Alejandra María Rojas Penagos recuerda que su papá iba casi a diario en bicicleta o a pie, de San Javier hasta Belén Rincón, para ver cómo transcurría la obra del proyecto La Playita y regresaba ilusionado a contarles cada avance de lo que creían que sería su hogar definitivo, hasta que el Isvimed les cambió las reglas de juego.
La Playita es el proyecto de vivienda donde el Isvimed se había comprometido a reubicar a 58 familias que salieron desarraigadas por los riesgos contra sus vidas que representaba habitar cerca de la quebrada La Picacha, en el sector La Playita, que ya desde 2009 tenía un diagnóstico claro de las inundaciones y deslizamientos que podría generar y donde, de hecho, en 2011 una creciente le quitó la vida a un habitante y arrasó decenas de viviendas.
Hace un mes el Consejo de Estado falló a favor de las familias que desde 2013 luchan por su derecho a una vivienda digna y contra los incumplimientos de las administraciones municipales y el Isvimed.
En la larga batalla jurídica que han librado las familias lograron, a partir de una acción popular y una medida cautelar del Consejo de Estado en 2013, que la justicia le ordenara al Isvimed reasentarlas, obligación que dicha entidad dilató con diversas maniobras, hasta que en 2016 inició el proceso participativo en el que el municipio garantizó la reubicación en el proyecto La Playita, en Belén Rincón.
Sin embargo, a mediados de 2021 la entidad le notificó a las familias que no les asignarían estas viviendas y que en caso de que quisieran vivir allí tenían que pagar una suma inaccesible para ellas: $54 millones, condición totalmente contraria a lo que había ordenado la justicia.
Con la incertidumbre y el desgaste de tantos años sin ver soluciones, la mayoría de las familias accedió a firmar –bajo presiones según documentó la Defensoría del Pueblo– para reasentarse en casa usada o en un proyecto de vivienda en San Javier llamado Tierra Paraíso, el cual el Isvimed les aseguró que estaría listo en febrero de 2022 pero del cual los firmantes no tienen razón alguna de cuánto les entregarán su casa.
Pero hubo un puñado de familias, seis para ser exactos, que con el apoyo de la Clínica Jurídica de la Universidad de Medellín –que en cabeza de su exdirectora, la abogada Erika Castro, se echó al hombro la tarea de acompañarlas y asesorarlas– elevaron una acción de tutela ante el Consejo de Estado contra Isvimed por negarles el acceso al proyecto que se construyó específicamente para las familias afectadas, con participación directa de las mismas.
En consecuencia, el Consejo de Estado falló a favor de dos núcleos familiares y exigió al Tribunal Administrativo de Antioquia que resuelva las situaciones particulares de las demás familias accionantes. Lo importante del asunto es que ordenó al Isvimed que se respete la opción de acceder a vivienda en La Playita sin exigir dinero ni condiciones unilaterales adicionales a lo determinado inicialmente por la justicia.
Puntualmente el alto tribunal ordenó inaplicar el Decreto 1053 de 2020, con el que se amparó Isvimed para cambiar las reglas de juego, “por ser violatorio de sus derechos fundamentales y por impedirles el acceso a una vivienda digna, en las circunstancias en las que les fue ofrecida por la entidad a través de un extenso proceso administrativo”.
El Isvimed ha alegado que las demoras y encarecimiento del proyecto deben trasladarse por normativa a los inicialmente beneficiarios de La Playita, pero el fallo le recuerda que estos factores “no les son imputables” a estas personas.
Alejandra todavía no firma como beneficiaria de La Playita porque aunque Isvimed ya se comunicó con ella dice que la entidad insiste en exigirles condiciones que no se apegan a las originales.
La abogada Castro dice que la importancia de la sentencia es que confirma que el Isvimed incumplió con el principio de confianza legítima, es decir, la entidad, en representación del municipio de Medellín, empeñó su palabra con las familias y realizó un amplio proceso orientado a cumplir la obligación de reubicación en el proyecto La Playita, pero luego les modificó arbitrariamente las condiciones excusándose en normativas locales.
El Tribunal Administrativo de Antioquia está pendiente de resolver si la administración municipal incurrió en otro desacato. De ser así, y con el reciente fallo del Consejo de Estado, las familias que firmaron bajo presión para aceptar el proyecto en San Javier podrían iniciar un proceso jurídico que les permita nuevamente acceder al proyecto que ayudaron a idear y del cual fueron excluidos.
EL COLOMBIANO consultó a Isvimed para conocer su posición sobre el fallo, cuándo les resolverá a las familias beneficiadas por el mismo, cuántas de las 58 familias están ubicadas ya en casa usada y cuándo podrán por fin las demás familias ocupar su casa en Tierra Paraíso. La respuesta de la entidad al requerimiento periodístico fue que desde la oficina de prensa de la Alcaldía exigieron enviar las preguntas por PQRS.
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