Mientras juegan piden dinero: crece la explotación de niños indígenas en Medellín

Son 245 niños indígenas los que padecen la mendicidad en la ciudad, dice la Personería. El Poblado y La Candelaria son las comunas más afectadas.

Esta escena es recurrente en la calle 10 y en las zonas turísticas de El Poblado: madres e hijos tirados en la calle pidiendo limosna para pagar su hospedaje en la ciudad. FOTOS camilo suárez
Esta escena es recurrente en la calle 10 y en las zonas turísticas de El Poblado: madres e hijos tirados en la calle pidiendo limosna para pagar su hospedaje en la ciudad. FOTOS camilo suárez

La calle 10 de El Poblado se ha vuelto una “guardería” a cielo abierto: niños y niñas indígenas juegan con muñecas o pintan cartillas, mientras estiran la mano pidiendo dinero. La fotografía también retrata a grupos de mujeres, con sus pequeños en brazos, buscando unos pesos para pagar la pieza en los inquilinatos del Centro y, si alcanza, también comer. El problema, más que la mendicidad, saca a flote la vulneración de los derechos de estos menores: son 245 los que afrontan este flagelo, según la Personería de Medellín.

La cifra es la más actualizada con corte a septiembre pasado. Compone un global de 582 indígenas en situación de mendicidad en la ciudad. De nuevo, las imágenes que se capturan a pleno día en la comuna 14 reseñan lo que ocurre: afuera de las discotecas que encienden sus reflectores y parlantes se asientan decenas de mujeres embera katío con sus hijos: piden dinero porque las desplazó la “guerrilla” o porque llegaron hace poco.

Marina, quien dejó la región chocoana del Alto Andágueda hace tres años, cuida el sueño de su hija de la misma edad mientras teje un pedazo de tela. Están en el suelo, sobre cartones, a merced de la generosidad de quienes transitan por la 10 y luego se internan en Provenza; a merced de la contaminación, el ruido, la lluvia y el sol. La pieza en el Centro le cuesta a Marina $20.000 diarios. Allí la esperan sus otros dos hijos, que están en quinto grado. Su esposo murió.

Marleny, sobre la misma calle, más cerca de la estación Poblado del metro, carga en brazos a un pequeño de dos meses. También dejó el Alto Andágueda y en la ciudad ajusta tres meses. Cuida de los hijos de una familiar enferma: ellos, mientras piden monedas, se llevan pedazos de pan a la boca. Es lo que venden en la panadería vecina. “Nadie nos quita la plata; es para pagar la pieza y la comida”, dice.

Las escenas no tienen espacio para la romantización, son más bien signos de una alerta que la ciudad aún no atiende por completo: las niñas bailan con sus madres hasta la madrugada, al ritmo de las canciones que escuchaban en sus resguardos y de las que marcan línea en las discotecas. Niñas que no llegan a los diez años mueven sus cuerpos sin parar, a cambio de una moneda en espacios sitiados por la prostitución.

Pero la situación no es exclusiva de El Poblado. Los reflectores que se posan sobre este sector por cuenta del turismo no dejan ver que la problemática llega al Parque Berrío, la avenida Oriental, la Playa, el Palo y Maracaibo; a la avenida Guayabal y el parque Cristo Rey; y a La América, cerca de los sectores Simón Bolívar y La Castellana. “Los niños y mujeres están a la intemperie. Y aunque sus madres dicen que lo hacen de forma voluntaria por falta de recursos, los hombres se quedan en los inquilinatos”, afirma el personero William Vivas.

El funcionario toca un punto clave, que aunque no es confirmado por la Organización Indígena de Antioquia, refleja la explotación que padecen los menores. Los hombres, cabezas de hogar en muchos casos, delegan el pedido de dinero en sus esposas e hijos. Y si bien la Personería no tiene denuncias sobre esta explotación, entre los conocedores del fenómeno se dice que algunas veces los dineros terminan en manos de ilegales.

Esta escena es recurrente en la calle 10 y en las zonas turísticas de El Poblado: madres e hijos tirados en la calle pidiendo limosna para pagar su hospedaje en la ciudad. FOTOS camilo suárez

¿Qué se está haciendo?

Marina y Marleny insisten en que nadie les arrebata el dinero que reciben cuando piden; que con este pagan arriendo y comida, nada más. Pero el fenómeno que protagonizan es solo la punta del problema. No importa en últimas quién se quede con el dinero, sino que de por medio hay niños que no acceden a una casa digna, a educación y salud de calidad, además de que viven en constante riesgo de explotación laboral y sexual.

Hay otras barreras que hacen complejo el tratamiento: la lengua de los embera katío y los emberá dóbida —también víctimas de este flagelo— dista mucho del español; los programas de la Alcaldía, según la Personería, no son suficientes; tampoco los de la regional del Icbf, que “posee poca información sobre las familias de los menores para verificar sus derechos”.

Lo que sí está claro es que el fenómeno ha crecido: la Alcaldía trabaja con los datos publicados por el Dane en 2019, cuando los indígenas —sin distinción de edad— representaban el 1% de los 3.788 habitantes de calle censados en la ciudad. Es decir: eran 38 indígenas los que integraban este mapa, mientras que la cifra de solo niños contados por la Personería ahora ronda los 250.

La administración, a través de la Gerencia Étnica, cuenta con una unidad móvil que atiende a los indígenas en situación de mendicidad, en especial a los menores. “En los casos en los que se considera que se les están vulnerando los derechos se buscan acciones para restablecerlos a través del Icbf, entidad competente para tomar medidas de este tipo”, sostienen.

También hay un plan de atención, pedagogía para evitar que los menores terminen en la calle pidiendo dinero y trabajadores sociales, psicólogos y traductores. Esto, sin embargo, es insuficiente: calles como la 10 lucen hoy como una “guardería” a cielo abierto; una que representa riesgos incalculables para los niños indígenas.