La Contraloría General de la República ordenó el archivo de dos procesos de responsabilidad fiscal que cursaban en contra del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, relacionados con la construcción de dos Comandos de Atención Inmediata (CAI) en el municipio de Rionegro durante su periodo como alcalde (2016-2019).
La Dirección de Investigaciones 4 de la Unidad de Responsabilidad Fiscal determinó la inexistencia de daño patrimonial al Estado en las obras de los CAI de los sectores Cuatro Esquinas y San Antonio de Pereira. Las investigaciones indagaban sobre un presunto detrimento que sumaba cerca de $1.270 millones, bajo la hipótesis inicial de que las infraestructuras no estaban prestando el servicio de seguridad para el cual fueron contratadas.
Los argumentos del archivo
El ente de control fundamentó su decisión en nuevas pruebas documentales y visitas técnicas que corroboraron que las obras no solo fueron ejecutadas conforme a los diseños, sino que actualmente se encuentran en funcionamiento y ocupadas por la Policía Nacional.
En el caso del CAI Cuatro Esquinas, cuyo presunto daño se estimaba en más de $433 millones, la Contraloría concluyó tras la inspección técnica que “la infraestructura ejecutada guarda una congruencia técnica y arquitectónica con los planos de diseño aprobados, materializando las áreas operativas necesarias para el servicio policial”.
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El fallo subraya que la obra cumple con su finalidad pública, desvirtuando la hipótesis de una gestión ineficaz. Al respecto, el auto señala:
“La obra se encuentra en funcionamiento conforme a los lineamientos establecidos y cumpliendo la función para la cual fue contratada”.
Para el caso del CAI San Antonio de Pereira, donde se investigaba un presunto detrimento superior a los $836 millones, el organismo de control llegó a una conclusión similar tras verificar la entrega formal del bien mediante contrato de comodato y su operatividad. El informe técnico citado en la decisión destaca:
“La obra se encuentra en un estado funcional satisfactorio, con sus sistemas hidrosanitarios, eléctricos y de telemática operativos. Se destaca que la unidad policial ocupa actualmente el inmueble en condiciones de habitabilidad avaladas formalmente por la Policía Nacional”.
En ambos expedientes, la Contraloría aplicó el principio de que sin un daño cierto y cuantificable no existe responsabilidad fiscal. El documento concluye que “no existe un daño cierto, especial, anormal y cuantificable con arreglo a su real magnitud”, por lo cual se procedió al archivo y a la desvinculación de las aseguradoras implicadas.
Sigue activo el proceso de las ciclorrutas
Pese al cierre de estos expedientes, el gobernador Rendón enfrenta otra investigación fiscal vigente relacionada con el proyecto de las ciclorrutas del Oriente antioqueño. En este caso, la Contraloría General de la República asumió el control preferente de la investigación que adelantaba la Contraloría de Antioquia, desplazando al ente territorial.
Esta investigación indaga un presunto detrimento patrimonial de $26.186 millones en un contrato firmado entre Indeportes y la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) para la construcción de cicloinfraestructura en municipios como Rionegro y Guarne. El ente nacional tomó el control del caso argumentando un posible conflicto de intereses, dado que el actual contralor departamental fungió anteriormente como apoderado del gobernador Rendón.
Sobre este proceso, la Gobernación ha manifestado que los puntos críticos de las obras corresponden a ejecuciones de la actual administración y ha calificado la actuación de la Contraloría departamental saliente como una extralimitación de funciones.
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