La presión financiera que aqueja a los hospitales del departamento sigue subiendo. De acuerdo con los datos de la Secretaría de Salud de Antioquia y agremiaciones, el hueco contable que afronta tanto la red pública como privada del departamento por cuenta de las deudas de las EPS ya sobrepasó los $4 billones.
En un balance que ha vuelto a encender las alarmas de las instituciones, funcionarios y líderes del sector salud, uno de los datos más preocupantes se asocia a las deudas que aquejan a la red pública, encargada de atender al grueso de los pacientes de todos los rincones de Antioquia y en su mayoría afiliados a EPS intervenidas por el Gobierno Nacional.
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Tan solo en el primer trimestre de este año, en una tendencia a la alza que no cede desde tiempo atrás, la deuda de las EPS en esas instituciones oficiales se situó en $1,7 billones, $145.584 millones más del acumulado con el que se había cerrado el 2024 ($1,5 billones) y $507.471 millones más del balance de 2023.
Entre tanto, en el caso de la red privada, aunque el dato público presentado a comienzo de este año daba cuenta de que las 19 clínicas y hospitales más importantes de Antioquia —que por su alto nivel de complejidad también se encargan de la atención de varios departamentos vecinos— tenían un faltante de $2,3 billones, todo apunta que ese rubro también creció ostensiblemente en meses recientes y estaría cada vez más cerca a los $3 billones.
Luego de que la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas revelara esta semana que a nivel nacional esa deuda es de $24 billones, un 53,3% proveniente de EPS intervenidas, se espera que en las próximas semanas la red hospitalaria presente una nueva fotografía regional actualizada. Sin embargo, desde ya, varios de los líderes de ese sector advierten que este año el comportamiento del flujo de los recursos no da buenas señales.
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Uno de los principales frentes de preocupación se centra en el cierre de servicios en el que han tenido que incurrir múltiples instituciones para mantenerse a flote, en una reacción en cadena que ha derivado en mayor presión en la prestación de los servicios.
Vale recordar que, tan solo en el norte del Valle de Aburrá, en menos de un año los habitantes del municipio de Bello se quedaron con una sala de urgencias de mediana y alta complejidad, luego de que la Clínica Antioquia y la Clínica del Norte clausuraran ese servicio para proteger sus finanzas.
Al tiempo que se reduce la oferta, la demanda de servicios ha puesto bajo máxima presión a la red, que principalmente en Medellín ha obligado a grandes hospitales como el San Vicente Fundación y el Pablo Tobón Uribe a declararse en emergencia por culpa de la sobreocupación.
De igual forma, múltiples hospitales públicos en varios municipios han tenido que plantársele a EPS intervenidas por el Gobierno Nacional y amenazar con cortarles los servicios para que se pongan al día con sus deudas y no los arrastren a una crisis peor.
Tan solo hace una semana, los hospitales de mediana complejidad de Caucasia, Ciudad Bolívar, Santa Fe de Antioquia, Puerto Berrío, Yolombó, Yarumal y Turbo tuvieron que ponerle un ultimátum a la Nueva EPS para que diera garantías con una deuda de $60.000 millones, logrando que esta se comprometiera a ponerse al día con sus deudas.
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A finales de 2024, esta misma historia se había producido con 37 hospitales, que también tuvieron que amenazar con suspender sus servicios ante un grave rezago en sus pagos.
Como si se tratara de un incendio al que se le agregaría más combustible, a este panorama se ha sumado la consternación por cambios en las reglas que modulan el flujo de los recursos a través del sistema.
Así lo alertó el diputado Jorge Correa, quien insistiendo en la deuda de $4 billones, denunció que hay también alarma por iniciativas como un proyecto de ley que podría agravar la situación.
Correa aclaró que dicho proyecto no está relacionado con la reforma a la salud, cuyo debate sigue en veremos, sino con la reforma a la ley 715, en el que los recursos de aseguramiento que provienen del sistema general de participaciones para el régimen subsidiado serían trasladados para financiar los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS) que quiere implementar el gobierno Petro.
“Lo que están pretendiendo con esa reforma es que los recursos ya no lleguen a las EPS del régimen subsidiado, sino que lleguen directamente a los famosos CAPS. Eso nos devolvería al modelo del Seguro Social, porque prácticamente lo que van a hacer es redireccionar la plata para que existan esos centros en primer nivel de atención, que eran las famosas clínicas que había regado por todas partes del Seguro Social. Esas clínicas serían las que de alguna forma harían el paso a los siguientes niveles de atención”, alertó el diputado, planteando que dichos cambios llevarían a los pacientes a un modelo “estatizado”.
En medio de un panorama en que la UPC ya arrastra un billonario déficit, que ya podría superar los $16 billones en los últimos cinco años, el cambio podría profundizar esa crisis y dejar en el aire a 2,7 millones de antioqueños que hacen parte de las EPS del régimen subsidiado, a su vez las que más cuentas por pagar tienen con los hospitales.
De igual forma, Correa recordó que en toda la red se mantiene la preocupación por la situación de EPS como Savia Salud, cuyos pasivos sobrepasan los $1,2 billones y que ni siquiera acude a rendir cuentas a los debates de control político.
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