Graves denuncias presentadas por altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares han puesto en el centro de la controversia a la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, por una supuesta interferencia en operativos e investigaciones dirigidas contra estructuras criminales en Antioquia.
Según los testimonios de cinco generales en servicio y tres en retiro, la congresista y su círculo cercano habrían ejercido presión para detener procedimientos contra organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y los homicidios.
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Las denuncias fueron conocidas y reveladas por la revista Semana. Con este medio, los oficiales aseguraron haber recibido llamadas de la senadora Zuleta, su hermana Lina Zuleta y asesores cercanos como Johan Edisson Giraldo para frenar combates y operativos en municipios como Ituango, Briceño, Amalfi, Medellín y el Valle de Aburrá.
Peticiones de la senadora Isabel Zuleta para detener combates contra las disidencias
Uno de los episodios más críticos denunciados ocurrió el 17 de julio de 2023, en Ituango, el municipio natal de la senadora. Mientras tropas del Ejército se enfrentaban a los frentes 18 y 36 de las disidencias de las Farc, Zuleta se comunicó con un oficial para pedir que el combate se detuviera, argumentando que las tropas estaban atacando a “mineros”.
“Pidió, prácticamente, que paráramos el combate porque las tropas estaban atacando, supuestamente, a mineros. Claro, mineros que estaban uniformados, armados y con menores de edad en sus filas”, le dijo uno de los oficiales del Ejército al medio citado, temeroso de que pudiera ser llamado a calificar servicios, entendiendo la influencia de la senadora Zuleta en las decisiones del presidente Petro y el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez.
En ese enfrentamiento donde resultaron dos soldados muertos, también hubo la intervención de Johan Edisson Giraldo, asesor de la congresista, quien contactó a un general vía WhatsApp para ampliar la información, advirtiendo sobre la persecución de personas específicas.
Zuleta y Giraldo indicaron que las personas a las que estaban persiguiendo tenían las identidades de Saúl Valencia, Tobías Valencia y Marcela, supuestamente mineros atrapados en medio del enfrentamiento. “Por favor, general, no cometan una equivocación con estas tres personas. ¿Cómo les ayudamos para que esto no pase?”, dice uno de los chats de WhatsApp enviados a uno de los generales.
Las críticas a la Fuerza Pública y defensa a la “minería”, otra de las estrategias de intervención de Isabel Zuleta
Las acusaciones en contra de la congresista también se extienden al cuestionamiento reiterado de operativos contra la minería ilegal en el nordeste y Bajo Cauca antioqueño, zonas disputadas por el Clan del Golfo, disidencias de las Farc y el ELN.
Luego de un operativo de incautación de dragas en Amalfi, Zuleta criticó duramente a la Policía. También demostró su disgusto en reuniones oficiales porque se vinculó a la estructura 36 de las disidencias de las Farc en investigaciones judiciales.
Un oficial activo afirmó que la senadora “siempre defiende a la minería en todas sus aristas,” a pesar de las pruebas que vinculaban a algunos mineros con organizaciones criminales.
Altos mandos manifestaron que la senadora y su entorno, incluida Lina Zuleta, quien se presentó ante el Ejército como hermana de la senadora, cuestionaron el accionar militar en Briceño, señalando que la fuerza pública solo se enfocaba en el Clan del Golfo y no en las disidencias de las Farc o el ELN.
“Escribió la hermana de Isabel Cristina Zuleta: ‘Ay, general, por qué la tropa no ha llegado’. Ellos (en referencia a Zuleta y a su familia) solo ven al Clan del Golfo, nunca ven a las Farc ni al ELN”, dijo uno de los generales a la revista.
La interferencia de Zuleta en la Paz Total
Las tensiones llegaron hasta la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, donde Zuleta, quien funge como coordinadora de los diálogos de la “paz total” en la cárcel La Paz de Itagüí, buscó a superiores en Bogotá para alertar sobre supuestos “montajes” en Medellín que afectarían el proceso de negociación.
Según los testimonios de los generales, la senadora se ha ido en contra del brigadier William Castaño, quien es el actual comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, por trabajar de la mano con Federico Gutiérrez.
“Criticaba porque trabajaba con la Alcaldía, cuando, por lógica, un comandante debe trabajar de forma articulada con la Alcaldía”, expresó el alto oficial.
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En el primer semestre de 2024, la senadora culpó a la Policía de Medellín por una operación de gran envergadura contra la Oficina de Envigado, pese a que la acción fue liderada por la Fiscalía.
Zuleta también buscó a altos miembros de la Policía para manifestar su preocupación por operativos contra alias ‘Yordi’ y ‘La Terraza’, porque estos afectarían la mesa de diálogo de Itagüí. Oficiales del Ejército también indicaron que la senadora ha visitado batallones para exigir explicaciones sobre operativos militares.
El temor de los generales ante las influencias de la senadora Zuleta y las acciones judiciales en contra de sus intervenciones
Los generales que rindieron testimonio manifestaron sentirse “doblegados” ante la presión, por temor a ser relevados de sus cargos o a que sus carreras estuvieran en riesgo, dada la supuesta influencia de Zuleta sobre el presidente Gustavo Petro y el exministro de Defensa, Iván Velásquez.
“Asustado uno de que lo fueran a relevar o alguna cosa así, se le contaban las cosas”, contó a la revista uno de los generales.
El general retirado Guillermo León León, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro, calificó como inaceptable que alguien vinculado a negociaciones de paz contacte directamente a generales para solicitar que no se realicen operaciones, recordando que sin un cese al fuego formal, la fuerza pública no tiene restricciones para actuar.
Debido a la gravedad de los señalamientos, la cúpula militar alertó al Ministerio de Defensa para que brinde acompañamiento institucional. El caso también ha sido trasladado a la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación.
Cabe mencionar que por parte de la senadora Paola Holguín y el concejal de Medellín, Andrés Tobón, Zuleta enfrenta denuncias por presunto abuso de función pública, prevaricato, obstrucción a la justicia y tráfico de influencias.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez no sólo también ha denunciado a la senadora, sino que además la ha señalado de supuestamente intervenir para evitar la captura de cabecillas de bandas criminales como La Terraza.
“Es muy grave que según estos elementos se presionan a Generales para que no se capturen jefes de estructuras criminales en Medellín y les informan sobre operativos en su contra. Después de mis denuncias, extrañamente, recibo amenazas”, dijo el alcalde en su cuenta de X respecto a las denuncias de los generales contra la legisladora.
Paralelamente el Consejo de Estado adelanta un proceso que podría resultar en la pérdida de su investidura, que incluye señalamientos por el traslado de cabecillas de estructuras criminales de la cárcel de Itagüí al evento público conocido como el “tarimazo” en julio de 2025.
Aunque las investigaciones avanzan, no existe, por ahora, una imputación formal ni una decisión de fondo en contra de la senadora del Pacto Histórico.
La senadora respondió ante las acusaciones en sus redes sociales. “Están molestos porque hoy soy Senadora y no sólo les exijo como ciudadana sino que les puedo hacer un debate de control político como se los anuncie a la Policía por los atropellos y estigmatización a los mineros artesanales”, escribió Zuleta en su cuenta de X.
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