Después de dos años de trabajo, estudios, socialización con las comunidades y también disputas con los gremios productivos (sobre todo los mineros a gran escala), el gobierno del presidente Gustavo Petro firmó la resolución 0855 de 2025 con la que queda en firme la zona de reserva ambiental de carácter temporal, que cubre más de 37.000 hectáreas entre Fredonia, Jericó, La Pintada, Támesis, Santa Bárbara y Valparaíso. La resolución de reserva ambiental, satanizada por un sector productivo y defendida por sectores campesinos y ambientales, cambia de manera importante la dinámica en esta región del Suroeste, en un plazo de tres años que tendrá vigencia.
Lo primero que cambia es que durante ese plazo no se expedirán nuevas licencias, permisos ni concesiones para realizar actividades mineras en el polígono definido. Sin embargo, sí restringe la entrega de nuevas licencias y permisos que pretendan priorizar las actividades extractivas en esta zona que ahora tendrá como prioridad la conservación ecológica y del recurso hídrico.
En el ABC que explicó el gobierno nacional está que el objetivo de esta declaratoria es priorizar, bajo criterios técnicos y sociales, las zonas en estas 37.000 hectáreas, pues en los estudios adelantados en estos dos años quedó comprobado que el 55% de este tiene vocación forestal y el 30% vocación agrícola.
El asunto es que esta región alberga el bosque seco tropical que tiene una relación simbiótica con el río Cauca y que posee, de acuerdo a estudios adelantados como el de la Universidad de Antioquia, una riqueza de acuíferos, aguas subterráneas alimentadas por siete cuencas abastecedoras de la que dependen 100.000 personas en zonas rurales, y básicamente todo el potencial productivo agropecuario del Suroeste.
Parte del ruido que ha generado la declaratoria es que el mismo presidente Petro la ha “vendido”, en cierta forma como una resolución sastre específicamente para frenar la posibilidad de que AngloGold Ashanti logre desarrollar su proyecto megaminero de explotación de cobre en Quebradona. “Deben saber que se deben retirar de la tierra campesina, ojalá por su propia voluntad, si no iré hasta donde viven los accionistas de la empresa a decirles cómo esa empresa se estrella contra la vida en una región antioqueña. Entonces, primero por las buenas, pero buscaré las normas que permitan que ahí no haya explotación minera nunca, porque acaban con la tierra cafetera y el orgullo de Antioquia, su historia original que es la del trabajo decente”, declaró el presidente en medio de su discurso en La Alpujarra, el pasado 21 de junio.
No obstante, el alcance de la resolución va mucho más allá y busca establecer un periodo en el que se robustezcan estudios hídricos y se facilite la recuperación de la producción agrícola campesina familiar y comunitaria, disminuida fuertemente por la concentración de la tierra, la especulación de la misma para proyectos turísticos y recreativos y la expansión de los títulos mineros.
Pero, además, en la práctica la resolución le permite a AngloGold pedir una última prórroga para que termine con los trabajos con los cuales busca presentar nuevamente una solicitud de licenciamiento ambiental para el cuestionado proyecto. Cabe recordar que en 2021 la Anla archivó la solicitud de licenciamiento al encontrar gravísimas fallas en el Estudio de Impacto Ambiental entregado por la Anla, que desestimaba, subestimaba y ocultaba impactos concretos, severos e irreversibles contra el medio ambiente de la región. Sin embargo, AngloGold podrá pedir una cuarta prórroga para seguir haciendo las supuestas exploraciones, ya que la actual vence en diciembre de este año.
El otro tema ampliamente discutido y que, según la posición del Gobierno, queda completamente subsanado, es que las actividades productivas agropecuarias y turísticas no tendrán impacto alguno, ni las actuales ni las nuevas, siempre y cuando estas últimas no riñan con el objetivo de garantizar el cuidado hídrico y la priorización de los suelos más aptos para conservación ecológica y producción de alimentos.
Con esta declaratoria, que como gran detractor al gobernador Andrés Julián Rendón, grandes gremios empresariales y la propia AngloGold, Antioquia se consolida en región emblemática en un nuevo panorama en el país en el que el campesinado gana terreno en el restablecimiento de sus derechos. “Las territorialidades campesinas son ahora un sujeto de especial protección, se reconoce una relación especial con la tierra y unos derechos asociados como la participación reforzada y el derecho al agua. Las poblaciones del suroeste tienen vocación agrícola, pero sobre todo hay un patrimonio cultural y biológico”, aseguró Juan Diego Espinosa, Observatorio de Conflictos Ambientales.
Por su parte, Sebastián Restrepo, vocero de Visión Suroeste, señaló que esta reserva temporal, que más que una decisión del Gobierno es una exigencia del Consejo de Estado, se desarrolle, tiene como primer objetivo comprender el sistema hidrogeológico y la conectividad ecológica que son de interés ambiental y que no deberían ser objeto de procesos de titulación minera.
