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municipios, de 19, no registran asesinatos este año en la región de Occidente.
El Occidente antioqueño, una de las subregiones con mayor desarrollo turístico del departamento, arrastra en 2021 la cruz de los homicidios, debido a un incremento en este índice negativo. ¿Por qué ocurre esto, en un sector en el que no hay guerrillas ni conflicto armado?
De acuerdo con información consolidada por la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad de Antioquia, entre el 1 de enero y el 14 de junio se registraron 54 homicidios en la jurisdicción. En el mismo periodo de 2020 fueron 41, lo que implica un incremento del 31,7 % (13 casos más).
Los municipios con el saldo en rojo son Armenia Mantequilla, Buriticá, Dabeiba, Giraldo, Olaya, Peque, Santa Fe de Antioquia, Sopetrán y San Jerónimo (ver la infografía).
Fuentes de Inteligencia de la Policía y la Fiscalía, consultadas por EL COLOMBIANO, coinciden en que en esta zona no hay un conflicto abierto entre organizaciones criminales, como ocurre en el Suroeste, el Norte, Nordeste y Bajo Cauca. “Allá no hay confrontación, el Clan del Golfo es el que tiene el control absoluto de las rentas criminales que ofrece la región”, precisó uno de los analistas.
Esas rentas ilícitas incluyen extorsiones, tráfico local de estupefacientes, lavado de activos y minería ilegal.
La subestructura del Clan en el área es denominada –por ellos mismos – como el frente Occidente o Edwin Román, el cual pertenece a su vez al bloque Central Urabá de este cartel narcotraficante. Según el dosier de la Policía, el cabecilla del frente es un exguerrillero de las Farc, llamado Wilmar Mejía, alias “Richard” o “Deiby”, quien está al mando de 400 integrantes aproximadamente.
Dicho grupo tiene presencia en los 19 municipios del Occidente, y desde allí despliega operaciones delincuenciales hacia la subregión del Norte, donde sí tiene violentas disputas contra las disidencias de las Farc, especialmente en Ituango.
Los móviles
“Básicamente, los homicidios se están materializando en contra de particulares que, sin permiso de la organización, se dedican a la venta de estupefacientes, lo que ellos llaman en su argot criminal ‘piratas’”, detalló uno de los investigadores, que al igual que los demás solicitó la reserva de identidad.
El Clan ejerce un sangriento control de sus plazas de vicio, sometiendo a los traficantes locales o a los que llegan del Valle de Aburrá buscando asentarse en la zona. “Ellos a veces pelean con vendedores de droga de Medellín y Bello, que llegan para venderles sobre todo a los turistas. Pero también hemos notado que entre ellos mismos (dentro del Clan), cuando alguno se pone de vivo a vender vicio por su cuenta propia, sin autorización de los jefes, lo matan”, aseveró otro de los agentes.
Esta es la segunda razón más común, de acuerdo con los análisis de las autoridades: los ajustes de cuentas internos en la estructura. “Ellos le llaman a esto ‘ajusticiar’, es decir, asesinar a un socio o trabajador, porque se apropian de dineros del grupo o por otro motivo”, prosiguió la fuente, refiriéndose también a las sospechas de delaciones.
Y el tercer motivo para estos homicidios tiene que ver con una problemática histórica de intolerancia social, derivada de riñas callejeras, problemas entre vecinos y violencia intrafamiliar.
En Santa Fe de Antioquia se han documentado ocho asesinatos este año, seis más que en 2020. Del total, siete fueron perpetrados en su área rural.
“Nuestro municipio tiene una ubicación estratégica, por eso aquí se desarrollan proyectos de infraestructura tan importantes como las autopistas Mar 1 y 2, las conexiones con los puertos de Urabá y las vías del Suroeste, y el corredor entre el Valle de Aburrá y la costa Atlántica. Esta situación atrae a grupos delincuenciales”, indicó el alcalde Felipe Pardo.
Enfatizó que la tensión se padece principalmente en los corredores rurales, donde se han presentado casos de hostigamiento a la Fuerza Pública, como el del pasado 26 de mayo en el sector El Ventiadero, en la vía que comunica a Santa Fe de Antioquia con Cañasgordas. Allí fue atacada a tiros una patrulla de la Policía de Carreteras, hecho en el que falleció el patrullero Diego Aguirre y quedó herido el intendente James Hortúa.
Y el 2 de junio en el sector Cativo, de la misma vía, de nuevo una caravana de vehículos de la Policía de Carreteras fue atacada con explosivos y ráfagas de fusil. Resultaron heridos los patrulleros Gustavo Vasco y Deiber Flórez. La hipótesis de ambos casos sugiere que fueron emboscadas del Clan.
Otra situación que preocupa a Pardo está ocurriendo en la frontera con Caicedo y Abriaquí, en los corregimientos Las Azules, El Pescado y Guasabra, y en la vereda Laureles, donde personas que se identifican como miembros del Eln o de las disidencias de las Farc están citando a reuniones a la población.
“Al parecer estos grupos están haciendo una especie de trabajo político con los campesinos. Nosotros sufrimos históricamente con las acciones del frente 34 de las Farc”, afirmó el mandatario. Aunque la presencia armada de estas facciones no se concretado, no se descarta que estén tratando de copar el vacío que dejó esa guerrilla.
Situaciones conexas
Los fenómenos de inseguridad en el Occidente no solo se relacionan con los asesinatos, también pasan por esos hostigamientos a la Fuerza Pública, las extorsiones y los robos en carreteras. De hecho, en Anzá, Caicedo, Uramita y Abriaquí no se han presentado muertes violentas, pero hay asuntos que igual generan angustia.
El alcalde de Anzá, Andrés Holguín, relató que el Clan del Golfo tiene al pueblo afectado con “los flagelos de la extorsión y el microtráfico de drogas. Es un problema que compartimos con toda la subregión”.
El pasado 10 de marzo, en el sector La Cejita, un grupo armado atacó a un puñado de uniformados. Resultó herido en la pierna el comandante de Policía de Anzá. “No hemos tenido muertos, por suerte”, dijo Holguín.
El alcalde de Caicedo, Miguel Martínez, contó que el Clan tiene extorsionados a los comerciantes y agricultores, más que todo en las veredas que limitan con Santa Fe de Antioquia, como La Milagrosa, Moraditas y Altavista.
A esto se suma el accionar de la delincuencia común venida del Valle de Aburrá, que ejecuta asaltos masivos en las carreteras. El caso más grave pasó el 20 de marzo, cuando tres hombres armados atracaron a los cuatro ocupantes de una ambulancia, incluyendo al paciente, en la vía a Santa Fe.
“Es una vía secundaria y los asaltantes están atacando en puntos en los que no hay señal de celular, lo que les facilita la huida”, narró Martínez.
Ante este panorama, los alcaldes consultados coinciden en hacer un llamado a las autoridades regionales y nacionales, para incrementar el pie de fuerza y los recursos tecnológicos. En Caicedo, por ejemplo, no hay ni una sola cámara de vigilancia.
“Hacemos consejos de seguridad, pero todavía no llega el pie de fuerza. Hay zonas en las que apenas tengo dos policías para cuidar 10 barrios y 10 sectores”, aseveró Pardo.
Sobre el plan de respuesta a la problemática del Occidente, consultamos a la Gobernación y a la Policía, pero sus respuestas no llegaron al cierre de esta edición.
En Santa Fe de Antioquia la esperanza está en la construcción de un Comando de Distrito de la Policía en el casco urbano, que traería más uniformados. A la fecha la obra tiene un 35 % de avance, y se espera que esté lista para el primer trimestre de 2022.
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