La prórroga de la vigencia de las zonas PDET por diez años más abrió una nueva esperanza para los municipios del Oriente antioqueño que hasta ahora no han podido acceder a los beneficios de esta figura y aspiran a hacerlo en el futuro.
En febrero pasado, el Congreso de la República aprobó la Ley 2565 que modificó el Decreto Ley 893 de 2017, extendiendo la vigencia de los Planes de Desarrollo con enfoque Territorial (PDET) hasta el 28 de mayo de 2037 en las localidades del país que ya tengan esa condición.
Pero, además, la nueva norma ordena actualizar en el lapso no mayor a un año el mapa de los territorios a los que se les aplica esa sigla, que se creó en el marco de los acuerdos de paz con las Farc de 2016, con el propósito de eliminar las brechas de desarrollo diagnosticadas como una de las raíces del conflicto armado que ha vivido el país.
Los que están en ese “club” tienen acceso a una bolsa especial del presupuesto que sobrepasa los cinco billones de pesos bianuales. La otra ventaja es que manejan prioridad dentro del programa de Obras por Impuestos en el que empresas importantes del país amortizan parte de sus obligaciones tributarias proveyendo infraestructuras o servicios esenciales en las zonas de influencia de su actividad económica.
Hasta ahora hay 170 municipios PDET en Colombia y 344 catalogados dentro de las Zomac, equivalentes al 31% del total de entidades territoriales del país.
Pues bien, la intención de doce municipios del oriente de nuestro departamento –San Carlos, San Rafael, San Luis, Granada, Sonsón, Argelia, Nariño, Abejorral, Alejandría, Cocorná, San Francisco y Concepción- es que en esa actualización del croquis PDET los incluya.
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El artículo 7 de la ley 2565 ordena un cambio en el parágrafo tercero del Decreto Ley 893 de 2018 y que su texto quede de la siguiente manera: “Intégrese una comisión conformada por la Dirección Nacional de Planeación, quien coordinará, el Ministerio de Hacienda y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), la cual elaborará un estudio técnico sobre el avance de la implementación de los POET, en un término no mayor a 1 año contado a partir de la publicación de la presente ley”.
El mencionado estudio se lo encomiendan a la Agencia de Renovación del
Territorio (ART) y añaden que deberá partir de reconocer las “características sociales, históricas, culturales y productivas” considerando, por supuesto, los cuatro criterios de priorización para definir los beneficiarios de los PDET: nivel de pobreza (especialmente rural), el grado de afectación derivado del conflicto armado, la debilidad institucional administrativa y la presencia de cultivos de uso ilícito.
El alcalde de San Carlos, Santiago Daza, quien ha fungido como vocero de los alcaldes del Oriente para este tema, apuntó que el apoyo de la bancada antioqueña en el legislativo fue fundamental para que se aprobara la modificación de la ley relativa a los PDET.
Añadió, además, que si bien ellos, al estar dentro de las Zomac (Zonas más afectadas por el conflicto armado) han probado las ventajas del programa de Obras por Impuestos, lo más importante de convertirse en PDET es que podrían acceder a los recursos que se deciden a través de los Ocad Paz (órgano Colegiado de Administración y Decisión del Sistema General de Regalías) creados para viabilizar, aprobar y priorizar proyectos de inversión que implementen el Acuerdo de Paz.
“Esto nos permitiría gestionar recursos con más facilidad sin depender de los impuestos de las empresas, ya que son recursos directos del Estado, debido a que queremos financiar proyectos de transformación productiva, placa huellas, vías terciarias y acueductos para disminuir las brechas”, añadió.
Los beneficios anhelados
Una ventaja adicional es que también los proyectos que presenten como Obras por Impuestos tendrían prioridad en el contexto de las Zomac. Dentro de esa categoría, en la última convocatoria fueron aprobadas iniciativas como una para mejorar la vía que conecta al casco urbano de San Carlos con el corregimiento El Jordán, siendo el más alto presupuesto que recibe el visto bueno en Antioquia en ese contexto: $55.000 millones de un total de $240.000 millones, algo que difícilmente se podría hacer con ingresos de la localidad, donde el presupuesto para 2026 es de $52.000 millones.
Se trata de 6 kilómetros de carretera incluyendo muros de contención y la intervención de taludes complicados que han ocasionado muchos derrumbes y hasta ahora han mostrado interés en financiarla empresas como EPM, Hidroituango, Isagén y Argos.
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Otros proyectos destacados pendientes, también aprobados, son el mantenimiento de la vía San Rafael-Guatapé y la compra de kits de maquinaria amarilla para Alejandría y San Carlos.
Justamente, con el fin de exponer la argumentación que tienen acerca de por qué deben ser admitidos como municipios PDET, para abril los 12 municipios postulantes planean una mesa de trabajo conjunta a la que invitarán a la ART y el DNP, lo mismo que a miembros de la bancada antioqueña en el Legislativo, entre otras personalidades.
Al hablar con EL COLOMBIANO, el actual representante a la Cámara y senador electo por el Centro Democrático Hernán Cadavid, hizo fuertes críticas a los PDET en el sentido de que, la norma que los estipula es rígida en establecer solo 170 municipios beneficiados, cuando hay muchos más que sufren condiciones de pobreza y conflicto que no pueden acceder a los beneficios.
En su concepto, este mecanismo se ha convertido más en un instrumento por el cual los contratistas vieron una manera más flexible de acceder a los recursos del Estado que en una herramienta para lograr un mejor equilibrio en el desarrollo de distintos territorios.
Adicionalmente, citó un informe de la Contraloría que destaca el poco avance en el cumplimiento de los proyectos PDET.
Recordó que, de hecho, a través del representante por Norte de Santander, Diógenes Quintero (q.e.p.d.), varios parlamentarios habían presentado una iniciativa no para acabarlo sino para determinar un instrumentos que permitiera evaluar qué municipios podrían ingresar, pero este no pasó su último debate en el Senado.
Adelantó que próximamente presentará un nuevo proyecto de solo uno o dos artículos creando una metodología para incluir los municipios en el PDET, así como los parámetros para evaluar después si ya superaron las condiciones de marginalidad que los hacen propicios para generar conflictos y entonces reemplazarlos por otros.
El proyecto, según dijo, lo presentará como Representante y, teniendo en cuenta que se posesionará como Senador a partir del 20 de julio próximo, tendrá la oportunidad de defenderlo en esa otra célula congresional.
Cadavid indicó que todavía falta hacer un sondeo en el resto de la bancada del departamento para buscar ganar el respaldo de los senadores y representantes.
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