Entre marzo y abril del próximo año Puerto Antioquia podría tener sus obras terminadas, pero no tener energía para funcionar. Pese a parecer descabellado, esta es ahora la preocupación del terminal marítimo que espera convertir al Urabá antioqueño en la nueva puerta comercial del país.
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A pesar de contar con un presupuesto de más de 764 millones de dólares y avanzar en una batalla contra el reloj para empezar a operar en 2025, un pleito en una inspección de policía de un corregimiento ubicado al sur del casco urbano de Turbo tiene frenados los trabajos de instalación de una línea de transmisión crucial para la operación del futuro megacomplejo.
La historia es así. En medio de los trabajos que se realizan en el lugar, en abril un equipo de obreros se dirigió a un predio para iniciar con la instalación de unas redes de transmisión de energía que unirán a una subestación del puerto con una de EPM, ubicada en Nueva Colonia.
El montaje no solamente es clave para que el terminal de carga tenga luz, sino para abastecer a toda su zona adyacente, en la que se espera se asienten más empresas en el futuro.
El predio en el que se desarrollarían los trabajos aparece identificado como La Presumida, tiene un área de 154.604 metros cuadrados e hizo parte de un grupo de por lo menos 11 propiedades objeto de un proceso de reclamación de tierras que tuvo el proyecto frenado por varios años, que se saldó cuando un juez autorizó la constitución de una servidumbre para el inicio de los trabajos.
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A pesar de ese visto bueno, cuando los trabajadores del puerto llegaron a la zona para iniciar la instalación de unas torres de energía se llevaron la sorpresa de que estaba ocupado por terceros que no los dejaron entrar.
Contrario a lo que se esperaría, los ocupantes no son los reclamantes del proceso de restitución, sino de terceros ajenos al mismo.
Buscando poder tener acceso al sitio, Puerto Antioquia interpuso el pasado 23 de abril una solicitud de amparo policivo ante la Alcaldía de Turbo, que su vez le asignó a través de la Secretaría de Gobierno el caso a la Inspección de Policía del Corregimiento de Currulao, que en primera instancia amparó los derechos de la empresa.
No obstante, luego de que se notificara la decisión, los ocupantes también interpusieron recursos, argumentando ser legítimos poseedores de una franjan de 8.227 metros cuadrados del terreno y tener un certificado de tradición y libertad en regla.
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El pasado 22 de agosto, la Inspección de Currulao emitió una resolución en la que dejó sin piso el amparo policivo que inicialmente había admitido en favor de Puerto Antioquia, considerando que no había pruebas suficientes para asegurar que no se estaría cometiendo una arbitrariedad en contra de los ocupantes.
“(...) se procede revocar la decisión y se ordena dejar sin efecto el fallo dictado el 16 de agosto, negando con ello el amparo policivo por perturbación a la servidumbre de energía en favor de Puerto Bahía Colombia sobre el predio denominado La Presumida, identificada con ficha catastral (...) considerando que dicha servidumbre no existe físicamente ni se encuentra registrada en el certificado de tradición y libertad”, se lee en la resolución.
La decisión encendió el debate, ya que mientras la inspección argumenta que debe obrarse con base en el principio de la buena fe, desde la óptica del proyecto y de varias de las organizaciones reclamantes de los predios no se sabría esos ocupantes de donde salieron con el reclamo.
“Unos intereses individuales impiden continuar con esta obra, a pesar de que ellos también conocieron, participaron y nunca se opusieron a esa autorización. (...) nuestros derechos también merecen ser respetados y para ello la instancia es el Juzgado de Restitución de Tierras”, plantearon en una carta conjunta el Consejo Comunitario de Puerto Girón y Comanuco.
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Por su parte, Andrés Bustos Isaza, vicepresidente institucional de Puerto Antioquia, señaló que para el proyecto ese problema es una sorpresa, dado que un juez ya había dado luz verde para que esos terrenos se usaran para el proyecto, considerando que desde la inspección se estaría extralimitando en sus funciones.
“Lo que debió haber sucedido, como es normal en este tipo de situaciones, es que en la inspección se nos hubiera amparado nuestro derecho, porque viene desde un juez de tierras, pero nos hemos llevado la sorpresa de que después de un proceso muy difícil, donde varias veces se dilató la audiencia y los procesos administrativos de la inspección, se nos ha negado el amparo al derecho que tenemos”, dijo, señalando que la empresa ya interpuso ante la alcaldía otros recursos de reposición para tumbar la medida.
Para conocer su versión sobre el tema, EL COLOMBIANO envió un requerimiento de prensa a la Alcaldía de Turbo, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.
