Una nueva polémica se desató por una decisión de la Gobernación de Antioquia que podría tener repercusiones en materia de salud pública. Finalmente la administración de Andrés Julián Rendón destapó las cartas respecto a la Escuela Contra la Drogadicción y, tras los rumores sobre el futuro de la entidad que empezaron a surgir el año pasado, finalmente la Gobernación reconoció que la liquidará. Con esta decisión se pone fin a un trabajo que comenzó hace cinco años.
La Escuela Contra la Drogadicción nació mediante la Ordenanza 24 de noviembre de 2018 en la Asamblea Departamental. Se creó como establecimiento público adscrita a la Secretaría Seccional de Salud y se creó en marzo de 2019. Su objetivo, en síntesis, fue gestionar conocimiento y liderar las investigaciones para que el departamento, por primera vez, tuviera datos confiables sobre el consumo de sustancias psicoactivas y responder todas las preguntas necesarias: panorama de población consumidora, características, qué tipo de drogas, cómo ha cambiado el consumo. Y, más allá de eso, entregar los insumos, basada en los avances científicos más vigentes, para ayudar al éxito de las políticas departamentales de prevención, promoción y tratamientos de recuperación frente al consumo de sustancias psicoactivas.
Según Walter Cuartas Vásquez, quien fue subdirector científico y director encargado de la Escuela, existen contados casos en el mundo y ninguno en Latinoamérica de entidades cuya labor específica es investigar para tener nuevos modelos de tratamientos y prevención en temas de consumo de sustancias psicoactivas. Y en ese orden de ideas, enfatiza Cuartas, la Escuela fue exitosa en estos cinco años de trabajo.
Entre las investigaciones y avances que logró la Escuela en estos años están el Estudio de Prevalencia de consumo de sustancias psicoactivas en el departamento de Antioquia 2021 que reveló en detalle por primera vez la situación del departamento; nuevos Modelos de Intervención y/o atención en consumo de sustancias psicoactivas y conductas adictivas en niños, niñas, adolescentes y jóvenes; proyectos con Ruta N sobre innovación, investigación médica, científica, farmacológica, cosmética y otros usos industriales del cannabis medicinal; análisis de nuevos abordajes para la reducción del daño ampliando el conocimiento sobre sustancias a nivel comunitario; y el diseño e implementación de un protocolo de intervención clínica, evaluación, diagnóstico y rehabilitación neuropsicológica del funcionamiento ejecutivo y la función del uso de las sustancias psicoactivas en pacientes con patología dual en Antioquia, es decir, en pacientes que presentan un trastorno mental y al mismo tiempo un trastorno por uso de sustancias. Sobre todo este último trabajo en patología dual, recalca Cuartas, no existía en Colombia, y apunta que ante la altísima carga de pacientes con trastornos mentales que desborda actualmente la capacidad del sistema de salud, este abordaje es fundamental.
Un ejemplo concreto de las investigaciones mencionadas, según Cuartas, es que el departamento hoy tiene mayores insumos para abordar la creciente crisis por la aparición de fentanilo y mezclas con drogas como ketamina y otros opiáceos, lo que puede ayudar a los tratamientos clínicos y a nuevos modelos de prevención frente al consumo de estas peligrosas combinaciones que han aumentado las emergencias médicas en el Valle de Aburrá.
Lo que más le preocupa a Cuartas es que a juzgar por las intervenciones recientes en la Asamblea donde se allanaba desde el año pasado la desaparición de la Escuela, quedó claro que algunos diputados y funcionarios no tenían claro cuál era la misionalidad de dicha entidad y su impacto en la salud pública del departamento. “Pareciera que muchos creyeron que esto era una varita mágica para acabar con el problema de las drogas, y no, es un trabajo muy amplio para ir al fondo de la problemática para encontrar soluciones cuyo fin es facilitar a largo plazo que como sociedad tengamos herramientas concretas para combatir los impactos del consumo de sustancias, y esto repercute en todo: en transformaciones sociales frente a la violencia intrafamiliar, frente al suicidio, frente a enfermedades crónicas. La Escuela no fue un capricho, fue fruto de un trabajo serio de años construido por muchos de los mejores expertos en varios campos. No fue un asunto político, aunque sí requirió voluntad política, que en ese momento existió y ahora lamentablemente no”, concluye el exdirectivo.
Gobernación dice que el HOMO puede asumir esas funciones
La Gobernación defiende la decisión asegurando que se debe a problemas financieros. Hace poco menos de dos semanas, el gobernador Andrés Julián Rendón le entregó competencias a la Secretaría General para adelantar todos los trámites precontractuales, contractuales y postcontractuales requeridos para la prestación de servicios profesionales especializados como liquidador de la Escuela Contra la Drogadicción. Previamente, la Gobernación la había aceptado la renuncia a la directora de la Escuela, Ana María Gómez, quien un día antes de su renuncia, había asegurado en la Asamblea no conocer sobre la posibilidad de liquidación o fusión de la entidad que lideraba, según expuso el diputado Juan David Muñoz Quintero.
En tal sentido, desde la Secretaría de Salud respondieron que después de un estudio técnico adelantado, denominado “reingeniería y fortalecimiento de la red departamental de salud mental”, concluyeron que las funciones de la Escuela contra la Drogadicción generaban duplicidad con la ESE Hospital Mental de Antioquia HOMO María Upegui y con la ESE Hospital Carisma.
Por lo tanto, la administración Rendón aseguró que el HOMO “podría asumir las funciones de la Escuela Contra la Drogadicción por tratarse de una entidad con experiencia, que además permitiría focalizar los esfuerzos en salud mental y prevención de consumo. Una sola entidad que articule, priorice, defina políticas y a su vez optimizar recursos de la salud que son escasos”.
La Secretaría de Salud aseguró que, a pesar de que la Escuela se creó en 2019, actualmente no cuenta con ningún grupo de investigación inscrito ante Colciencias. “En la actualidad la Escuela tiene que tercerizar sus propias investigaciones”. Por esta razón, desde la administración departamental aseguraron que realizarán estas investigaciones a través de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, que tiene un grupo inscrito en Colciencias.
Las dudas que rondan la decisión
Tanto el doctor Cuartas como otros expertos en el campo de la farmacodependencia y patología dual, como el investigador Guillermo Castaño, señalan que es un error pensar que es posible entregarle al HOMO o a Carisma las investigaciones que adelantaba la Escuela. Señalan que ni es aterrizado ni tampoco viable pues señalan que estas deben enfocarse en la tarea asistencial y que en un departamento que históricamente ha ocupado los dos primeros puestos en cifras de consumo de sustancias psicoactivas, las entidades deberían robustecerse, no desaparecer, sobre todo si han sido reconocidas, apunta Cuartas, como lo ha sido la Escuela, por Minsalud, Minjusticia y la Organización Panamericana de la Salud.
El diputado Muñoz asegura que siguen en el aire interrogantes como qué pasará con los trabajadores de la Escuela, cómo abordará el departamento en adelante el flagelo de las drogas y qué va a pasar con el megalote de 74.000 metros cuadrados en Llanogrande que el departamento le compró en 2019 a la SAE por casi $11.800 millones, y donde la Escuela ocupaba 20.000 metros cuadrados.
En cuanto al proceso de liquidación, según respondió la Secretaría de Salud, podría ser de seis meses, una vez se designe agente liquidador.
