Cerca de 200 firmantes de paz llegaron desde diferentes municipios de Antioquia para marchar por las calles de Medellín, para conmemorar ocho años de la firma del Acuerdo de Paz que les permitió dejar las armas y volver a la vida civil tras años de participación en el conflicto armado (décadas en el caso de muchos).
Sin embargo, tal como en los años anteriores, esta no fue precisamente una celebración, sino una fecha para recordar a los compañeros a los que el Estado y la sociedad les falló y quienes a pesar de dejar las armas y comprometerse a hacer la paz terminaron perseguidos y finalmente asesinados: 41 excombatientes han sido asesinados por diferentes grupos armados en Antioquia desde la firma del Acuerdo en 2016.
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El consejero político del partido Comunes, Marcos Urbano, también denunció que en zonas como La Plancha, en Anorí, calificada durante años como uno de los Espacios Territoriales más emblemáticos y con los procesos de reincorporación más exitosos, se encuentra bajo amenaza, pues al menos 40 familias de firmantes que viven allí temen que la guerra arrecie contra ellos, luego de que fueran asesinados en la zona cinco soldados y otros cinco uniformados resultaran heridos por ataques del ELN.
Urbano cree que los enfrentamientos entre fuerza pública y diversos grupos armados crea un ambiente de total amenaza contra las familias que habitan esta ETCR, reconocida internacionalmente por la ONU por sus proyectos de paz. Hay que recordar que incluso sus excombatientes participaron en una de las más importantes expediciones científicas realizadas en Colombia, la cual se adelantó de manera conjunta con expertos de Eafit.
De hecho, Luis Ospina, representante de la Federación de Economía Solidaria Efraín Guzmán, resaltó que en Anorí hay proyectos apícolas, cosméticos y de confecciones que integran los 45 macroproyectos que adelantan excombatientes en el departamento, con los cuales ofrecen 60 productos. Pero también insistió en que la falta de apoyo podría paralizar estos proyectos y llevarlos a la quiebra. “En un análisis muy juicioso que se hizo de manera técnica hace dos años con 81 proyectos productivos, arrojó que no estaban ni siquiera iniciando fase de fortalecimiento, sino que estaban en grave estado digamos de ir a la quiebra”, detalló Ospina.
Urbano lamentó que el Estado no haya logrado copar tanto con el monopolio de la fuerza como con la oferta social, educación y empleo esas zonas que están hoy bajo el dominio de los grupos como el Clan del Golfo, ELN y disidencias. “Nosotros quedamos en un sándwich y nos van expulsando. La única esperanza es tener tierras y construir el proyecto político en paz, nosotros hemos dejado la lucha armada y la mayoría de los que firmamos el acuerdo, más de 12 mil 500, estamos todos aquí en este proceso”, expresó el excombatiente.
La falta de vivienda y empleo, además de la reiterada estigmatización a la que se han visto expuestos entre la sociedad civil, en universidades, en empresas y en escenarios políticos, también fueron reclamos recurrentes en la manifestación que realizaron este lunes.
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Pese a todo esto, los firmantes reiteraron que la mayoría de ellos siguen jugados por la paz y que han sido protagonistas de los procesos sociales que buscan transformar las realidades de los municipios donde han vivido y donde un día hicieron la guerra.
