A escasos meses del inicio de un nuevo proceso de elección, la Contraloría General de Antioquia ha vuelto estar en el centro del ojo público por cuenta de varios cuestionamientos asociados a su funcionamiento y a presuntas movidas para favorecer intereses políticos.
Las dos denuncias más recientes se han asociado por un lado al nombramiento de personas implicadas en escándalos de la alcaldía de Daniel Quintero y el caso del exsenador Julián Bedoya, así como un proyecto de ordenanza con el que se busca modificar la planta de cargos, este último justo en la antesala del cambio de contralor.
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Sin embargo, el ente de control ha estado salpicado por más cuestionamientos en años recientes, sobre todo asociados a la presunta cercanía de la actual contralora, Enedith del Carmen González Hernández, con figuras políticas como Bedoya y, sobre todo, el senador consevador y exalcalde de Itagüí, Carlos Andrés Trujillo.
Estos señalamientos han puesto sobre la mesa que el ente de control todavía está lejos de zafarse de una crisis reputacional que arrastra desde hace varios años y que tuvo uno de sus antecedentes más críticos durante el periodo del excontralor Sergio Zuluaga, quien renunció a su cargo en 2019 tras ser señalado de mentir en su hoja de vida y presuntamente aprovecharse de su cargo para practicarse cirugías plásticas en el Hospital La María.
¿En manos de quién está la Controlaría de Antioquia?
Desde el pasado proceso de elección, realizado en 2021, la actual contralor González Hernández fue cuestionada de entrada por su supuesta cercanía con el grupo político de los conservadores de Itagüí, encabezado por el senador Carlos Andrés Trujillo.
Dichos señalamientos se apoyaban principalmente en su paso por la Contraloría de ese municipio, que incluso le costó una recusación formulada entonces por el diputado Luis Eduardo Peláez Jaramillo, quien la señaló como la candidata el exdiputado Jaime Cano, entonces presidente de la corporación y quien señaló de tener un conflicto de interés.
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“Aquí la pregunta es si la coalición de gobierno ya tiene un candidato”, cuestionó entonces Peláez.
Durante la sesiones en la que el tema se discutió, González Hernández se defendió argumentando que su llegada a la Contraloría de Itagüí había sido producto de un concurso de méritos y rechazó que su candidatura estuviera asociada a influencias políticas.
“No soy familiar de Enedith Del Carmen González, ni del senador Carlos Andrés Trujillo”, dijo por su parte el exdiputado Cano, calificando la recusación como un acto “traicionero”.
Pese a esa controversia, González fue elegida por un amplio margen en la Asamblea, contando con el respaldo de 21 diputados.
Los otros escándalos que han marcado la gestión de la contralora de Antioquia
Durante sus últimos tres años, González ha estado en el centro de más controversias.
Una de las más importantes estuvo asociada a la llegada a esa entidad de la hermana del exsenador liberal Julián Bedoya, Andrea Bedoya, quien ocupa el cargo de subcontralora y estuvo a punto de ser nombrada a mediados de 2024 como contralora encargada durante las vacaciones de González.
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Dicho nombramiento en encargo posteriormente se desbarató cuando se hizo público, a mediados de 2024.
Este año nuevas denuncias volvieron a recaer sobre el órgano de control, la primera de ellas asociada a un proyecto de ordenanza radicado en la Asamblea en la que la contralora pidió autorización para eliminar 66 cargos de libre nombramiento y remoción y crear el mismo número de cargos de carrera administrativa.
Aunque la Contraloría argumentó que dicho cambio sería una medida para reducir los costos administrativos, en cerca de $1.089 millones, en otros sectores políticos generó suspicacia por considerarse que podría ser una movida para atornillar a funcionarios justo antes del cambio de contralor este año.
De igual forma, la segunda controversia estalló este mes, por cuenta de una denuncia del diputado José Luis Noreña, quien reveló que en el ente trabajan dos personas con líos con la justicia: una ex funcionaria del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, identificada como Laura María Mejía e imputada por el caso del escándalo del Parque de las Aguas; y un exdocente de la Universidad de Medellín, condenado por su participación en el caso de la obtención del título de abogado del título de abogado.
“La Contraloría hace claridad sobre los señalamientos contra dos servidores públicos; cuyas afirmaciones realizadas en su contra no cuentan con decisiones judiciales en firme que afecten su idoneidad, ni han representado inhabilidades legales para el ejercicio de sus funciones; estos funcionarios fueron vinculados a la entidad a través de procesos de contratación que se ciñeron rigurosamente a la normatividad vigente y a los principios de legalidad, cumpliendo con altos estándares de transparencia y objetividad”, argumentó la Contraloría sobre esta última controversia, defendiendo también su gestión durante el último periodo.
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