El asesinato de cuatro menores de cinco años en el Valle de Aburrá este año y el hecho de que el departamento tenga el 14 % de los casos de restitución de sus derechos, ponen a Antioquia en el primer lugar de la violencia contra los niños y adolescentes en el país.
Por eso, la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Karen Abudinen Abuchaibe, empezó en este departamento la firma de un pacto nacional para reducir esas agresiones.
En diálogo con EL COLOMBIANO, la funcionará explicó la iniciativa y la manera como la desarrollará.
¿En que consiste el pacto nacional contra las violencias hacia los niños y adolescentes?
“Buscamos que alcaldes y gobernadores, la sociedad civil, las organizaciones sin ánimo de lucro, entre otros actores, se comprometan con acciones que tengan incidencia en los indicadores. Quisimos empezar por Antioquia, por ser el departamento con más incidencias de maltrato.
En este departamento se habían registrado, hasta septiembre pasado, 980 casos de restablecimiento de derechos por algún tipo de violencia, de los cuales 753 se presentan en Medellín (en el país son más de 7.000). Son cifras muy similares a las de 2016, esto quiere decir que no hay mejoría en esta situación y que no se han ejecutado acciones contundentes que lo permitan”.
¿Esta violencia contra los menores de edad, cómo se presenta?
“Abuso y explotación sexual, maltrato físico y por negligencia; este último, es uno de los más comunes y el gran problema es que la gente no lo considera como tal. Por ejemplo, dejar a un niño solo en la casa, es exponerlo a factores de riesgo y eso es maltrato”.
¿Con cuáles acciones intervendrá el Icbf en Antioquia para reducir estos indicadores?
“Vamos a aumentar los equipos humanos de planta. Pasaremos de 542 servidores de planta a 682, es decir, 140 nuevos para la defensoría y apoyo a la gestión. A ello se suman los 236 profesionales y técnicos que se vincularán por contrato de prestación de servicios, para un total de 918 personas que atenderán a los niños, niñas, adolescentes y familias. Esto significa que vamos a tener más personal de manera permanente para trabajar por los niños”.
¿Qué tipo de profesionales entran en ese paquete de contratación?
“Abogados —que son los defensores de familia— y profesionales para los equipos psicosocial: psicólogos, nutricionistas y trabajadoras sociales. Adicionalmente, a parte de los 140 cargos para las defensorías, vamos a tener otros profesionales de planta: financieros, técnicos y supervisores”.
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