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Se agrava la crisis de seguridad en el Nordeste: denuncian retención de 30 personas en Segovia

Las confrontaciones entre los grupos ilegales llevaron a que desde la alcaldía de este municipio se pidiera apoyo de las autoridades para evitar que la situación siga poniéndose más delicada.

  • Las confrontaciones entre las estructuras delincuenciales en la zona rural de Segovia llevó a que la alcaldía pidiera ayuda estatal. FOTO: JULIO CESAR HERRERA
    Las confrontaciones entre las estructuras delincuenciales en la zona rural de Segovia llevó a que la alcaldía pidiera ayuda estatal. FOTO: JULIO CESAR HERRERA
08 de febrero de 2024
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Las confrontaciones entre estructuras criminales en la ruralidad de Segovia, Nordeste, llevaron a que las autoridades pidieran la pronta intervención del Gobierno Departamental y Nacional para solucionar esta problemática, que dejó como episodio más reciente la retención de 30 personas en el sector de Mina Nueva, zona ubicada a más de cinco horas de la zona urbana.

Adicionalmente, se presentaron confrontaciones entre las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo en la vereda Alto de Manila, zona donde se estarían haciendo retenes ilegales por parte de miembros de las estructuras implicadas y que se encuentran en la disputa por el control de los territorios en los que se estaría presentando nuevos hallazgos de oro, justo en los límites con el sur del departamento de Bolívar.

Óscar Yesid Zapata, vocero de la Fundación Sumapaz, explicó: “Muy peligroso un hecho en el que nos reportan la posible retención de cerca de 30 personas en una zona cercana a Mina Nueva, entre los cuales podría estar un líder social que podría estar evidentemente en muy alto riesgo”.

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Ante estas situaciones, la alcaldesa encargada de Segovia, Ana María Espinosa Pujol, manifestó que además de las situaciones ya mencionadas, también hay graves riesgos de seguridad que afectan a la población civil de las veredas del norte de Segovia, más específicamente La Manuela, El Aguacate, San José del Pescado, Arenales y Rancho Quemado.

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La mandataria pidió una pronta intervención de las autoridades para restablecer el orden público en este municipio, además de establecer un corredor humanitario, ya que los ataques y los retenes ilegales estarían llevando a un desabastecimiento y a un confinamiento de las comunidades afectadas, entre las que se encuentra la Comunidad Indígena Tagual La Po.

“Lo anterior, debido a las graves violaciones de los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que son de público conocimiento a través de medios de comunicación, organizaciones sociales, denuncias reiterativas de líderes y lideresas, actas de asambleas y reuniones instituciones, alertas de la Defensoría del Pueblo, informes de la Personería Municipal y de la oficina de víctimas”, manifestó la alcaldesa Espinosa Pujol.

Ante esta situación, en la mañana de este jueves se reunieron la mandataria encargada y el secretario de Seguridad de Antioquia, general (r) Luis Eduardo Martínez, para tratar los flagelos de seguridad que se viven en esta localidad y en toda la subregión, en la que se contabilizan 16 homicidios este año.

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