Desde la noche de este martes 26 de enero, cientos de personas privadas de la libertad adelantan un acto de desobediencia civil al interior de la cárcel en protesta por las crueles e infrahumanas que soportan no desde hace meses, sino años, particularmente por las degradantes condiciones con las que tienen que alimentarse.
El problema puntual se remonta a inicios de 2024. En ese momento, el llamado “rancho”, donde sirven la comida del penal, tuvo que ser clausurado al arrojar en diversas inspecciones graves deficiencias sanitarias; cosas aberrantes como carne de caballo, comida en absoluto estado de descomposición y contaminada con elementos como alambres y otras inmundicias. A raíz del cierre, la alimentación quedó en manos de las familias que de manera diligente ingresaban la comida en buen estado para que sus seres queridos no pasaran por semejantes afugias. Y a través de las organizaciones defensoras de derechos humanos pidieron que el ingreso de alimentos se hiciera de manera mucho más diligente, pues la reapertura del rancho no garantizaba tampoco una solución; al contrario, estando en funcionamiento, los más de 3.500 afectados llegaron a padecer hasta 30 horas sin probar bocado.
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Los hombres pudieron acceder a este alivio de la alimentación casera, pero no las mujeres. A finales de 2025, la Procuraduría reveló que presentó un informe preventivo sobre la contratación del servicio de alimentación en este centro penitenciario en el que se evidencian incumplimientos reiterados que vulneraron los derechos humanos de los reclusos.
En septiembre pasado, el Tribunal Administrativo de Antioquia emitió un fallo de segunda instancia que reafirma la obligación ineludible del Estado colombiano de garantizar la alimentación “adecuada, en cantidad y calidad” para los reclusos de la cárcel El Pedregal de Medellín.
Esta sentencia judicial es una respuesta a las denuncias sistemáticas de hambre y trato cruel e inhumano que, según defensores y los propios internos, se viven a diario en este centro penitenciario, sumándose a un largo historial de violaciones a los derechos humanos.
Pero pese a todo eso, la situación es más crítica que nunca. Jorge Carmona, defensor de derechos humanos, señaló que se había logrado llegar a un acuerdo con las directivas del Inpec para que los familiares pudieran ingresar un kit alimentario que constaba de pan, galletas, dulces y pasabocas para mitigar la situación. Esos kits han sido costeados por las familias apoyándose unas a otras para poder llevar ese mínimo alivio a sus seres queridos a un costo de $2.500 diarios por persona privada de la libertad. “Iba más o menos bien hasta que de un momento a otro se comenzó a convertir este tema en un tema de corrupción”, señaló Carmona.
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