Dos hechos movieron la agenda política esta semana en la ciudad: el auto de la Contraloría que declaró reparado el detrimento patrimonial en el caso Hidroituango y el fallo del Tribunal Superior de Medellín que desestimó la tutela con la que el alcalde Daniel Quintero buscaba que la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) suspendieran la revocatoria. Ambas decisiones reavivaron un mismo fenómeno: ¿quién es el dueño de la narrativa: el alcalde o quienes discrepan sobre su gestión?
Por un lado, el mandatario sacó pecho y reforzó la figura de redentor que ha venido construyendo en torno al proyecto hidroeléctrico. En su cuenta de Twitter afirmó que, además de recuperar los $4,3 billones en el caso Hidroituango, “evidenciamos a los responsables, el amanguale y la mentira”.
Pero el auto emitido por la Contraloría para archivar el proceso de responsabilidad fiscal, que declaró culpables a 19 personas naturales y siete jurídicas por fallas en la planeación y la ejecución del proyecto, permitió concluir lo contrario: el pago de los daños por el siniestro de 2018 estaba resuelto en el esquema de seguros que EPM había adquirido para su construcción.
Cosa distinta pretendía el alcalde, quien azuzó los ánimos en cada una de sus salidas ante la opinión pública para que los 26 procesados pagaran de su bolsillo, a como diera lugar, el detrimento fijado por ese ente de control. Aunque el fallo fiscal no hablaba de dolo por ningún lado, el mandatario se empecinó —hasta esta semana— en mantener su narrativa. Ese interés, sacaba de plano a las aseguradoras y ponía en riesgo el pago de los seguros. Así, Mapfre desembolsó pese a dichas acusaciones que ningún ente ha avalado.
Los datos dejan sin pies la polvareda que levantó: el 99,4% de la plata que recibió EPM provino de los seguros que había adquirido: una póliza todo riesgo construcción y montaje con Mapfre en 2011 y otra de responsabilidad civil para directores y administradores con Sura en 2017.
El monto restante —unos $23.500 millones— llegó de SBS y Axa Colpatria, mediante seguros contratados por la Sociedad Hidroituango y el Idea.
Por otro lado, el fallo que declaró improcedente una de las tutelas interpuestas por la defensa del alcalde para frenar la revocatoria dejó ver los frentes en que este y los revocadores consolidan sus acciones: Quintero insiste en desplegar su arsenal jurídico en Bogotá, donde ha construido la mayor parte de su carrera pública y tiene a sus padrinos políticos, mientras que los líderes del comité revocador han concentrado su estrategia en los juzgados locales.
El marcador parcial de esta partida permite leer las apuestas de parte y parte: aunque desde la orilla del alcalde se han presentado cuatro tutelas en contra del proceso (ver recuadro), solo una ha prosperado hasta el momento y es la que, precisamente, fue interpuesta por Salomé Restrepo, del movimiento Independientes —con el que llegó Quintero a la Alcaldía— y quien ha contratado cuatro veces con esta administración, ante un juzgado de la capital.
Pese a que hablamos de procesos distintos, un patrón emerge en la estrategia que desde la Alpujarra han desplegado en juzgados, redes sociales y medios de comunicación: dibujan un enemigo (empresarios, exalcaldes, concejales, sociedad civil organizada) al que no le responden cuando denuncian o investigan, solo lo atacan.
Propaganda oficial
Fue evidente que desde septiembre pasado, cuando la Contraloría emitió su fallo en primera instancia por Hidroituango —ya cursaba la recolección de firmas por parte del comité revocador— , la ciudad se llenó de propaganda oficial: Popular y Manrique, en el nororiente, y corregimientos como Altavista, en el suroccidente, fueron empapelados con los números de gestión de la Alcaldía.
Aunque en menor cantidad, la estrategia todavía se mantiene: vallas y plegables sobre el proyecto hidroeléctrico y otras apuestas de Quintero se yerguen con mensajes pomposos en varios puntos de la ciudad. Al norte, a la altura del puente de la Madre Laura, uno de estos despide a quienes salen del Aburrá: “Recuperamos la plata de Hidroituango; ahora nuestra misión es ponerlo a funcionar”.
Además, desde la Alcaldía insisten con otras piezas como “¡Medellín va bien!” y publicitan: “Parque de Prado: adecuamos 2.800 m2 de zonas verdes”; “Recuperamos 6.000 m2 de espacio público en el Pueblito Paisa”; “¡Cumplimos! Entregamos Metrocable Picacho” —esta obra y otras por las que saca pecho el mandatario, como la Ciudadela para la 4ta Revolución Industrial, nacieron y avanzaron en otras administraciones— . Los huecos tapados, el Parque de la Frontera y las utilidades que le transfirió EPM al Municipio también integran la parrilla.
Pese a esto, los mensajes parecen no lograr consensos: en barrios de Santa Cruz y Aranjuez algunos comerciantes alegan que la gestión del alcalde no ha sido buena, mientras que otros sostienen que, pese a estar preocupados por los manejos de Buen Comienzo, el Inder y la crisis del Jardín Botánico, no les parece que deban invertirse recursos votando una revocatoria.
