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Antioquia | PUBLICADO EL 12 octubre 2022

Se cayó el “negociazo” del megalote de Aguas Vivas

El Consejo de Estado ratificó la negativa al plan de conciliación avalado por la Alcaldía de Medellín.

  • El megalote Aguas Vivas mide 147.000 metros cuadrados y queda en la vía Las Palmas, junto a la finca Las Brisas, de propiedad de Luis Pérez.En el pasado este también tuvo parte. FOTO julio herrera.
    El megalote Aguas Vivas mide 147.000 metros cuadrados y queda en la vía Las Palmas, junto a la finca Las Brisas, de propiedad de Luis Pérez.En el pasado este también tuvo parte. FOTO julio herrera.
  • El fallo del Consejo de Estado es contundente.
    El fallo del Consejo de Estado es contundente.
  • El megalote Aguas Vivas mide 147.000 metros cuadrados y queda en la vía Las Palmas, junto a la finca Las Brisas, de propiedad de Luis Pérez.En el pasado este también tuvo parte. FOTO julio herrera.
    El megalote Aguas Vivas mide 147.000 metros cuadrados y queda en la vía Las Palmas, junto a la finca Las Brisas, de propiedad de Luis Pérez.En el pasado este también tuvo parte. FOTO julio herrera.
  • El fallo del Consejo de Estado es contundente.
    El fallo del Consejo de Estado es contundente.

El Consejo de Estado le tumbó definitivamente a la administración de Daniel Quintero el pago de más de 40.000 millones de pesos que les pensaba hacer a los dueños del lote Aguas Vivas, ubicado en la parte alta de El Poblado.

EL COLOMBIANO había denunciado cómo la Alcaldía de Medellín había renunciado a defenderse ante una reclamación millonaria por parte de los dueños de este megalote de 147.000 metros cuadrados ubicado en la vía a Las Palmas; también se reseñó un posible tráfico de influencias que comprometería a funcionarios y aliados de Quintero.

En cambio del litigio que ha sido la fórmula más acostumbrada para salvaguardar los recursos del erario a nivel local, la oficina de Defensa y Protección de lo Público, con ayuda de la Secretaría de Gestión Territorial, había aceptado una conciliación como la vía más expedita para el pago. Y como este mecanismo fue rechazado a finales de diciembre pasado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, tanto dependencias de la administración como los exdueños del terreno llevaron el caso ante el Consejo de Estado, que en una decisión de cierre el pasado 23 de septiembre falló en el sentido de corroborar lo que ya habían dicho los magistrados regionales.

En el documento —que se conoció este martes—, el Alto Tribunal argumenta que la conciliación no era el mecanismo apropiado para subsanar las fallas de legalidad que se alegaron frente a la cesión gratuita del lote en mención que realizaron las firmas IDC, Técnicas Constructivas y Juan Manuel Villegas.

En principio, los tres socios habían ofrecido la finca Aguas Vivas al Municipio para que la incorporara al banco de tierras con las cuales los constructores pagan los derechos por obligaciones urbanísticas que se originan cuando levantan un edificio, hacen una urbanización o un complejo industrial. La intención es generar espacio para el disfrute de las comunidades.

La cesión no consideró ninguna compensación económica directa, sino que IDC, TC y su socio debían recuperar su inversión en el predio negociando con agentes del sector inmobiliario que tuvieran proyectos.

Sin embargo, no lo lograron y por eso alegaron que el Municipio debía haber proveído los clientes para los derechos de obligaciones inmobiliarias y que había incurrido en enriquecimiento sin causa, lo cual era una falla que ameritaba echar atrás la escritura que se firmó.

En principio, pedían entre $48.000 y $54.000 millones por su bien, más los perjuicios.

El fallo del Consejo de Estado es contundente.
El fallo del Consejo de Estado es contundente.

El secretario de Gestión y Control Territorial, Carlos Mario Montoya, avaló los argumentos en discusiones internas aún contra el criterio de los expertos técnicos de su dependencia y con base en ellos la oficina encargada de la defensa en la Secretaría General de la Alcaldía aceptó conciliar por la suma de $40.509 millones. Su argumento adicional era que el terreno se necesitaba para la infraestructura principal del Valle del Software, el proyecto bandera de Daniel Quintero.

Aunque la Procuraduría le dio el visto bueno al negocio, en una sentencia previa a la vacancia judicial de diciembre de 2021, el Tribunal Administrativo de Antioquia lo rechazó. Si bien aceptó que pudo haber vicios legales, conceptuó que estos no alcanzaban a invalidar el acto y que en cambio se podía lesionar el patrimonio público.

¿Interés indebido?

Llama la atención que uno de los socios de Aguas Vivas en el pasado fue el exgobernador y exalcalde Luis Pérez. Además, que detrás de IDC ha estado Felipe Agudelo, gran amigo y asesor de este en campañas electorales. Fuera de eso, el secretario Montoya ha sido aliado político del exmandatario de Medellín que actualmente es investigado por la Fiscalía debido a su vinculación con un negocio en el que hay sombras de narcos y paramilitares, el de Torrealta, en el municipio de El Retiro (oriente antioqueño).

Fuentes consultadas en diciembre pasado le dijeron a este diario que Agudelo “patinó” personalmente en las oficinas de La Alpujarra lo relacionado con Aguas Vivas. Además, hubo varios funcionarios que “coincidencialmente” salieron luego de tomar decisiones al respecto.

Uno de ellos fue el entonces subsecretario de Defensa Jurídica Julián Darío García. La renuncia de este exfuncionario fue pedida tras una primera negativa a conciliar. Casi inmediatamente se separó del cargo, el tema volvió a la misma instancia y su reemplazo votó a favor del arreglo. Ayer García trinó en Twitter: “Consejo de Estado confirma lo que, en su momento, defendimos desde lo público (2021)”.

40
mil quinientos nueve millones era la cifra del arreglo que habían planteado.

Si quiere más información:

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