aunque esté tipificado como delito no se produzcan sanciones ejemplares lo que es un mal mensaje para la sociedad.
“Hay miembros de la fuerza pública que expresan que van y denuncian y en la misma Fiscalía les ponen trabas para recibir la denuncia o para establecer que eventualmente esta conducta es constitutiva de delito y así iniciar la investigación. Pareciera ser que en ocasiones el ente investigador no ayudara a sentar precedentes. Por lo que el agente de policía o el guarda de tránsito se ve desprotegido”.
Expertos coinciden en que hay dos componentes claves para evitar que este tipo de hechos se propaguen: sanciones ejemplares por parte de la justicia y sanciones morales de los ciudadanos contra las personas que se exceden contra los funcionarios públicos y terminan haciendo de una infracción de tránsito, o una contravención, un problema mucho más grande.
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