Las autoridades desmantelaron una mina ilegal del Clan del Golfo en ese municipio del Oriente. El hallazgo enciende alarmas.
El descubrimiento de una mina ilegal de oro en la vereda El Porvenir, del municipio de San Luis (Oriente), tiene con los pelos de punta a las autoridades ambientales. No hubo capturados, porque los trabajadores huyeron al ver la tropa y dejaron atrás dos excavadoras y otros equipos para extraer, que fueron destruidos en el lugar.
La estructura criminal que allí laboraba pertenecía al Clan del Golfo y extraía aproximadamente 4.300 gramos de oro al mes, lo que representaba ingresos cercanos a los 1.600 millones de pesos mensuales para esa organización. Este fue el operativo número 39 contra minas ilegales solo en la jurisdicción de la Cuarta Brigada.
Pero el daño que dejó la mina tomará décadas en repararse. El coronel Yimmy Cayetano Mancilla, del batallón que lideró la operación, informó que la explotación destruyó cerca de 7.000 árboles y removió 30.000 metros cúbicos de suelo — el equivalente a unas 12 piscinas olímpicas — en un área de 3,5 hectáreas. “Se pudo evidenciar el devastador impacto ambiental que dejan estas economías ilícitas, donde se remueven extensas áreas de tierra que dejan suelos erosionados y huellas visibles de deforestación”, señaló.
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Restaurar una zona arrasada por la minería ilegal es un proceso largo y técnicamente complejo. El primer paso es estabilizar el suelo y rellenar los huecos con tierra, ya sea de la misma zona o de otra fuente externa. Luego viene el desafío más difícil: reconstruir la capa vegetal en una tierra que ha perdido sus nutrientes y que, en muchos casos, está contaminada con metales y químicos pesados usados para extraer el oro.
Para limpiar esa contaminación se usan dos métodos. Uno es la fitorremediación, que consiste en sembrar plantas estratégicamente seleccionadas para absorber y degradar los contaminantes. El otro es la biorremediación, que logra el mismo efecto pero usando hongos y bacterias. Ambos procesos son lentos y no siempre suficientes.
En el caso de El Porvenir, las estimaciones de los expertos calculan que la recuperación completa de la cobertura vegetal, el suelo y las fuentes hídricas tomará al menos 30 años.
Esta vereda hace parte de la Reserva Forestal Protectora Regional La Tebaida, un corredor biológico que alberga especies como el jaguar y el puma, y donde crece la Palma de cera Sasaima, en peligro crítico de extinción. El área concentra ecosistemas de bosque seco tropical y bosque húmedo, con altitudes que van desde el nivel del Magdalena Medio hasta zonas de montaña, lo que lo convierte en un ecosistema vital para la biodiversidad y la gestión de los ciclos del agua. Sin embargo, la devastación no se limita a ese predio.
Una habitante del municipio que habló con EL COLOMBIANO bajo reserva describe una realidad paralela de miedo y destrucción: en ríos como el río Claro, el encuentro con dragas es una constante que guías turísticos y pobladores prefieren callar por seguridad, pues aseguran que los actores ilegales están “muy bien instalados”. La minería ilegal, dice, ha llegado a zonas cercanas al casco urbano, como la vereda Manizales, a apenas 7 km de camino.
La misma fuente cuenta que en diferentes ríos se puede ver cómo las piedras de los ríos brillan de manera inusual por la presencia de mercurio. Esto se ratifica con los informes que, desde el año pasado, Cornare ha publicado para alertar sobre la contaminación con este elemento en ríos como Calderas y San Carlos, asegurando que era la primera vez que se identificaba en esas fuentes hídricas.
El Oriente se consolida como un foco crítico de extracción ilícita, especialmente en el corredor hacia el Magdalena Medio. Según registros de Cornare, entre 2020 y 2026 se han reportado 516 denuncias por minería ilegal en la región, con 2022 como el año de mayor presión, con 95 casos. Se estima que 2026 cerrará con entre 85 y 90 registros, niveles similares a ese pico. Los más afectados son Santo Domingo, San Carlos, San Roque, Cocorná y San Luis.
El 68,6% de los daños recae sobre fuentes hídricas por la minería aluvial, seguido de daños al suelo, que representan el 30% restante. Las consecuencias pueden afectar directamente a la economía regional: la agricultura y las pequeñas centrales hidroeléctricas dependen de unos ríos y unos suelos que la minería ilegal está destruyendo.
La investigación “Bosques al vaivén del conflicto armado: un estudio de caso en el Oriente antioqueño –hecha por la Universidad Nacional, el Colegio Mayor y organizaciones ambientales– revela que durante las décadas de mayor intensidad armada, entre 1970 y 2000, los bosques de San Luis estuvieron mejor conservados, porque el control territorial estricto de los grupos armados limitaba la explotación masiva. Tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016, la reconfiguración del territorio permitió que el Clan del Golfo expandiera la frontera extractiva. Sumado a la expansión ganadera, el resultado fue la pérdida del 33,6% de los bosques naturales en apenas veinte años. La investigación señala que para 2018, San Luis registraba una tasa de deforestación del 19,1%.
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Sin embargo, esta actividad no solo amenaza a los recursos naturales, sino también a las personas del territorio. La habitante consultada por este periódico advierte que la amenaza más grave, en términos de seguridad, no es solo al liderazgo comunitario, sino a la juventud: ha conocido niños que con apenas 12 años ya trabajan en los ríos buscando pepitas de oro, nadando cerca de las dragas, atraídos por la posibilidad de aportar a la economía familiar.
La Gobernación señaló que a través de la Gerencia contra el Delito brinda apoyo logístico a la Fuerza Pública y asesoría jurídica a los municipios. También ha implementado “Consultorios Mineros” para orientar a pequeños extractores.
El coronel Mancilla dice que la minería ilegal en esta zona sigue creciendo por la dificultad de acceso en ciertos terrenos en los que tienen presencia actores ilegales y también por el alto precio del oro. El operativo del fin de semana detuvo una mina. Otras siguen activas.
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