Una certificación de la Contraloría General de República en el sentido de que la pasada gobernación de Sergio Fajardo violó la Ley 617 al exceder los gastos de funcionamiento permitidos, añadió un nuevo capítulo a la posibilidad de que el Departamento baje de categoría.
Según la actual administración de Luis Pérez, el certificado, expedido por la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, indica que los gastos de funcionamiento del Departamento durante la vigencia de 2015 representaron el 50,9 por ciento de los ingresos corrientes de libre destinación.
A juicio de la Gobernación, con la reclasificación, se pasaría de categoría especial a categoría primera, “lo que implica disminución en los salarios de los funcionarios departamentales y diputados”.
Además, implicaría la adopción obligatoria de un programa de saneamiento fiscal, con el objeto de restablecer la solidez económica y financiera del Departamento.
Agregó la Administración Seccional que la Contraloría General podría tener el control fiscal sobre el departamento y que ninguna entidad financiera otorgaría créditos sin previa autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la suscripción de un plan de desempeño fiscal.
El certificado fue firmado por la contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas, Gloria Patricia Rincón Mazo, el día 11 de julio de 2016.
Voceros de la administración de Sergio Fajardo señalaron que durante el empalme advirtieron al actual gobierno que el Departamento cerraría con déficit si los distribuidores de la Fábrica de Licores de Antioquia no honraban los compromisos adquiridos.
