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Antioquia | PUBLICADO EL 26 enero 2022

Quintero destapa sus cartas contra la revocatoria a cuentagotas

En dos días el alcalde ha filtrado audios que tienen contra las cuerdas al comité revocador. Parece ser la estrategia para deslegitimar la iniciativa.

  • Julio González - Daniel Quintero - Andrés Rodríguez
    Julio González - Daniel Quintero - Andrés Rodríguez
  • Julio González - Daniel Quintero - Andrés Rodríguez
    Julio González - Daniel Quintero - Andrés Rodríguez

Tras desplegar un vasto arsenal jurídico, ahora el alcalde Daniel Quintero consolida sus acciones en un segundo frente de batalla. A cuentagotas, cual campaña de expectativa, ha filtrado audios que tienen arrinconado al comité revocador. El más reciente lo publicó ayer y compromete a Andrés Rodríguez, principal rostro de esta iniciativa. Dilatar el proceso y sembrar dudas sobre su financiación serían los objetivos del mandatario.

Muy temprano, a las 7:30 de la mañana, el alcalde allanó el terreno en Twitter. Primero anunció que publicaría otro audio que llegó a sus manos, el cual demostraría irregularidades en las cuentas del comité revocador, y media hora después filtró la grabación. En esta se escucha cómo Rodríguez invita a un supuesto grupo de empresarios a incentivar la recolección de firmas entre sus empleados.

“En estos días me enteré que un empresario le entregó a sus empleados de dos a cinco planillas, y les dijo: ‘Si ustedes me traen la planilla llena, yo les doy un día de compensatorio’. ¿Eso qué les cuesta a ustedes? Díganme la verdad. Hagan eso en sus empresas; llévense las planillas”, se escucha en la grabación.

La publicación vino acompañada por una leyenda del mandatario, en la que afirmó que el vocero del Pacto por Medellín habría violado el artículo 380 de la Ley 1864 del 17 de agosto de 2017, al incurrir supuestamente en el delito de corrupción al sufragante. Pero Rodríguez, también por Twitter, respondió a la filtración.

Aseveró que el comité ha sido víctima de persecución, hostigamiento y espionaje por parte del alcalde, y agregó que la grabación no probaba irregularidad alguna. “El audio no dice absolutamente nada. Lo único que revela es que —Quintero— está desesperado, pescando en río revuelto, buscando deslegitimar la causa”.

Nuevo frente de batalla

Diezmar la credibilidad del comité revocador parece ser la nueva estrategia del alcalde para evitar que lo saquen de la Alpujarra. Este lunes, también en la mañana y a través de redes sociales, este publicó un audio en el que Julio González, concejal del Centro Democrático e impulsor de la revocatoria, buscaba financiación entre empresarios.

En la grabación, movida por el alcalde y compartida por varios integrantes de su gabinete, se escucha al concejal diciendo que faltaban $110 millones para la recolección de firmas. A paso seguido menciona que mediante una corporación sin ánimo de lucro, llamada Corporados Primero Antioquia —por la que pidió explicaciones el Consejo Nacional Electoral (CNE)—, estos podrían compartir sus donaciones.

González, en conversación con este diario, desmintió que el comité hubiera triangulado donaciones o faltado a la norma en su financiación, argumentos que esgrimió Quintero cuando hizo la publicación. “Hablamos de que necesitábamos unos recursos para sacar adelante el proceso, porque había que pagarles a unas personas que salían a recoger firmas, pero solo a unos (...)”.

Tras esa petición se recogieron $22 millones, según González. Y sobre la recolección de las donaciones, a través de una cuenta alterna a la creada en principio por el comité, este sostuvo que solo era una opción para recibir el apoyo de los empresarios.

En medio de las arremetidas y posteriores explicaciones, un hecho salta a la vista en esta contienda: el comité de la revocatoria está infiltrado —y, según varias fuentes, fracturado—, mientras que Quintero parece llevar la delantera, de la mano del arsenal jurídico que ha desplegado.

Recordemos que fue una carta filtrada por el alcalde, en la que Jorge Alejandro Posada cuestionaba a sus pares del comité revocador por un posible incumplimiento de los topes de financiación, la que comenzó a enredar la revocatoria. De hecho la misiva brilló en días pasados, cuando el magistrado César Augusto Abreo suspendió la certificación de cuentas de los revocadores y levantó ampolla en el CNE.

Defensa jurídica

Aunque ayer un juzgado negó la acción de tutela interpuesta por Susana Gómez, candidata a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico por Antioquia, debido a la supuesta suplantación de la firma de su sobrina en este proceso, otro fallo conocido el domingo fue celebrado como una victoria en la oficina de Quintero.

Una juez del Juzgado Noveno de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá admitió el pedido de la defensa del alcalde, la cual ha perseguido, desde la aprobación de los apoyos por parte de la Registraduría, acceder a las rúbricas originales.

El fallo no estuvo exento de polémicas. Primero se compartió en redes sociales, con un error en el radicado, que implicó una posterior rectificación del juzgado capitalino. Los cuestionamientos sobre su veracidad y transparencia tampoco se hicieron esperar. El comité revocador radicó ayer la impugnación del fallo.

Lo cierto es que la tutela fue interpuesta por el movimiento Independientes —con el que llegó Quintero a la Alcaldía—, en cabeza de Salome Restrepo Muñoz, quien ha contratado con el ITM y Fonvalmed por un monto que llega a los $37 millones durante esta administración.

Pese a las suspicacias en algunas de estas movidas, el comité parece estar contra las cuerdas. Mientras se llega el 2 de febrero, fecha en que el CNE tratará de esclarecer la financiación del proceso, la defensa de Quintero revisará las rúbricas y, a cuenta gotas, revelará las armas con las que cuenta.

Contexto de la Noticia

Paréntesis Una carta genera desconfianza

La carta de la discordia entre el comité revocador fue fechada por Jorge Alejandro Posada el 24 de febrero de 2020. En esta, Posada cuestionó una reunión protagonizada por Andrés Rodríguez, vocero oficial del Pacto por Medellín, quien habría proyectado un gasto de $1.500 millones para la campaña y recolección de firmas, cuando el tope autorizado por el CNE es de $236 millones. La cuestión es que, según fuentes consultadas por este diario, hay desconfianza profunda al interior del comité. Posada, protagonista en la carta que tiene enredado este proceso, es mirado por algunos con recelo.

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