En una cruzada contra la minería ilegal, el Ejército, la Policía y la Armada destruyeron maquinaria minera presuntamente utilizada por grupos armados en la subregión del Bajo Cauca antioqueño.
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El operativo, realizado en el río Cauca, a la altura de los municipios de Cáceres y Caucasia, fueron destruidas “3 dragas tipo caperuzas, 4 dragas tipo buzo, 3 motores industriales y 10 motobombas, con que se extraían más de 1.000 gramos de oro al mes”, según informó el Ejército, estos últimos avaluados aproximadamente en $280 millones.
De acuerdo con el reporte oficial, dicha maquinaria, que conformaba tres unidades mineras, era empleada por grupos armados con injerencia en esa región para obtener rentas criminales y así comprar armas y financiar sus actividades ilegales.
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De igual forma, el Ejército señaló que dichos implementos eran responsables de daños al medio ambiente en un área de por lo menos 4 hectáreas, cuya recuperación en materia de flora y fauna silvestre tardaría entre tres y cuatro décadas.
Durante los últimos meses, la crisis ambiental por la que atraviesa el Bajo Cauca por cuenta de la minería ha vuelto a ser uno de los temas que han despertado debate en la agenda pública local.
En una región con altos índices de pobreza e informalidad, esta actividad continúa siendo una de las principales rentas, tanto para mineros informales como para las organizaciones criminales.
Los datos más recientes apuntan a que cerca del 91% de la producción de minerales metálicos provienen del Bajo Cauca y el Nordeste, al tiempo que se estima que el área afectada por esa actividad ya asciende a las 60.000 hectáreas.
A comienzos de este año, luego de la reanudación de operativos por parte de la Fuerza Pública para destruir maquinaria de yacimientos ilegales, los mineros de la región encabezaron un paro argumentando que dichas acciones perjudicaban a mineros informales que no hacían parte de los grupos ilegales.