Otros ciudadanos, del 12 de Octubre y Belén, tienen presente la recolección de firmas que llegó a sus barrios y el tire y afloje entre Quintero y los líderes de este proceso, pero confunden los escenarios electorales que hay en juego: algunos no distinguen qué se votará en marzo, si las legislativas o la revocatoria —en caso de llegar a aprobarse—. Unos cuantos más se muestran apáticos y aseveran no estar al tanto de este pleito.
Pero la apuesta no ha sido solo en propaganda física. Quizá el frente al que más plata le ha metido el alcalde es al de los medios digitales y las redes sociales. Aunque este se ha ufanado de reducir la pauta oficial en medios tradicionales, sus manejos en el frente por el que ha apostado son cuestionables.
El gasto de la Secretaría de Comunicaciones en estos menesteres ascendió a $167 millones mensuales el año pasado ($2.004 millones durante 12 meses), los cuales fueron a medios con existencia de apenas un año, contenido replicado de otros espacios informativos, con alcances cuestionables y registros en Bogotá, Tolima y Estados Unidos.
Tentáculos en terreno
Quintero y su equipo saben que las narrativas necesitan empujones, por eso vienen consolidando otro frente: ediles difunden como pregoneros la gestión de la Alcaldía en algunos barrios de la ciudad. No en vano se cuestionó hasta qué punto podría llegar la independencia de estos actores con el pago de $72.616 por sesión (tope máximo de 80 sesiones ordinarias y 20 extraordinarias) que sacó adelante la administración el año pasado.
La estrategia se ha focalizado: no todas las comunas tienen cabida. El fortín del alcalde Quintero son las Juntas Administradoras Locales (JAL) del nororiente, según Jhon Jairo Morales, edil por el Centro Democrático en Aranjuez. Cuenta este que buena parte de los integrantes de la JAL de esa comuna están cooptados: banquetes, reuniones y fiestas se cuentan entre los estímulos de la administración.
Pero eso no ha bastado, afirma Morales, pues esto ha resultado en una especie de lista negra: quienes apoyan la revocatoria o son críticos al interior de la JAL han sido dejados a un lado: ahora las reuniones con la administración se hacen a puerta cerrada, “sin quienes estamos a favor de la revocatoria del mandatario, pues nos tienen perfilados”.
Este parte es respaldado por Mauricio Molano, edil de la JAL de El Poblado por el Partido Verde, quien aclara que en esa comuna no se ha escuchado sobre presiones, pero las salidas públicas de algunos ediles y edilas en apoyo al alcalde han dejado a los inconformes en evidencia. Se repite la misma lista negra planteada por Morales en el recuento de Molano, quien califica esta estrategia como una forma de presión indirecta.
En comunas como El Poblado, Belén, Laureles - Estadio y Guayabal, donde los líderes comunitarios dicen que Quintero no se aparece ni en pintura, los integrantes de la JAL se muestran más críticos y esgrimen no hacerle el juego discursivo al mandatario. Pero, como decíamos, estos sectores no son su foco de acción, ya se sabe que la mayor votación del alcalde estuvo en la zona nororiental.
La narrativa del bien y del mal ha cuajado más en el centro, nororiente y noroccidente. Un edil del 12 de Octubre, quien prefirió reservar su identidad y partido, sostuvo que buena parte de la comunidad y la JAL ven con buenos ojos la gestión del alcalde. Piensan en esos parajes que el mandatario ha sido atacado injustamente. “No vemos motivos para la revocatoria”.
Estas posiciones, sin embargo, podrían responder al despliegue de publicidad política que ha intensificado la administración en esas zonas desde que comenzó el pulso para sacar a Quintero de la Alpujarra.
Además de la propaganda oficial y el espaldarazo por parte de las JAL, el despacho de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos liderado por Juan Pablo Ramírez, del círculo cercano del alcalde Quintero, se ha convertido en un arma clave para transformar las campañas sociales de la Administración en adeptos políticos.
Presiones a funcionarios para revisar si sus cédulas habían sido suplantadas por parte de los revocadores, según han dado a conocer algunos concejales de la ciudad, y la participación de contratistas, como la mencionada Salomé Restrepo, quien acumula casi $40 millones en contratos con el Municipio y ha sido una de las tutelantes, son parte de las particularidades en este proceso.
Con extrañeza fueron vistas las alertas emitidas por Quintero cuando la Registraduría avaló en su primer informe más de 133.000 firmas de las 383.685 presentadas por el comité revocador. Además de crear una plataforma para que los ciudadanos verificaran si hubo o no suplantaciones, secretarios como Ramírez rompieron en furia en redes sociales por la aparente suplantación de su madre.
En medio de este panorama, un hecho capital preocupa e hizo parte del jalón de orejas que le hizo la Procuraduría Regional del Valle de Aburrá al alcalde: que servidores públicos y recursos del erario estén siendo direccionados para evitar que la revocatoria avance tanto en juzgados como en la calle. Mejor dicho, que Quintero apueste por consolidar su narrativa, y se erija como héroe, pero que no lo haga con la plata de la gente
99,4%
de la plata que se recuperó en caso Hidroituango vino de los seguros, contrario a lo dicho por el alcalde Quintero.
