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El Comité Integral no más peajes en Barbosa, que lleva cuatro meses luchando para que los peajes El Trapiche y Cabildo sean trasladados de lugar para que los habitantes de esta localidad no tengan que pagarlos, expresó se desencanto por los resultados de una reunión celebrada el pasado jueves con voceros de la Gobernación, en la que no se llegó a ningún acuerdo.
La cita fue pactada entra ambas partes el pasado 2 de diciembre, para lo cual se suspendió una marcha de protesta organizada por el Comité, por petición de la Gobernación, en aras de evitar las vías de hecho y lograr una solución concertada.
En dicha cita, sin embargo, no se lograron acuerdos, pero todo se aplazó para la reunión del 19, en la que el Comité no más peajes tenía fincadas las esperanzas de una solución.
Ambas partes llegarían con propuestas concretas que permitieran darle una solución a este asunto que, dicen la sociedad civil y las autoridades de la localidad, tiene frenado el desarrollo de Barbosa, porque las empresas no quieren asentarse allí por el costo de los peajes, lo que perjudica el crecimiento económico, industrial y comercial, así como el turismo y la generación de empleo.
“La doctora Victoria Eugenia Ramírez (secretaria de Gobierno de Antioquia y comisionada por el gobernador para el tema) nos pidió cancelar la marcha del cuatro de noviembre para sentarnos a negociar y con la condición de no tener marchas para poder hablar. El gobernador Luis Pérez les propuso a 5 mil personas en campaña y en el Concejo, el año pasado, revisar el tema de las exenciones (al pago de los peajes), pero ninguno de los dos cumplió”, sostuvo Victoria Eugenia Jiménez, integrante del comité antipeajes.
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Los voceros del Comité señalaron que cuando esperaban que a la reunión llegara la secretaria de Gobierno Ramírez, acudieron fue funcionarios de segundo nivel, sin capacidad para llegar a acuerdos.
Según Jiménez, por la ANI (Agencia Nacional de Infraestructura) estuvo el vicepresidente, Diego Morales; por Hatovial (concesionario de la vía) estuvo una funcionaria delegada por el gerente, Ricardo López; del Área Metropolitana llegó un delegado de nombre Raúl González y en representación de la Secretaría de Infraestructura departamental actuaron el abogado Juan Camilo Giraldo y Lucelly Penagos, pero no el secretario, Gilberto Quintero.
Al final de la reunión llegó la secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, pero en ese momento ya los integrantes del Comité habían decidido que retomarían el movimiento social de la protesta para ser atendidos y escuchados.
Lo que les pidieron los voceros de la Gobernación, entre ellos la secretaria de Gobierno, fue que adelanten un proceso legal para solicitar la tarifa diferencial y otro proceso legal para pedir el desmonte de los peajes.
“Nosotros nos sentimos engañados, ya que las personas con las que estuvimos negociando no tenían poder de decisión”, asegura Óscar Gutiérrez, otro de los voceros del colectivo.
El abogado asesor del grupo, Wilson Henao, manifestó que “en una negociación, lo primero que se tiene que tener es ánimo conciliatorio, y por parte de la comunidad y del Comité de Barbosa este siempre ha existido y existirá, pero por parte de la Gobernación no, toda vez que a las mesas de negociación nunca llevaron propuestas concretas”.
El Comité, asegura Henao, tiene propuestas claras escritas en 527 folios que les fueron entregados a la secretaria de Gobierno antioqueño, que son básicamente dos: la primera, que los peajes El Trapiche y Cabildo sean trasladados a un lugar donde los barboseños no los sigan pagando.
Vale decir que Barbosa es el único municipio del Valle de Aburrá que paga dos peajes. Uno es el de Niquía, que cuesta $2.600, pero si los usuarios pagan los de Cabildo o El Trapiche quedan eximidos de cancelarlo. El problema es que estos últimos cuestan $10.700, considerados muy onerosos para una población como la de Barbosa, que es la más rural y de más bajos ingresos y desarrollo de la subregión.
“Acá el desempleo es del 12 %, superior al del país, que es de 10.3 %”, advierte Victoria Eugenia Jiménez.
Y la segunda propuesta del Comité consiste en que se decrete la exención de pago para los vehículos de los habitantes de Barbosa, o en su defecto se decida una tarifa diferencial.
En este tema, tanto la ANI como Hatovial han declarado a EL COLOMBIANO que la única entidad competente, en este momento, para tomar decisiones al respecto es la Gobernación. Aunque el peaje, a partir de 2020, pasa a ser administrado por la ANI.
Insistimos llamando a la secretaria de Gobierno, Victoria Eugenia Ramírez, pero no fue posible la comunicación.