Mientras las autoridades nacionales informan que los cubanos frenados se acogieron voluntariamente a las deportaciones y abandonaron el territorio colombiano, los migrantes presentaron, ante el Tribunal Superior de Medellín, una tutela donde exigen que se detengan las deportaciones y se les garantice el derecho al debido proceso.
El acto fue radicado en Medellín ya que los jueces de Turbo no son competentes porque las tres entidades demandadas son de orden nacional.
“La tutela se hace para defender los derechos de estos cubanos y buscamos el amparo del derecho a la No Devolución y el Debido Proceso porque a esas personas no se les ha iniciado ningún proceso sansonatorio de deportación”, explica Juan Esteban Montoya, abogado defensor de Derechos Humanos.
La solicitud de suspender la deportación, se sustenta en el Principio de No Devolución, establecido en el Derecho Internacional y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); que consiste en que no se puede devolver un migrante a su país de origen, cuando en ese lugar va a tener un castigo.
Según información recolectada por el abogado, más de 500 cubanos manifestaron que si los deportaban, el régimen de los Castro tomaría represalias en su contra.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por la situación de estas personas, expresando su “profunda preocupación” por las condiciones tan vulnerable en que se encuentran los isleños en Urabá.
El defensor señaló que las deportaciones que Migración presentó como voluntaria son un engaño y se basan en la expedición de un documento en el que los migrantes se comprometen a dejar el país y renuncian al debido proceso que tendría que adelantar el Estado colombiano.
“Les decía que firmaran un salvoconducto y era en realidad una deportación voluntaria y ellos no sabían lo que estaban firmando. Ningún cubano va a firmar una deportación cuando sabe las consecuencias que va a tener en su país”, añade Montoya.
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