Lo que sigue tras la respuesta de EPM a la oferta por Hidroituango

No vio posible la forma de pago propuesta por la Gobernación. Se activaría el tribunal de arbitramento.

Con corte a junio 30 de 2021, el valor invertido en la construcción del proyecto asciende a $13,1 billones. FOTO julio césar herrera

La esperada respuesta de la junta directiva de EPM a la propuesta lanzada por la Gobernación y el Idea, para que comprara su participación en la Sociedad dueña de la futura central, aclaró, en parte, el curso legal que tendrá el proyecto Hidroituango.

La administración seccional y el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (Idea), propietarios del 52,88 % de la Sociedad, tantearon el terreno el 8 de julio cuando pusieron sobre la mesa la posibilidad de que EPM (posee el 46,3 %) adquiriera el paquete accionario a cambio de una participación en la empresa de servicios públicos.

Después de que los implicados en el negocio ampliaran sus intenciones en cuanto evento público se realizó, al fin llegó la respuesta oficial. La junta directiva de EPM concluyó que para la empresa es importante continuar con las mesas de trabajo encargadas del tema, porque consideró “de gran interés la posibilidad de poder comprar dicha participación”, sin embargo, no vio posible la forma de pago presentada por la Gobernación.

Planteó que se estudie dentro de las mesas de negociación el pago a través de recursos ordinarios.

El gobernador (e) Luis Fernando Suárez había anticipado en EL COLOMBIANO el domingo que la única vía para adelantar la negociación era con una participación en EPM. “La virtud de la propuesta nuestra es que el pago sea con participación en EPM. No le vamos a vender a privados y si EPM dice que paga con plata, tampoco hay negocio”, afirmó.

Otra de las razones a favor de la oferta planteada por la Gobernación era que su participación dentro de EPM posibilitaría la generación de equidad territorial. El gerente del Idea, Julián Vásquez, sostuvo que 18 municipios del Oriente y 10 del Norte juegan un papel clave en la generación de energía y la provisión de agua que se consume en el Aburrá. A pesar de eso, “los alcaldes esperan mucho más de EPM, creemos que estando en la junta podemos diseñar esa política y apuestas territoriales que garanticen mejores escenarios para las subregiones”.

Frente a la vinculación con el desarrollo del departamento, EPM respondió que entre 2021 y 2024 tiene previstas inversiones por $10,4 billones para desarrollar 132 proyectos de infraestructura. Mencionó que estos dineros se suman a las transferencias del sector eléctrico que gira periódicamente a 52 municipios antioqueños y corporaciones autónomas regionales. Entre 2016 y 2020, estos recibieron $364.000 millones, sostuvo.

Pleito a la vista

El negocio, según justificó Suárez en su momento, evitaría un conflicto judicial que puede prolongar un enfrentamiento entre la Sociedad y EPM. En este frente hay una aclaración y un antecedente por mencionar. Empecemos por la primera.

El 30 de marzo de 2011 se firmó entre EPM y la Sociedad el conocido contrato Boomt, con el que la primera quedó obligada a la construcción, operación, mantenimiento y operación del proyecto. En este se definieron 10 hitos constructivos que representan fechas clave en la ejecución de la hidroeléctrica y que deben ser cumplidos, so pena de una reclamación económica.

Los seis primeros se cumplieron entre 2013 y 2016. Los tres que generarían incumplimiento son el hito siete: cierre de compuertas de desviación y el inicio del llenado del embalse a más tardar el 1 de marzo de 2018; el ocho: entrada en operación de la unidad cuatro, lo cual debía ocurrir el 27 de septiembre de 2018; y el nueve: Entrada en operación de la unidad uno, a más tardar, el 24 de junio de 2019. El décimo aún está dentro del plazo: Entrada en operación comercial de la unidad ocho, lo cual deberá ocurrir a más tardar el 24 de junio de 2022. En ese mes está previsto el encendido de la primera unidad.

Ahora bien, la junta directiva de la Sociedad aceptó el 6 de octubre pasado buscar un arreglo directo con EPM para dirimir los conflictos.

Una semana antes, el Consejo de Estado había negado en segunda instancia un mandamiento de pago contra EPM, exigido por la Sociedad por $117.828 millones, tras los incumplimientos contractuales en la megaobra. La reclamación era por el hito siete.

El gerente Vásquez le anticipó a este diario que de no concretarse una negociación con EPM, se activaría un tribunal de arbitramento, mecanismo de resolución judicial pactado en el contrato Boomt, para reclamarle por los incumplimientos de los tres hitos mencionados.

El gobernador Suárez también lanzó el ultimátum: “Que quede claro: nosotros no estamos encartados con Hidroituango. Seguimos confiando en que el otro año generará energía y que las aseguradoras pagarán la contingencia. Si no hay negocio, seguiremos el proceso de la demanda ante el tribunal de arbitramento a partir del 5 de agosto”.

Frente a la posibilidad de que se activara el arbitramento, Jorge Andrés Carrillo, gerente de EPM, nos dijo el domingo pasado: “Las vías que se definieron en el contrato Boomt plantean que las diferencias entre las partes se resuelven en unos tribunales que nos hacen enfrentar, que tienen unos costos, y que lastimosamente la legislación colombiana y los entes de control hacen muy riesgoso que uno se dé la mano y arregle por las buenas este tipo de pleitos, porque normalmente en un arreglo se cree que alguien gana y alguien pierde”.

Mayores valores de la obra

La junta directiva también aprobó la actualización del plan de inversiones del proyecto, con un incremento del 13 % ($2,1 billones), quedando en un valor de $18,3 billones.

Entre los factores que generaron la variación del costo se encuentran: consolidación, conglomeración del macizo rocoso, concretos, recuperación de pozos y conducciones de las unidades 5 a 8; trabajos subacuáticos en limpieza y retiro de rejas de captación, fabricación e instalación de tapones mecánicos; habilitación de la descarga intermedia; limpieza del lecho del Cauca en la zona de las descargas; e incremento de la TRM en costos de transporte de los equipos debido a las restricciones de movilidad por la covid-19.

Otros hechos que marcaron el incremento fueron los cambios en actividades de gestión social en temas como mantenimiento de la licencia ambiental y monitoreos asociados a esta, acuerdos con la comunidad indígena Nutabe y la continuación del plan de contingencia, actividades de la ejecución forzosa del proyecto en materia de saneamiento básico, adquisición de predios y educación ambiental.

A junio 30 de 2021, el valor invertido del proyecto asciende a $13,1 billones. EPM informó que se siguen adelantado las gestiones para obtener el pago de indemnización por parte de las compañías aseguradoras, con el cual se espera cubrir una parte importante de los costos de la recuperación de obras afectadas del proyecto. A la fecha, se han recibido USD $250 millones por la cobertura de la póliza Todo Riesgo Construcción

13 %

se incrementó el valor de construcción del proyecto, al llegar a $18,3 billones: EPM.