Hay un lugar a donde van a dar los animales silvestres que decomisan las autoridades en el Valle de Aburrá; la idea allí es curarlos y acondicionarlos antes de devolverlos a su hábitat natural. Y resulta que este sitio ahora está trabajando a media marcha por cuenta de los incumplimientos a un contrato en el que está involucrada una firma que fue previamente allanada por líos de corrupción, pero podrían haber pesado más sus conexiones políticas.
Existe un hecho que puede ser o no coincidencia: su dueño fue el casero del congresista del Pacto Histórico Álex Flórez en una lujosa propiedad que al parecer le alquiló a un precio menor al del mercado.
El Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre (CAV) del Área Metropolitana queda en Barbosa y el contrato para construir dentro de este el módulo de cuarentena fue firmado por $11.058 millones pero le hicieron una adición por casi la mitad de ese monto, para quedar en $15.781 millones. La justificación fue el ajuste de diseños estructurales porque las bases tuvieron que ser más profundas, además de cambios en el sistema de aire acondicionado.
Esta fue una de las dos únicas obras que el Área entregó por concurso abierto en la administración anterior, porque Juan David Palacios se caracterizó por los millonarios proyectos de infraestructura sin licitación, valiéndose de contratos interadministrativos. La otra fue un circuito de ciclorrutas de 1 km que iba por las inmediaciones de la Terminal de Transportes del Sur y el aeropuerto Olaya Herrera, por 2.226 millones de pesos.
La licitación del CAV de Fauna Silvestres fue publicada el 9 de octubre de 2020 y se presentaron 31 proponentes siendo el ganador el consorcio CC Barbosa 2020, conformado por las firmas Construcciones y Pavimentos SAS, Concypa (40%) y Cabar Construcciones SAS (60%).
Ahí es donde empieza lo interesante de esta historia, porque cuando el Área Metropolitana otorgó este contrato todavía estaba fresco el escándalo de corrupción que involucraba a varias firmas antioqueñas con un saqueo al erario de la isla de San Andrés, y Concypa fue una de ellas. Es más, en un allanamiento a sus oficinas, en marzo de 2019, la Fiscalía se incautó de $400 millones en efectivo dentro de una caja fuerte.
Su socia, Cabar, tampoco estaba libre de señalamientos, pues en 2017 hizo parte de un consorcio que se comprometió a levantar un hospital en Soacha por $49.000 millones y no solo incumplió sino que la Fiscalía la investigó porque presuntamente los pliegos fueron hechos a la medida.
Concypa volvió a ser noticia en septiembre de 2022. Medios de comunicación revelaron que una firma ligada con una hija de uno de los socios, Carlos Alberto Cardona Flórez, figuraba como dueña de una lujosa casa de La Estrella, de más de 600 metros cuadrados, en la que vivió el entonces concejal de Medellín y ahora senador por el Pacto Histórico Alex Flórez. El asunto es que, según Flórez, el alquiler era de $4 millones, pero en el mercado costaría más.
El año pasado Concypa mojó de nuevo prensa y esta vez fue porque era parte de un consorcio en el que iba con dos firmas más, el cual habría incumplido y no pagó a trabajadores en la construcción del Coliseo Menor de Ibagué por $13.700 millones.
Las obras en discusión
En el caso del centro metropolitano de fauna silvestre el compromiso no solo era acometer las obras civiles del módulo de cuarentena sino suministrar algunos aditamentos como las jaulas para mamíferos, aves y reptiles. Pero la historia tampoco va camino a un final feliz.
En el acta de terminación del 17 de abril pasado, que no le fue admitida a CC Barbosa 2020 y por lo tanto le tienen retenido un pago de $1.000 millones, la interventoría apunta que hubo ítems no ejecutados y “ello representa de forma patente el no cumplimiento pleno y satisfactorio de las actividades contractuales”. Habla además de varios llamados que le hicieron al consorcio por bajo rendimiento al ejecutar el cronograma.
Al ser consultados por EL COLOMBIANO, los nuevos directivos del Área Metropolitana dijeron que no se pronunciarían sobre el tema entre tanto conozcan al detalle el proyecto. No obstante, una fuente cercana a la protección de los animales y conocedora de estos tejemanejes indicó que si bien el grueso de la obra civil de la edificación quedó bien, incluyendo la red contra incendios y el aire acondicionado, faltan detalles protuberantes que hacen que este centro a donde en promedio llegan por año unos 25.000 animales, opere solo a la mitad de lo que debiera. Por ejemplo, hay goteras debido, presuntamente, a que al techo le faltaron los chaflanes que unen las tejas con las paredes para que el agua no se filtre; los desagües no tendrían tampoco la eficiencia prevista; no instalaron, según la fuente, mallas y unas rejillas longitudinales en acero inoxidable y faltarían varios pasamanos. En las salas de cirugía faltaron los mesones y la sección de Rayos X habría quedado incompleta.
Otra falla tendría que ver con las jaulas, que serían 300 de distintos tamaños dependiendo de la especie, según la fuente, y solo habrían entregado 154, aunque incompletas porque 90 destinadas a aves no trajeron las bandejas de acero inoxidable pertinentes para poder limpiar las suciedades.
Por alguna razón difícil de explicar, dice la fuente, la administración anterior del Área no declaró la caducidad y ahora, por todo lo anterior, el bloque clínico solo opera para hacer diagnósticos, es decir que cumple apenas la mitad de su cometido, igual que las zonas de cuarentena por no tener las jaulas habilitadas para los “huéspedes”. Pero además, hay alrededor de 3.000 millones de pesos en juego, si se cuentan los 1.000 del acta que no aceptaron el interventor ni el Área, más los 2.000 que costarían las jaulas.
Por su parte, la ingeniera que dirigió el proyecto por el consorcio constructor, Carolina Díaz, aseguró que el contrato ya se llevó acabo, aunque no se haya liquidado.
Las discusiones por lo pronto giran en torno a si los nuevos directivos del Área aceptarán lo entregado descontando del pago final lo que falta, o si van más allá y declaran el incumplimiento para cobrar las pólizas. Eso dejaría a Cabar y Concypa inhabilitadas para contratar más con entidades estatales.
Del lado del Consorcio, de acuerdo con la ingeniera Díaz, buscarán que les reconozcan sus argumentos en una liquidación bilateral y luego Concypa y Cabar definirían si pelean por vías administrativas o judiciales por un reconocimiento de perjuicios que según ellos han sufrido. Este diario buscó a Carlos Carmona, de Concypa, y a los directivos de Cabar, pero no habían contestado al cierre de esta edición.
Quedan sin embargo las inquietudes de por qué el Área en el periodo anterior contrató con dos firmas con historial negro y por qué, si la interventoría vio que había argumentos, no aplicaron a tiempo los correctivos que evitaran un retraso tan grande que va en detrimento de la conservación de las especies animales.
15.781
millones de pesos es el valor del contrato, incluyendo una adición de $4.723 millones.
