El presidente Gustavo Petro le replicó al gobernador Andrés Julián Rendón, quien el domingo 19 de enero volvió a cargar en contra de la resolución que crea las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en el Suroeste antioqueño.
Rendón, quien ya había anunciado que demandará la resolución al considerarla improcedente y que “viola” la autonomía de los municipios frente a su derecho de ordenar su territorio y las vocaciones que allí se realizan, calificó como una medida socialista la resolución que, según defiende el Gobierno, busca blindar unas áreas para priorizar en dichos suelos la producción de alimentos con lo que Minagricultura espera fortalecer la soberanía alimentaria del país y específicamente de regiones como Antioquia, Tolima y Cundinamarca, despensas agrícolas del país.
“No necesitamos que un burócrata, desde un escritorio en Bogotá, desconociendo las realidades de las regiones, al mejor estilo de los planificadores centrales del socialismo, nos diga qué y cómo hacer que las cosas pasen. Tengamos la conversación de seguridad y soberanía alimentaria con hechos. Detonar la producción agropecuaria no es definir polígonos y usurpar la autonomía territorial”, expresó el gobernador.
Rendón insistió en que la resolución va en contravía de la Constitución y de “la competencia que allí se le da única y exclusivamente a los concejos municipales para ordenar el uso del suelo. Estamos defendiendo las libertades de las personas y la autonomía territorial”, agregó.
El gobernador ha manifestado que la resolución desconoce el territorio y desde la Gobernación reiteraron que las determinaciones que tomaron para priorizar la producción de 49 alimentos en los municipios del Suroeste carecen de criterios técnicos.
El presidente, entonces, le respondió al gobernador: “usted, señor gobernador de Antioquia, no quiere un burócrata de Bogotá, pero tampoco a los campesinos de su tierra que quieren es agricultura y no minería. Usted obedece es a las multinacionales mineras extranjeras”, en lo se presume hizo alusión a la disputa minera que se libra en Jericó desde hace 15 años por cuenta del proyecto Quebradona, con el cual la multinacional AngloGold pretende explotar principalmente cobre, y cuyo trámite de licenciamiento ambiental fue archivado en abril de 2021 por graves vacíos que a juicio de la Anla hacían inviable el proyecto para el medio ambiente.
Sin embargo, la multinacional no ha renunciado al proyecto y en los últimos meses ha adelantado nuevas operaciones, según ha dicho, con miras a presentar nuevamente el Estudio de Impacto Ambiental en busca de la licencia. Pero además de este proyecto, actualmente el 22% de todo el territorio del Suroeste tiene títulos mineros. Hay municipios con vocación absolutamente campesina como Caramanta que tienen el 97% de su territorio bajo títulos mineros. El Gobierno ha defendido en varias ocasiones la necesidad de blindar áreas específicas para garantizar la producción agropecuaria de una subregión que, junto al Oriente y el Norte de Antioquia, tienen la aptitud de los suelos para producir más de 50 productos.
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El gobernador señaló que está a la espera de sentarse a hablar con la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, sobre cómo se materilizarán esas APPA, pues todavía persisten dudas entre campesinos, productores y otros gremios sobre los alcances de la resolución y, por ejemplo, qué tanta autonomía tendrán en sus fincas y propiedades para desarrollar los proyectos que pretendan.
Hay que decir, eso sí, que a algunas críticas señaladas por parte del gobernador y alcaldes del Suroeste les faltan precisiones. Por ejemplo, Rendón criticó que la resolución recomendara la siembra de arroz en Betulia, señalando que esto adolece completamente de soporte técnico. Sin embargo, el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario que tiene Antioquia desde 2020, un instrumento único en el país y que construyeron la propia Gobernación y la Universidad Nacional, arrojó que, efectivamente, en Betulia hay más de 245 hectáreas aptas para cultivo de arroz.
Sobre los puntos que han suscitado la polémica, Julián Londoño, gerente de la Corporación para el Desarrollo Industrial Agropecuario —DIA— de la UdeA, le explicó a EL COLOMBIANO que si bien es cierto que a los municipios les corresponde el derecho de ordenar su territorio, a la Nación le compete la tarea de entregar las herramientas para que las entidades territoriales lo hagan. Hay que decir que la mayoría de los municipios tienen sus instrumentos de ordenamiento envejecidos, por lo que el Ministerio ha insistido que lo que busca es definir un nuevo determinante agropecuario para la materialización de ese ordenamiento territorial.
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Respecto a la polémica por la aptitud de los suelos, el experto señaló que la discusión no puede quedarse solamente allí y que más allá de la aptitud de los suelos para producir x o y alimento, es obligatorio concertar con los campesinos y productores de acuerdo a las vocaciones y necesidades sociales, culturales y ambientales.
Lo que piden campesinos y productores es que Gobierno y Gobernación se sienten a darle forma a las APPA dejando a un lado la pelea política, pues lo cierto, tal como lo señala la FAO, es que Antioquia sí tiene un problema respecto a su soberanía alimentaria. El departamento trae de otras regiones del país y de al menos once países el 74% del alimento que consume. Invierte 972 millones de dólares en estos alimentos y la FAO y hasta los propios diagnósticos de la Gobernación de Antioquia señalan que el problema del departamento no por escasez ni incapacidad para producir sino que arrastra serias falencias de abastecimiento, distribución y acceso de cientos de miles de personas a estos alimentos, lo que se revertiría con nuevos modelos de producción y comercialización.
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