El único evento oficial que tenía el presidente Gustavo Petro en su agenda de este 8 de octubre era el reconocimiento de Responsabilidad Internacional por caso de la vereda La Esperanza, donde al menos 16 personas fueron desaparecidas por los paramilitares y miembros de la fuerza pública en 1996. Un evento que las víctimas llevan esperando casi tres décadas.
Aunque el evento estaba citado para las 10:00 a.m, a las 2:0 0p.m., hora en la que se publicó este artículo, el presidente Gustavo Petro y su comitiva no habían llegado al recinto de donde dicho sea de paso, las personas que salen (ni siquiera a almorzar) no pueden volver a entrar.
Los que sí llegaron puntuales fueron el ministro de las Culturas, Juan David Correa, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, a la que ya le tocó improvisar un breve discurso para llenar la agenda mientras el presidente llega.
Mientras tanto, se celebró una eucaristía, se han cantado canciones, proyectado videos y declamado discursos que el presidente Petro no vio ni escuchó.
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El acto de perdón y reconocimiento se realizó como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó la responsabilidad del Estado en los actos cometidos fuerza pública y paramilitares que, con la excusa de supuestos enfrentamientos contra guerrilleros.
El terror en La Esperanza comenzó en junio de 1996. En ese momento ocurrió la primera incursión paramilitar de hombres al mando de Ramón Isaza, quienes llegaron hasta la vereda a sacar de sus casas a supuestos a decenas de personas, acusadas de ser colaboradores de la guerrilla. Los meses siguientes, hasta diciembre, estas escenas se repitieron, dejando en su curso a 16 personas desaparecidas (incluyendo tres menores de edad) y el homicidio de al menos otra víctima.
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Las víctimas que han logrado ser identificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son: Aníbal de Jesús Castaño, Óscar Zuluaga Marulanda, Juan Crisóstomo Cardona Quintero, Miguel Ancízar Cardona Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Andrés Antonio Gallego, Irene de Jesús Gallego Quintero y Leonidas Cardona Giraldo.
Los que sí llegaron puntuales fueron el ministro de las Culturas, Juan David Correa, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, a la que ya le tocó improvisar un breve discurso para llenar la agenda mientras el presidente llega.
Mientras tanto, se celebró una eucaristía, se han cantado canciones, proyectado videos y declamado discursos que el presidente Petro no vio ni escuchó.
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El acto de perdón y reconocimiento se realizó como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó la responsabilidad del Estado en los actos cometidos fuerza pública y paramilitares que, con la excusa de supuestos enfrentamientos contra guerrilleros.
El terror en La Esperanza comenzó en junio de 1996. En ese momento ocurrió la primera incursión paramilitar de hombres al mando de Ramón Isaza, quienes llegaron hasta la vereda a sacar de sus casas a supuestos a decenas de personas, acusadas de ser colaboradores de la guerrilla. Los meses siguientes, hasta diciembre, estas escenas se repitieron, dejando en su curso a 16 personas desaparecidas (incluyendo tres menores de edad) y el homicidio de al menos otra víctima.
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Las víctimas que han logrado ser identificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son: Aníbal de Jesús Castaño, Óscar Zuluaga Marulanda, Juan Crisóstomo Cardona Quintero, Miguel Ancízar Cardona Quintero, Juan Carlos Gallego Hernández, Jaime Alonso Mejía Quintero, Octavio de Jesús Gallego Hernández, Hernando de Jesús Castaño Castaño, Orlando de Jesús Muñoz Castaño, Andrés Antonio Gallego, Irene de Jesús Gallego Quintero y Leonidas Cardona Giraldo.
Según quedó constancia en la Comisión de la Verdad, en 1996, año de los hechos, la vereda fue catalogada por el Ejército como “punto crítico por el constante accionar de grupos guerrilleros”, esta fue la excusa para que crearan lo que llamarían la Fuerza de Tarea Águila, una fuerza especial creada para controlar la Autopista Medellín - Bogotá a la altura de la vereda. El apelativo de “punto crítico de accionar guerrillero” fue la lápida que recayó sobre los habitantes de toda la vereda.
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El personero de la época tuvo la valentía de investigar el caso y desde el principio encontró evidencias sólidas que vinculaban a militares con las desapariciones que ocurrieron durante esos seis meses de terror. Pero en diciembre de ese año fue asesinado en hechos que nunca fueron investigados.