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Camargo Correa defiende su actuación en Hidroituango

La constructora brasileña asegura estar contribuyendo de manera transparente con la investigación que se desarrolla por retrasos y sobrecostos.

  • Camargo Correa defiende su actuación en Hidroituango
05 de diciembre de 2020
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Contraloría imputó a constructora Camargo Correa, junto a 27 exfuncionarios y contratistas, en un proceso por presuntas “fallas e improvisaciones” en construcción de Hidroituango. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ

La brasileña Camargo Correa defendió su participación en la construcción del proyecto Hidroituango, sobre el que cursa una investigación fiscal por retrasos y sobrecostos.

“En estos ocho años, todas las etapas de la obra fueron previamente validadas por su cliente, cumpliendo con los compromisos contractuales”, aseguró la constructora en un mensaje enviado a la agencia de noticias AFP.

Cabe recordar que la culminación de Hidroituango estaba prevista para finales de 2018. Sin embargo, dos años después, la obra se encuentra inconclusa y tras la emergencia ocasionada por el taponamiento de la galería auxiliar de desviación, que provocó una creciente súbita y obligó a evacuar a 25.000 personas en abril de 2018.

El pasado jueves, la Contraloría imputó a Camargo Correa, junto a 27 exfuncionarios y contratistas, en un proceso por presuntas “fallas e improvisaciones” en la construcción de la hidroeléctrica.

Las obras están a cargo del consorcio CCC Ituango, integrado por la brasileña Camargo Correa (55 %), Conconcreto (35 %) y Coninsa-Ramón H (10 %).

Según el ente de control, la constructora deberá responder específicamente por “sistemáticos atrasos” en la ejecución del proyecto.

La compañía brasileña aseguró estar “contribuyendo de manera transparente” con la investigación y expresó su confianza “en los órganos competentes para que avancen a favor de la integridad y transparencia, fundamentales para la culminación de la obra”, prevista para 2022.

Tras la imputación de cargos se llevará a cabo un proceso por responsabilidad fiscal, que no implica sanción penal pero que podría desembocar en embargo de activos.

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