Pascual Bravo tiene una universidad en Medellín pero no una casa en su natal Rionegro. La fachada del lugar donde algún día vivió el expresidente liberal del Estado Soberano de Antioquia está en ruinas y tras de ellas, si uno se asoma por cualquiera de las grietas de las ventanas de madera, ve un parqueadero con techo de lata y piso de tierra.
Su suerte es la que corre buena parte de los inmuebles patrimoniales del centro histórico de Rionegro, la “cuna de la libertad y de la democracia”, una ciudad con un papel histórico tan importante para el país como Cartagena o Popayán, donde todavía no hay ni siquiera un plan o un proyecto para preservar el patrimonio y donde los dueños de las casas prefieren dejarlas caer para poner un rentable parqueadero que mantenerlas en pie. En realidad, lo que buena parte de ellos quisiera, sería tumbarlas y construir un edificio, pero eso sería muy llamativo y, muy a su pesar, las autoridades tendrían que actuar, o eso es lo que uno esperaría. Pero, dejarlas caer, mantener la fachada invadida por el ojo de poeta y al fondo parquear carros y motos, parece más factible. Rionegro, como tantos otros municipios del país, parece seguir el triste ejemplo de Medellín: creer que el futuro consiste en borrar el pasado.
Desde 1963, el centro de Rionegro fue declarado como bien de interés cultural de carácter nacional y es uno de los 45 en el país con esa denominación: ese centro está compuesto por 48 hectáreas, 68 manzanas y cerca de 1.800 inmuebles. La historia que debería ser un motivo de orgullo para sus habitantes, hoy se percibe como una “maldición” que amenaza no solo casas viejas, sino la memoria colectiva de un pueblo.
La situación de Rionegro no es un caso aislado; se suma al preocupante panorama que viven otros centros históricos en Antioquia, como Abejorral, donde cientos de inmuebles del centro histórico enfrentan un riesgo similar de colapso. Pero en Rionegro, la paradoja es aún más aguda: mientras la ciudad y la región florecen como polo de desarrollo económico y modernidad, su historia se desvanece en medio de un complejo entramado burocrático y una desconexión entre las políticas locales y nacionales.
Para comprender la magnitud de la pérdida, hay que poner en una báscula el peso del legado de Rionegro; en pocas ciudades han ocurrido eventos tan cruciales para el país como allí. Desde las primeras luchas por la emancipación, Rionegro se consolidó como un centro neurálgico, albergando a figuras como José María Córdova, “El héroe de Ayacucho”, y Liborio Mejía, quien asumió la presidencia de las Provincias Unidas con solo 24 años.
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El municipio fue también cuna de Pascual Bravo, escritor y militar que presidió el Estado Soberano de Antioquia, y de Javiera Londoño, una hacendada del siglo XVIII pionera en la liberación de esclavos. Fue aquí donde se proclamó la independencia de la Nueva Granada en el Congreso de Rionegro y donde se proclamó la Constitución de 1863, redactada y firmada en la emblemática Casa de la Convención. Este documento, que transformó la Confederación Granadina en los Estados Unidos de Colombia, representó una apuesta radical por el federalismo extremo y las libertades individuales absolutas: libertad de comercio, opinión, imprenta, enseñanza y asociación, abolición de la pena de muerte, y separación total entre Iglesia y Estado. Redujo el periodo presidencial a dos años sin reelección y despojó al ejecutivo de gran parte de su poder, concentrándolo en el Congreso.
Así que el ocaso de estas casas no es una simple pérdida estética; es el borrado físico de la memoria de un proyecto de nación.
Pero no son solo las casas aledañas al parque se están cayendo, también los bienes más emblemáticos. Hace dos semanas, el alcalde Jorge Rivas lanzó un “llamado urgente” al Gobierno Nacional, específicamente al Ministerio de Cultura y a su Dirección de Patrimonio, para que actúen y eviten un desastre como el de Marinilla, donde una casa de más de 200 años, donde vivió Jorge Ramón de Posada, el “Segundo libertador de Antioquia”, se desplomó hace un año.
El caso más grave y visible es el de la Casa de la Maestranza, que el pasado mes de abril fue desalojada de forma preventiva y urgente ante el “riesgo inminente de un colapso estructural”. Este inmueble histórico, que sirvió como taller de armamento para el ejército patriota, vio suspendidos sus servicios de gas y electricidad y prohibida toda actividad comercial para proteger la vida de quienes allí trabajaban y de los transeúntes, según la Alcaldía. El llamado de la administración municipal se hizo extensivo para la Catedral de San Nicolás, una joya neoclásica con historia que se remonta al siglo XVIII, y el Palacio Municipal cuyas grietas ya parecen considerables.
Sin embargo, este llamado de atención de la Alcaldía al Ministerio lo que hizo fue dejar en evidencia una desconexión entre las políticas locales y nacionales, pues tanto Ministerio como Alcaldía se habían reunido en Rionegro apenas el pasado 9 de mayo en medio del Plan Nacional de Recuperación de Centros Históricos que adelanta el Ministerio y allí se habló de las edificaciones que estaban en riesgo y se pactaron compromisos de parte y parte en el corto plazo, el más importante de ellos: la elaboración de un Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP, que le corresponde al municipio y que desde hace más de cinco años debería estar listo pero que no ha conseguido el aval del Ministerio, al parecer, porque las versiones que han presentado pretenden más bien arrasar con el patrimonio que conservarlo, según le dijo a EL COLOMBIANO una fuente que prefiere no ser citada pero que ha estado de cerca en la elaboración de estos proyectos.
