La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación con la que busca esclarecer las presuntas irregularidades que habrían ocurrido al interior del Fondo de Vivienda de Interés Social de Sabaneta (Fovis), en la que un contrato de cientos de millones de pesos quedó en manos de la empresa de un abogado de esa misma entidad.
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Según señaló el Ministerio Público, aunque las pesquisas todavía no se centran en ningún funcionario en específico, sí pretenden esclarecer si en los contratos que han sido cuestionados se habría configurado un conflicto de intereses.
“La Provincial de Valle de Aburrá adelanta la investigación para determinar los autores de las conductas denunciadas y si estos permitieron llevar a cabo el negocio jurídico, el objeto de este y sus debidas características”, señaló el órgano de control en un comunicado.
El escándalo en esa entidad de la Alcaldía de Sabaneta salió a flote en septiembre de este año, luego de que se hiciera público un informe de la Personería de ese municipio en el que se alertaba de indicios de que un contratista que había participado en la etapa precontractual de un proceso de contratación se había quedado con el mismo, en un presunto caso de un contrato de “yo con yo”.
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El contrato en cuestión se trata del 086 del 28 de noviembre de 2023, por un valor de $204 millones y que tenía como objeto contratar servicios profesionales para la creación de un plan de acción asociado al programa de titulación y legalización de predios de Sabaneta, en el marco del programa “Si legalizas, valorizas”.
A juicio de la Personería, una de las principales señales de alerta era que la empresa a la que fue otorgado el contrato, identificada como Proyección Legal –Abogados Consultores S.A.S., habría sido constituida apenas cinco días antes de la firma del mismo.
Dicha firma, además, aparece representada legalmente por un abogado identificado como Sebastián Hoyos Tavera, quien además de ser contratista del Fovis de Sabaneta desde 2020, en esa calidad certificó que su propia empresa cumplía con los requisitos para participar del contrato.
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“El señor Hoyos Tavera tenía acceso a información privilegiada de la entidad con la que venía prestando sus servicios. Así mismo participó en la etapa precontractual para la elección de la oferta con la que se celebraría el contrato 086 toda vez que proyectó el documento en el que se analizó la idoneidad del contratista y se certificó que ‘cumplía’ con el perfil requerido”, se lee en el informe de la Personería.
El órgano disciplinario local también registró en su informe haber encontrado señales de alarma durante la ejecución del contrato, precisando no encontrar suficientes soportes para establecer si actividades realizadas en el marco del mismo sí habían sido ejecutadas por el contratista o por el Fovis, así como otras movidas que untaban a otros funcionarios.
En este segundo caso, el ente señaló haber encontrado en sus pesquisas un extracto bancario de una cuenta de ahorros del banco Davivienda, adscrita a Proyección Legal y fechado el 19 de enero de 2024, en que aparecía una transferencia de $1,8 millones presuntamente en favor de otra funcionaria identificada como Carolina Neira Salazar, en ese entonces integrante del equipo jurídico del Fovis implicado en ese contrato.
Con base en esos y otros indicios, la Procuraduría señaló haber ordenado una práctica de pruebas para revisar si en el desarrollo de esos contratos funcionarios públicos habrían incurrido en faltas y si hay suficiente acervo probatorio para abrir un proceso disciplinario contra ellos.
