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Antioquia | PUBLICADO EL 26 septiembre 2021

Otro más del escándalo de MinTic aterrizó en Medellín

  • Camilo Valencia tuvo un contrato con la Alcaldía de Medellín, pese a haber salido mal del Mintic. FOTO: Julio César Herrera
    Camilo Valencia tuvo un contrato con la Alcaldía de Medellín, pese a haber salido mal del Mintic. FOTO: Julio César Herrera
  • Este es el contrato de la Alcaldía, a través de la Secretaría Privada, con Camilo Valencia.
    Este es el contrato de la Alcaldía, a través de la Secretaría Privada, con Camilo Valencia.
  • Camilo Valencia tuvo un contrato con la Alcaldía de Medellín, pese a haber salido mal del Mintic. FOTO: Julio César Herrera
    Camilo Valencia tuvo un contrato con la Alcaldía de Medellín, pese a haber salido mal del Mintic. FOTO: Julio César Herrera
  • Este es el contrato de la Alcaldía, a través de la Secretaría Privada, con Camilo Valencia.
    Este es el contrato de la Alcaldía, a través de la Secretaría Privada, con Camilo Valencia.
Otro más del escándalo de MinTic aterrizó en Medellín

A Emilio Tapia buscando casa en Llanogrande y al intento por torcer la investigación en El Tesoro, se suma que la Alcaldía de Medellín contrató a un abogado relacionado con el escándalo.

Esta semana sucedieron una serie de hechos que abrieron un enorme interrogante sobre ¿qué papel está jugando Medellín en todo el entramado de corrupción que se creó alrededor del desfalco de MinTic?, ¿por qué ha sido epicentro de reuniones y refugio de presuntos protagonistas del desfalco?

Cabe recordar que se trataba de un contrato para conectar a 7.500 colegios y escuelas rurales. MinTic lo presentó en octubre pasado como “el proyecto de conectividad rural más grande en la historia del país” y estaban en juego 1,07 billones de pesos. El contrato se adjudicó el 9 de diciembre de 2020 y cuando faltaba poco para terminar el año se giraron 70.000 millones de pesos de anticipo.

Por el afán precisamente de girar ese dinero -que luego se descubrió lo mandaron a cuentas a Estados Unidos para invertirlo en apartamentos de lujo- tuvieron que echar mano de pólizas de seguro falsas. Y ahí comenzó el ruido que obligó a la exministra de las TIC, Karen Abudinen, a caducar el contrato en agosto pasado y luego tuvo que renunciar ante el temor de que el Congreso la tumbara por el que se constituye en el peor escándalo de corrupción del gobierno de Iván Duque.

Lo nuevo y que cobra especial interés para Medellín y Antioquia comenzó a destaparse esta semana: apareció el tristemente célebre Emilio Tapia, cerebro del cartel de la contratación de Bogotá, como el hombre que estaba moviendo las cuerdas detrás del tinglado del contrato de MinTic. La Fiscalía fue clara en decir que Tapia manejaba a través de terceros (o testaferros) a tres de las empresas que conforman el consorcio Centros Poblados que se ganó el contrato: Intel de la Costa, ICM y Omega.

El primer indicio que despertó la preocupación fue la llegada de Emilio Tapia a Medellín. No fue una simple visita, sino que -como lo reveló EL COLOMBIANO el pasado martes-, Emilio Tapia estuvo buscando desde hace tres meses y hasta hace unas semanas una casa con pesebrera y espacio para escoltas en Llano Grande.

La segunda señal de alarma en la región fue la noticia que dio la Fiscalía en la audiencia del miércoles, en la que dijo que en el Centro Comercial El Tesoro se había tratado de torcer la investigación del caso. El 10 de agosto trataron de sonsacar al hoy testigo de la Fiscalía para que se echara la culpa él de presentar las famosas pólizas falsas.

Y hoy se suman dos piezas más de este rompecabezas que pondrían a Medellín como un sitio atractivo para los presuntos protagonistas de este cartel de corrupción.

La primera la revela hoy Bernardo Alejandro Guerra en su columna de EL COLOMBIANO (Pág. 22). Según el columnista, Otomar Lascarro Torres, también relacionado con las empresas que ganaron el contrato, se trasladó a vivir de Montería a Medellín y Llanogrande.

Sin duda puede ser una coincidencia que los dos, Tapia y Lascarro, hayan decidido o querido mudarse a Medellín o a Llanogrande. Pero no deja de despertar curiosidad sobre todo porque Emilio Tapia, cuando participó en el saqueo de Bogotá, ubicó su centro de operaciones en la Hacienda San Simón, un sitio campestre, de lujo, en las afueras de la ciudad.

Y la otra pieza que se suma al rompecabezas de los nombres que han salido salpicados en el escándalo es Camilo Valencia Suescún. Resulta que este no sólo asesoraba a la ministra de las TIC, sino que simultáneamente era apoderado de una de las firmas que compitió por el contrato de internet para las escuelas. Lo cual constituye una irregularidad. La ministra le terminó el contrato de prestación de servicios y fue presentado como uno de los cuatro funcionarios despedidos del Ministerio por el escándalo.

Poco tiempo después, la secretaria privada del alcalde Daniel Quintero, María Camila Villamizar, le tendió la mano a Camilo Valencia Suescún, y en marzo le dio un contrato por 146 millones de pesos para asesorarla a ella y al alcalde en asuntos jurídicos.

Es decir, la Alcaldía de Medellín lo contrató a pesar de que ya su nombre había salido a relucir en el escandaloso caso desde febrero, ya Caracol Radio y La W habían informado que a Camilo Valencia el MinTic le había exigido la renuncia y, a pesar también de que en MinTic le terminaron el contrato por haber cometido una irregularidad

Infográfico

Contexto de la Noticia

PARA SABER MÁS Tapia no tendrá casa por cárcel

Pese a la solicitud de la defensa de que en caso de ser cobijado con medida de aseguramiento Emilio Tapia pudiese ser recluido en el batallón Vergara y Velasco, en el municipio de Malambo (Atlántico), el juez 53 de control de garantías de Bogotá respondió que no concederá casa por cárcel ni enviará a una guarnición militar al conocido “zar de la contratación”. La defensa del detenido argumenta que no es un peligro para la sociedad.

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