El reto en Colombia para los jóvenes no es iniciar su educación en una institución superior. En la actualidad, es más complejo que pueda seguir estudiando hasta terminar.
Al menos así lo indican los resultados de la investigación “Juventudes colombianas: Preocupaciones, intereses y creencias”, realizada por la Fundación SM, a través del Observatorio de la Juventud en Iberoamérica, y el Observatorio Javeriano de Juventud de la Universidad Javeriana.
En su tercer capítulo, “Trayectorias juveniles: perspectivas entorno a la moratoria social y las expectativas laborales de los y las jóvenes”, la investigación ahondó en qué motiva a los jóvenes colombianos, entre los 15 y los 29 años, a dejar estudiar. Y las cifras son contundentes.
El principal motivo, con el 49,3 % de los encuestados, por el que un joven deja de estudiar en el país es por dificultades económicas, seguido por un 19,9 % que necesita trabajar. Solo el 13,8 % dijo alcanzar la máxima educación posible.
Aunque la encuesta se realizó en 2019, la investigación solo se conoció esta semana. Se encuestaron 1.620 jóvenes en Caribe, Antioquia, Centro, Oriente y Llanos, Eje Cafetero y Occidente. La encuesta tuvo un 95 % de confianza y un 2,42 % de error muestral. Cuando se realizó, aún el país no enfrentaba los efectos de la pandemia, por lo que, incluso, los datos están pendientes de actualizarse en este aspecto.
¿Qué dice la investigación?
Del total de los encuestados, 48 % se dedica a estudiar, 37 % a trabajar, 11 % están desempleados, 3 % se encargan del cuidado del hogar –todas mujeres– y 1 % a otras ocupaciones.
“El acceso a la educación es un privilegio, pero la permanencia lo es aún más”, dice Martha Gutiérrez –directora del Observatorio Juventud Javeriano–, para explicar que esto se debe a que “los costos son muy altos”, sumado a los “rezagos educativos” entre zonas rurales o municipios pequeños y grandes ciudades, evidenciándose “barreras enormes para el ingreso”.
En ese sentido, las cifras respaldan a Gutiérrez cuando agrega que el nivel socioeconómico impacta en las oportunidades. Según la investigación, en los niveles medio-alto y alto 60 % de los jóvenes estudian, frente al 41 % en el nivel bajo. Y si se observa la diferencia entre ciudades y zonas rurales, la proporción es de 52,5 % frente a 41 %, respectivamente. Y mientras que el 48,8 % los jóvenes que no son víctimas del conflicto estudian, el 41 % de los que sí lo son está en formación.
Por una política pública
“El Estado debe avanzar en políticas integrales para la atención de estos desafíos”, es una de las conclusiones de la investigación. No obstante, para expertos consultados, esa es más una tarea pendiente que un trabajo en el que se avance.
En un cuestionario respondido a EL COLOMBIANO, el Ministerio de Educación indicó que con estrategias como el programa Generación E se conseguirá que, para 2022, “cerca de 336 mil estudiantes accedan, permanezcan y se gradúen” de universidades, evitando que “factores económicos constituyan una barrera para el acceso a la educación o limiten la permanencia”.
Y agregó que “hemos adelantado acciones orientadas al fortalecimiento de la capacidad institucional, estrategias de financiación de la oferta y la demanda y el diseño de herramientas para fortalecer el acompañamiento en orientación socio ocupacional”. En ese sentido, 661 mil estudiantes se han beneficiado “con auxilios para el pago del valor de la matrícula”.
Sin embargo, para Carlos Mario Lopera, director del Observatorio de la Universidad Colombiana, “en educación superior, solo hay mecanismos individuales por parte de cada institución superior para evitar la deserción, pero una política pública como tal al respecto no hay”.
Para Lopera, es importante que exista un intercambio de información que permita conocer la situación de los estudiantes para diseñar “programas de acompañamiento. La deserción se da por temas financieros, pero cuando hay un acompañamiento, el joven busca la forma”, concluye.
Por su parte, Pablo Fernández, director de la Fundación SM Colombia, considera que “el acceso a la educación es un asunto ético y hay responsabilidad de todos como sociedad”. Aun así, indica que, desde el Estado brinde herramientas para incentivar y garantizar la permanencia, con inversión que permita salir del círculo de la pobreza”. Y acota que “si se invierte en educación, también se invierte en la economía del país”.
Así las cosas, queda sobre la mesa la discusión de que, aunque hay estrategias para evitarla, aún falta trabajo –desde toda la sociedad– para que la economía no se interponga en la educación
