La Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) se pronunció en rechazo a la retención de la que fueron víctimas varios de sus funcionarios presentes en el municipio de Jericó, Antioquia, en hechos registrados el pasado martes 9 de febrero.
Según reportó la entidad, la comunidad retuvo ilegalmente a un equipo técnico que prestaba sus servicios en zona rural de ese municipio del Suroeste antioqueño, en desarrollo de un convenio para la reglamentación de la microcuenca quebrada La Palma.
“El hecho es el último registrado, de una serie de situaciones que desde el año 2020 han dificultado la labor de la autoridad ambiental en ese territorio, debido a obstrucciones generadas por algunos miembros de la comunidad que han impedido la realización de visitas y actividades técnicas”, detalló Corantioquia.
Tras lo sucedido, la entidad ambiental aseguró que interpondrá las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes para que tomen medidas contra los responsables de la retención de sus funcionarios y contratistas que estaban realizando trabajo en campo.
En esa línea, se resaltó que los trabajos que se adelantan en la quebrada La Palma, dentro de su proceso de reglamentación, no tiene relación con la Minera de Cobre Quebradona, que actualmente es objeto de evaluación del licenciamiento ambiental por parte de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
“La reglamentación de la quebrada La Palma hace parte de la implementación del Plan de Ordenamiento del Recurso Hídrico (PORH) del río Piedras, para lo cual existe un convenio entre Corantioquia y el municipio de Jericó, contratante de la empresa Construdinco Civiles y Ambientales Limitada como ejecutora de las actividades”, se lee en el comunicado oficial.
Sobre este proyecto se detalló además que en la reglamentación se realiza un análisis de las condiciones hidrológicas y de calidad del agua, por lo cual son necesarios los recorridos, censos, visitas técnicas y monitoreos para identificar usuarios, caudales y vertimientos, y avanzar en la distribución equitativa del recurso.
Con el objetivo de proteger a sus funcionarios y contratistas, Corantioquia hizo un llamado a la Defensoría del Pueblo, a la Personería de Jericó, a la Fiscalía General de la Nación y a la administración municipal para que investiguen lo sucedido y den con los responsables.
