Locales donde han funcionado colegios, pistas de aterrizaje y hasta bases militares hacen parte del listado de bienes que la Gobernación de Antioquia tiene en la mira para salir de ellos dentro de un proceso en el que ya dio los primeros pasos.
En total, los inmuebles incluidos en ese conjunto susceptible de enajenar son 62 y en papeles tienen un valor de 135.573 millones de pesos, aunque su valor real superaría por mucho esa suma.
Tal vez lo más valioso es la Escuela contra la Drogadicción que el exgobernador Luis Pérez inauguró cinco días antes de culminar su mandato, en diciembre de 2019, en la cual, según se dijo, la inversión rondó los 25.000 millones de pesos. No obstante, hoy día su valor sería mucho más alto por tratarse de 20.000 metros cuadrados en Llanogrande (Rionegro), una de las zonas de mayor valorización del país.
Hasta ahora, existía una norma –la Ordenanza 03 de 2006- obligando que del producto de la venta de bienes del Departamento se girara un 15% exclusivamente para el Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, administrado desde Bogotá), y que el 85% fuera a una fiducia de donde se cubre el pasivo pensional acumulado en épocas pasadas por el Departamento, cuando no existían los fondos de pensiones que hemos conocido hasta ahora.
Sin embargo, la Asamblea aprobó la ordenanza 15, de junio de 2024, la cual permite que el 85% de las ventas de bienes regionales vaya a proyectos de inversión, lo que en plata blanca significa que entren a engrosar los recursos que tiene el gobernador para hacer realidad su plan de desarrollo. Ese sería el primer paso para la enajenación de bienes, que sin embargo puede hacerse o no, dependiendo de las consideraciones posteriores de la Gobernación, según explicó la secretaria de Suministros y Servicios, Ofelia Elcy Velásquez.
El argumento que convenció a la mayoría de los diputados es que las medidas que tomó la Gobernación desde que entró en vigencia la Ley 549 de 1999 permitieron acumular un monto que cubre el pasivo pensional hasta finales del año 2029, término que pone la norma. Así, habría incluso un superávit y por eso la plata nueva que entre se podría usar ya para asuntos prioritarios en pro del bienestar de la población.
Las cuentas indican que los aportes al Fonpet han sido de $4,8 billones hasta el año 2022, mientras que el pasivo era de 4,27 billones, y que, además, ese dinero tuvo un rendimiento que hizo crecer el valor total en un 22% hasta alcanzar $5,87 billones.
De hecho, el documento menciona que el Ministerio de Hacienda le comunicó al Departamento en noviembre pasado que los excedentes superaban el 110% y en consecuencia le trasladó $110.275 millones para educación.
Críticas a la iniciativa
No obstante, el diputado Luis Peláez (Movimiento Dignidad y Compromiso), uno de los que votó en contra del proyecto, adujo que no es cierto que haya superávit en el bolsillo destinado a las pensiones de los servidores públicos de la región.
Pues si estuvieran cubiertas las obligaciones a nivel de la administración central, no sería así con las de entidades descentralizadas que dependen de la Gobernación, como los hospitales, la Universidad de Antioquia o la Fábrica de Licores de Antioquia.
Con eso, adelantó que así como votó en contra el otorgamiento de facultades para la destinación de los recursos también lo haría a futuro cuando se ponga a consideración la enajenación concreta de los bienes.
Peláez criticó también que no se haya presentado un estudio sobre posibles usos y el avalúo comercial actualizado, pues la valoración en papeles es muy diferente a la que dicta el mercado inmobiliario.
“Incluso, hay ciertos terrenos que pueden tener un mejor aprovechamiento; cuando se entregó por ejemplo el predio de la Escuela contra la Drogadicción se dijo que si no se desarrollaba esto allí podría ser para agricultura u otro tipo de proyecto que sea misional de la Gobernación”, añadió.
Por su parte, el exalcalde de Frontino, Jorge Hugo Elejalde (2020-2023), criticó que se esté considerando la venta del terreno que está reservado para una posible sede del batallón Pedro Justo Berrío, un lote contiguo a la pista aérea de esa localidad y un edificio en el casco urbano donde habitan cerca de 30 familias desplazadas por la violencia.
Acá algunos de los bienes
En el inventario de bienes susceptibles de negociación, además de los de Frontino y la Escuela contra la Drogadicción, figuran dos canteras en Yalí y Yolombó; un lote que hace parte de la pista de aterrizaje en la base militar de Perales, en Puerto Triunfo; la base militar de Urrao; el predio del antiguo ingenio Vegachí y el Instituto Agrícola de Sonsón.
Hay un pedazo de la fábrica de briquetas de carbón, en Amagá; varios lotes más, entre ellos uno en el barrio La Chinita de Apartadó; el terreno donde está la inspección de policía de Cáceres y una fracción de la Hacienda Fundadores ubicada entre Arboletes y San Juan de Urabá.
