EPM informó que tras reunirse con el comité promotor de la movilización social realizada en el corregimiento de El Valle, municipio de Toledo, se llegaron a varios acuerdos que permitieron el desbloqueo de la vía entre Toledo y el sector Matanza, que impidió este sábado el paso al proyecto Hidroiutango, alterando los turnos de trabajo de los obreros.
Fueron ocho puntos los que acordaron. Primero, la empresa se comprometió a entregar los diseños para la intervención y estabilización de cuatro puntos de la vía Toledo y Matanza, y la Gobernación de Antioquia atenderá otros dos puntos críticos. En el mediano plazo, EPM acordó que realizará mantenimiento de la vía, mediante la contratación social con las Juntas de Acción Comunal de Miraflores y Barrancas, por 452 millones de pesos.
El este lunes habrá una visita técnica con representantes de EPM y la comunidad para identificar las necesidades de la vía Barrancas, con el propósito de aportar soluciones alternas para la movilidad de la comunidad Toledana.
EPM también se comprometió a realizar los diseños para los acueductos de las veredas Barrancas, Brugo, Cascarela y Miraflores y la bocatoma del Valle de Toledo. El tiempo para la entrega de esos diseños será de seis meses. También apoyará la gestión para la consecución de los recursos para estas intervenciones con alternativas como obras por impuestos o transferencias de ley.
En el cuarto punto del acuerdo, en el que las comunidades denunciaban apropiación de tierras de comunidades por parte de la empresa, EPM aclaró que los predios adquiridos para el proyecto Ituango “han sido comprados por los medios establecidos en la legislación civil, pagado todos los derechos a los propietarios y poseedores, en este caso especial se realizará una reunión para revisar en detalle los linderos, entre los predios adquiridos para el proyecto Ituango y los predios de la comunidad, ubicados en las veredas citadas”.
En otro punto del pliego de peticiones en el que la comunidad le solicitaba hacer inversiones sociales, específicamente en materia de salud, la empresa respondió que no “puede hacer inversiones en infraestructura en salud, porque es competencia directa del Estado”. Pero señaló que se “compromete a apoyar la gestión para la búsqueda de recursos económicos con otras entidades y, en el marco del Plan de Manejo Ambiental, se realizará un convenio con el hospital para atender necesidades de consumo de sustancias psicoactivas, embarazo adolescente, entre otros. Este convenio se iniciará en cuatro meses.
