La Superintendencia de Transporte instó la semana pasada a 31 municipios del país a incrementar sus esfuerzos para desarticular a las redes de transporte ilegal. A través de una carta, el superintendente Camilo Pabón Almanza solicitó a esos territorios endurecer los operativos de control, investigaciones y el inicio de acciones judiciales en contra de las personas que estén involucradas directa e indirectamente en esa actividad.
Aunque aquel documento fue dirigido de forma general a las capitales y los municipios que concentran la mitad de la población del país, en el caso del Valle de Aburrá el oficio hizo un llamado de atención a Medellín, Envigado, Itagüí, Sabaneta y Bello.
Pese a que esta actividad no es nueva, aquel pronunciamiento reabrió la discusión sobre qué tan efectivas están siendo las medidas para erradicar el transporte ilegal.
Al ser consultados por el tema, líderes de las carteras de movilidad del Aburrá explicaron cuál es el panorama en cada uno de sus municipios y cómo avanzan los esfuerzos por atender el problema.
Las redes de transporte
Entre julio y agosto de 2017, el Área Metropolitana construyó la radiografía más reciente sobre el transporte informal en el Valle de Aburrá. A través de la Encuesta de Satisfacción con el Transporte, esa entidad proyectó que al menos el
16,2 % de los ciudadanos de la región acudía de forma ocasional o frecuente al transporte informal (Ver infografía).
Mientras las plataformas tecnológicas y los colectivos informales eran los dos medios más utilizados (5,5 % y
5,1 % respectivamente), otros medios con menor uso también aparecían en el radar, como el taxi colectivo (4,5 %), los mototaxis (0,8 %) y los buses informales (0,03 %).
En cuanto a los colectivos informales, Juan Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transporte Público Colectivo del Valle de Aburrá (Asotransvaa), que reúne a cerca de 900 propietarios de vehículos de servicio público, advierte que, de acuerdo con los cálculos de esa organización, esta actividad disminuye en cerca de un 20 % los ingresos del gremio.
Según plantea, la solicitud formulada por la Superintendencia se enmarca en los pedidos que el transporte formal viene realizando desde hace más de tres décadas a los municipios para que incrementen su capacidad humana y administrativa en las actividades de control.
“Desde la década de 1990 la norma hace hincapié en que las autoridades deben controlar ese flagelo. Por falta de personal, compromiso o voluntad política, pasados 30 años el fenómeno ha incrementado”, dice Merino.
Panorama por municipios
En el caso de Medellín, Andrés Pava Restrepo, experto en movilidad y director de la especialización en Gestión y Procesos Urbanos de la Universidad EIA, plantea que la presencia de redes informales se concentra en los territorios ubicados en el borde urbano, en donde hay menos oferta de rutas o las frecuencias de los buses suelen ser más largas.
Buscando tener mayor rapidez y comodidad en sus desplazamientos, los usuarios optan por acudir a las redes informales, explica.
De acuerdo con los diagnósticos de la Secretaría de Movilidad de Medellín, algunos de los puntos críticos de la ciudad en transporte informal estaban en la calle San Juan y el centro comercial Villanueva. Así mismo, las zonas aledañas a la terminal de Transportes del Norte o el tramo de la calle Maracaibo, entre Bolívar y Palacé, que hacen parte de los puntos en donde aún tiene presencia este servicio, según pudo identificar este diario en un trabajo de campo.
En cuanto a las plataformas tecnológicas, Pava Restrepo señala que su auge está asociado a las facilidades que encuentran los usuarios para elegir las condiciones de su viaje y los vacíos normativos que les permiten tener mayores ventajas competitivas en comparación con los taxis.
Diego León Torres Sánchez, secretario de gobierno de Itagüí, explica que de acuerdo con el diagnóstico de esa alcaldía, tanto los colectivos informales como las plataformas tecnológicas tienen una alta demanda.
En el caso de la primera modalidad, el funcionario agrega que el corregimiento Manzanillo, compuesto por veredas como El Ajizal, Los Gómez, El Pedregal, entre otras, comprende la zona en donde más predomina ese fenómeno. De igual forma, señala que se tienen identificados colectivos que se desplazan desde el centro de Medellín, en dirección al corregimiento de San Antonio de Prado.
Según explica, con un total de 60 órdenes de comparendo impartidas desde enero de 2020 (25 en lo corrido de este año), la Secretaría de Movilidad y la Policía busca controlar el fenómeno.
En el caso de Sabaneta, José Daniel Restrepo, secretario de Movilidad, señala que la principal modalidad identificada son las plataformas tecnológicas. Bajo esa misma línea, Juan José Orozco, secretario de Movilidad de Envigado, coincide en que esa es la actividad predominante en ese municipio.
Mientras Orozco señala que en Envigado los esfuerzos se concentran en ejecutar programas de cultura ciudadana, para que la comunidad apoye el transporte formal, Restrepo destaca que en Sabaneta se está trabajando de la mano de las unidades residenciales, para evitar que desde éstas se convoque a los transportadores informales.
En Medellín, la Secretaría de Movilidad, en respuesta a un requerimiento de este medio, sostuvo que a través de controles liderados por los agentes de tránsito se busca contrarrestar a esas redes. “Además seguimos trabajando con las empresas para fortalecer el servicio de transporte público”, agregó.
Según informaron los funcionarios consultados, la semana pasada, los municipios del Aburrá sostuvieron una reunión en donde acordaron elevar una petición conjunta para solicitar mayores garantías en el ejercicio de sus labores de control, principalmente en la sanción a los conductores de las plataformas tecnológicas.
“Necesitamos que amparen a nuestros agentes de tránsito, porque muchas veces se realizan los procedimientos y, cuando se llega a las audiencias, los infractores encuentran la manera de no hacer prosperar los procedimientos”, explica Restrepo, advirtiendo que el marco legal para las plataformas tecnológicas aún no es claro.
Bajo ese panorama, añaden los funcionarios, están a la espera de agendar una reunión con la Superintendencia para aclarar sus inquietudes, en aras de mejorar la efectividad de los controles
16,2 %
de los habitantes del Valle de Aburrá fueron usuarios de redes de transporte informal.
5,1 %
de los habitantes del Valle de Aburrá fueron usuarios de los colectivos informales.
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