Igualmente, está una parte del hotel Playas que se creó en un antiguo local de las Rentas departamentales, en Caucasia, y el 0,52% de la Hacienda Corozal, en ese mismo municipio. También está un lote donde alguna vez se iba a construir una casa campesina en Guatapé.
En el Valle de Aburrá figuran la recuperadora Fontidueño (Bello); la Escuela de Trabajo San José; un lote frente a la cárcel Bellavista; dos casas en los barrios Loreto y Belén, de Medellín; el antiguo local donde nació el Idem del barrio Santander (comuna 6-Robledo) y hasta el predio donde está el tanque de agua de Aranjuez.
Todos estos conforman un buen porcentaje de los que posee el Departamento, pues en el inventario hay en total 153 bienes fiscales si se cuentan colegios y hospitales, la cárcel de Yarumito (Itagüí), la antigua imprenta y hasta las instalaciones de La Alpujarra.
Camino largo que apenas inicia
La secretaria Velásquez aclaró que la ordenanza 15 solo contiene el visto bueno para saber en qué invertir los recursos, si en el futuro se llega a dar la venta señalada –no obstante que el texto los relaciona–, y que, de cualquier manera, hay un largo camino para que eso se materialice. Incluso, puede sobrepasar el periodo del gobernador Andrés Julián Rendón.
El siguiente peldaño implica un proceso interno en la Dirección de Bienes y Seguros donde se arma la documentación de cada bien, anexando los certificados de uso urbanístico expedidos por cada municipio, y se analizan caso a caso los pros y contras de la enajenación, dependiendo de lo que representa para el cumplimiento de la misionalidad del Departamento.
Después vendría el saneamiento técnico, legal y financiero; la elaboración del avalúo comercial por parte de una entidad o empresa idónea; que la Contadora General del Departamento entregue un informe de viabilidad financiera y posteriormente, la autorización del Comité de Bienes.
Luego de ello, el asunto tiene indefectiblemente que pasar de nuevo por el visto bueno de los diputados.
Posteriormente, el listado depurado sale a una subasta a través del Banco Popular o la Central de Inversiones SA (Cisa), pues según las normas legales, ningún bien público se puede vender de manera directa.
No en todos los casos el destino final sería una venta, pues la pretensión no siempre es allegar recursos sino “sanear la casa”, como cuando el costo y el esfuerzo para administrar ciertos bienes es mayor de lo que estos valen. Es el caso de participaciones de hasta menos del 1% en empresas y locales que se obtuvieron en proceso legales donde los propietarios no han pagado alguna responsabilidad con el Departamento, como el impuesto vehicular.
No todo es plata
Además, en su momento se tendría en cuenta si un alcalde pide que no se venda algún predio que quede en su jurisdicción, sino que se lo cedan a algún programa de vivienda o una obra de interés comunitario.
Velásquez apuntó que por ejemplo el Instituto Agrícola de Sonsón está conformado por varios predios con matrículas independientes, donde además queda la Normal Superior, y no significa que les vayan a hacer lanzamiento, sino que tratándose de un lote muy grande, desenglobarían lo que no usan y venderían la parte que esté ociosa.
En casos donde funcionen programas o dependencias de la Gobernación –como en la Escuela Contra la drogadicción– no quiere decir que estas vayan a desaparecer sino que se podrían trasladar. El lío sería para situaciones como la del antiguo colegio Santander, el cual se ha usado por las organizaciones comunitarias de ese sector para actividades culturales y sociales, porque estas entidades no podrían hacer la petición directamente, sino que tendrían que solicitar al Distrito que compre el bien, en comodato o a través de otra figura.
Igualmente, la Secretaría de Suministros respondió a la inquietud del diputado Peláez explicando que las entidades descentralizadas del departamento tienen sus propios activos y es con ellos que deben responder por las obligaciones que tengan pendientes por prestaciones sociales y pensionales.
El momento de la verdad llegará cuando los casos concretos de bienes a enajenar entren en discusión, porque incluso sectores proclives a la actual administración departamental podrían presentar cuestionamientos.
“Ya se ha demostrado en casos como el de Une que el tema de proteger lo público también tiene que ver cuando el bien no está produciendo lo que debe o cuando hay problemas jurídicos y se estén pagando abogados”, dijo por lo pronto el diputado Felipe Vélez (Partido Creemos) quien sin embargo adelantó que en su momento será de los que exijan estudios muy rigurosos sobre el valor de los bienes.
Con respecto a las críticas del exalcalde de Frontino, indicó que si bien en ese municipio hubo un predio del Departamento que estuvo en poder del Ejército para una posible sede del batallón Pedro Justo Berrío, este fue devuelto al construir una base militar en un predio más arriba “mejor ubicado estratégicamente” y añadió que el edificio que menciona Elejalde, donde habría cerca de 30 familias desplazadas por la violencia, no es de la Gobernación sino del Municipio.
