La Contraloría General de la República asumió la investigación que venía siendo adelantada por la Contraloría de Antioquia por un presunto detrimento patrimonial en el contrato de ciclorrutas del Oriente antioqueño, proceso al que se vinculó al gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, por su gestión cuando fue alcalde de Rionegro en el periodo 2016 y 2019.
La medida fue adoptada mediante resolución del despacho del Contralor General, luego de analizar las solicitudes presentadas y los argumentos que advertían presuntos riesgos para la imparcialidad y la independencia del control fiscal en el departamento.
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Entre los argumentos analizados por la Contraloría General para tomar esta decisión se encuentra un presunto conflicto de intereses, debido a que el contralor departamental electo, Juan Carlos Herrera Toro, se desempeñó como apoderado del gobernador de Antioquia.
“Tiene asidero el planteamiento de que el nuevo Contralor Departamental de Antioquia tiene un vínculo político con el actual gobernador departamental que puede comprometer su imparcialidad y objetividad para el trámite y decisión de la acción fiscal en el proceso de responsabilidad fiscal mencionado, dado que fungió como su apoderado de confianza, lo que a la postre podría favorecer al señor gobernador departamental, Andrés Julián Rendón Cardona, imputado como responsable fiscal en ese proceso”, indicó la Contraloría General en el documento.
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En su análisis, la Contraloría General concluyó que estos hechos configuran la causal de “presiones o injerencias que puedan afectar las acciones de vigilancia y control fiscal”, contemplada en el Decreto Ley 403 de 2020, lo que hace viable la intervención funcional excepcional. El ente nacional señaló que, aunque algunos escenarios se proyectan a futuro, la sola posibilidad de afectación a la imparcialidad compromete las garantías del debido proceso administrativo.
La respuesta del gobernador Rendón
El COLOMBIANO consultó con la Gobernación de Antioquia sobre la decisión de la Contraloría e indicaron que el contrato de ciclorrutas es una obra contratada por Indeportes y VIVA de la Gobernación a cargo de Luis Pérez Gutiérrez y que nunca se ejecutaron las obras que ellos mismos diseñaron, sin embargo, la Alcaldía de Rionegro ayudó con el proyecto con recursos.
“Los municipios de Guarne y Rionegro, se adhirieron subsidiariamente para ayudar en la gestión predial. Para esto, en su momento, la Alcaldía de Rionegro puso $800 millones”, explicó la Gobernación.
Incluso, la Gobernación afirma que hubo dificultades para adelantar la gestión predial porque las entidades de la administración de Luis Pérez remitían, presuntamente, con errores la información de las fichas técnicas.
“Tal es el caso de un predio que era de la nación, según las fichas catastrales de Rionegro, pero la administración de VIVA de esa época, decía que era del exgobernador Luis Pérez y que debían comprarse a él”, indicó la Gobernación.
Con estos argumentos, indica la administración departamental, el gobernador Andrés Julián se defenderá, “en la Contraloría departamental, nacional y donde la justicia lo requiera”.
¿En qué consistía el proyecto de ciclorrutas?
El proyecto de la cicloinfraestructura fue creado el 5 de abril de 2017, como una estrategia bandera del exgobernador de Antioquia, Luis Pérez. Esta iniciativa tenía el fin de promover la movilidad sostenible en el departamento. En un comienzo, el proyecto se creó con el fin de estructurar técnica y financieramente un paquete de obras en al menos tres subregiones de Antioquia, las proyecciones apuntaban a construir cerca de 500 kilómetros en todo el departamento.
Sin embargo, posteriormente, esa meta se redujo a 143,5 kilómetros, de los cuales 67 estarían ubicados en el Oriente y conectarían a Guarne, Rionegro, El Retiro y La Ceja. Para su ejecución se suscribió un contrato interadministrativo entre Indeportes Antioquia y la Empresa de Vivienda de Antioquia - VIVA por más de $34.458 millones.
La Contraloría de Antioquia afirmó que en este proyecto hubo un presunto detrimento patrimonial por una suma superior a los $26.186 millones, valor que correspondía a los recursos pagados a VIVA por parte de Indeportes.
La imputación de cargos también incluye a Hernán Darío Elejalde, exgerente de Indeportes, al hoy gerente de VIVA, Rodrigo Hernández (pero vinculado al proceso en su calidad de exgerente de la Edeso), a siete exfuncionarios de esa entidad, a una firma contratista y una aseguradora internacional, entre otros funcionarios, quienes habrían tenido, presuntamente, algún grado de responsabilidad en la estructuración, ejecución o supervisión del proyecto.
Frente a la formulación de cargos que hizo la Contraloría de Antioquia a finales del año pasado, la Gobernación de Antioquia cuestionó el momento y la competencia de la actuación de la entidad. La administración señaló que se trataba de una “actuación inusitada”, realizada a pocos días de la salida de la contralora Enedith González Hernández, y afirmó que el proceso tiene un “tinte político”.
Según la Gobernación, la funcionaria se habría extralimitado en sus funciones, por lo que se solicitó la nulidad del proceso. Además, aseguraron que los puntos críticos de las ciclorrutas están siendo contratados por la actual administración y atribuyó la actuación del ente de control a un “desesperado accionar”, luego de que a la contralora saliente le fuera negada la creación y el nombramiento de cerca de 200 cargos.
Sobre lo expresado por la Gobernación, la Contraloría de Antioquia también se pronunció en su momento y aseguró que el proceso no correspondía a una actuación reciente ni improvisada.
Según precisó el ente de control, el auto de apertura fue emitido el 1 de junio de 2022 y, desde entonces, el trámite avanzó cumpliendo las etapas probatorias y de contradicción previstas en la Ley 610 de 2000.
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