La trascendencia del PEMP es tal que si el municipio lo tuviera, no tendría, como tiene que hacerlo ahora, que esperar autorizaciones del Ministerio para aprobar o negar una licencia de construcción, o para sancionar a quienes dejan caer la casa, o para intervenir un edificio que se está cayendo, sino que podría hacerlo por sus mismos medios, pero en Rionegro han pasado ya tres administraciones (incluida la del actual gobernador Rendón, donde se empezó a trabajar en él) en el que el PEMP no ha podido estar listo. Mientras que Rivas le pidió al Ministerio “agilizar los procesos de evaluación y respuesta a las solicitudes de intervención presentadas por el municipio”, desde el Ministerio le respondieron que la Casa de la Maestranza tiene dos autorizaciones de intervención autorizadas, una para primeros auxilios y otra para reparaciones locativas; la Catedral de San Nicolás tiene un proyecto de intervención que está a la espera de unas firmas para ser aprobado y que desde el municipio ni siquiera han radicado un proyecto de intervención ante Mincultura.
Pero el problema no es solo institucional. La declaratoria patrimonial se ha convertido en una “maldición” o una “expropiación de facto” para los propietarios. Los costos de restauración bajo las estrictas normativas del Ministerio de Cultura son astronómicos y están casi siempre fuera del alcance de una familia promedio o un pequeño comerciante. A esto se suma la limitación en los usos del inmueble, lo que dificulta generar rentas para su mantenimiento.
De ahí que la inacción se convierta en la opción más racional para muchos, aunque sea destructiva a largo plazo. Unos hacen intervenciones estructurales escondidos en la fachada antigua y una vez la obra es irreversible tumban el frente y otros prefieren dejarlas caer para luego construir parqueaderos porque no tienen la autorización para construir en altura o para hacer edificaciones nuevas. Para demoler un inmueble patrimonial en un polígono con declaratoria nacional como Rionegro, se debe solicitar autorización al Ministerio de Cultura; de no hacerlo, la Ley 388 en su artículo 106 cita que el propietario deberá reconstruirlo o el municipio lo hará a su costa.
Juan Felipe Gómez Franco, subdirector de Patrimonio y Fomento Artístico y Cultural del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, sugiere incentivos para que los propietarios conserven el patrimonio. Reconoció que “a todos los niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal) se puede promover la protección del patrimonio, realizando una justa distribución de cargas y beneficios”. Los gobiernos municipales, por ejemplo, pueden otorgar “compensaciones económicas, transferencias de derechos de construcción, beneficios fiscales, re-estratificación entre otros, herramientas que permiten la sostenibilidad de los inmuebles en el tiempo”.
Para Mónica Orduña, directora de Patrimonio y Memoria del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes también es relevante la “equiparación predial y de servicios a estrato 1 para aliviar cargas tributarias” o las “transferencias de derechos de edificabilidad para que los propietarios obtengan recursos”.
Pero más allá de los ladrillos y las tejas, el patrimonio es un pilar fundamental para una sociedad. Orduña lo expresa con claridad: “el patrimonio es memoria, nos permite mantenernos con los pies en la tierra y es uno de esos vehículos dentro de todo el ecosistema cultural que permanentemente nos recuerda que somos seres que tienen ancestralidad y que esa ancestralidad es la que nos permite seguir caminando y respetando justamente todos los procesos de desarrollo y crecimiento del territorio”. Para Orduña, se trata de “mantener esa memoria viva de lo que en adelante nuestras generaciones podrán cuidar, mantener y respetar”.
Para Gómez Franco, además, “el patrimonio es de vital importancia para cualquier territorio, debido a sus enormes potencialidades económicas, sociales y culturales”.
La situación de Rionegro, aunque crítica, no es única en Colombia. Otros centros históricos han enfrentado desafíos similares y ofrecen modelos de gestión más efectivos. El “Informe Rionegro: La Agonía de la Cuna de la Libertad” destaca ejemplos como Barichara (Santander), que implementó un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) que incluye una Junta Local de Patrimonio Cultural. Este organismo mixto, con representantes de la comunidad y expertos, tiene la facultad de emitir conceptos previos y viabilizar intervenciones, descentralizando decisiones y agilizando procesos.
Cartagena de Indias, por su parte, demuestra el poder de la sociedad civil organizada a través de la Fundación Centro Histórico de Cartagena, una organización privada sin ánimo de lucro que agrupa a más de 200 vecinos y empresarios. Esta fundación moviliza recursos privados y trabaja en colaboración con entidades públicas, complementando la capacidad del Estado.
El destino de la Casa de la Maestranza, hoy apuntalada y en silencio, es una advertencia. Su suerte, y la de todo el centro histórico de Rionegro, está al borde del colapso. La disyuntiva es clara: o se continúa por el camino de la inercia burocrática y el abandono, permitiendo que la “Cuna de la Libertad” se convierta en la tumba de su propia historia, o se emprende un audaz y decidido plan de rescate que la revitalice como un testimonio vivo y vibrante del complejo pero vital pasado de la nación colombiana. La decisión debe tomarse ahora, antes de que el próximo crujido sea el definitivo.
