Corría el año 2014 y el entonces representante a la Cámara Carlos Alberto Zuluaga Díaz se disponía a tomar un vuelo en el aeropuerto El Dorado de Bogotá cuando fue abordado por un hombre, un abogado que se identificó como defensor de un paramilitar que por esos días rendía testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, en alguno de los procesos por los que fueron citados muchos de ellos para establecer la verdad sobre la alianza de políticos con grupos de autodefensa.
El abogado quería ponerlo sobre aviso porque su defendido lo había mencionado en una declaración el 8 de agosto de 2013 y desde entonces, aunque no lo sabía, comenzaría un proceso de ardua investigación de parte de la Corte Suprema de Justicia que culminó el pasado 10 de marzo cuando el alto tribunal falló a favor de Zuluaga, al determinar que los hechos denunciados por este desmovilizado y otro más que apareció en el camino no fueron ciertos y por lo tanto se inhibió de investigarlo penalmente por el delito de concierto para delinquir.
“La Corte investigó toda mi vida y no encontró nada en ella que tuviera un vicio de ilegalidad o de alianzas con grupos al margen de la ley. He sido un hombre temeroso de Dios y de las leyes y jamás haría nada que fuera en contra de ellas”, dice Zuluaga convencido de que esa investigación, que cargó como una tonelada sobre su cabeza por casi 10 años, fue al mismo tiempo una bendición porque hoy le permite mirar a los ojos a su hijo, a su familia, y a la sociedad con total tranquilidad.
“Es que así uno sea inocente y tenga claro que nunca se alió con este tipo de personas, siempre es una limitante”, afirma el hoy exconcejal de Medellín, dejando entrever los días difíciles que pasó tratando de demostrar su inocencia.
Los relatos que lo enredan
Para Zuluaga todo comenzó cuando Rodrigo Alberto Zapata Sierra, alias “Ricardo” o “Caremondá”, desmovilizado del Bloque Calima de las AUC, dijo en agosto de 2013 ante la Corte que en marzo de 2004 un amigo suyo, Óscar Hernando Bustamante Arismendy, lo buscó para sugerirle el apoyo a los candidatos al Congreso, entre ellos, a Carlos Alberto Zuluaga Díaz, apoyo que consistía en la obtención de votos para las elecciones de 2006, tal como está consignado en el fallo proferido por el alto tribunal.
De manera posterior, el 19 de octubre de 2016, en otra declaración Zapata Sierra relató que cuando se trató de apropiar de unas tierras de palma en la zona de Bajirá tuvo que negociar con sus propietarios y con habitantes de la zona, entre ellos los hermanos Blandón Jaramillo, negociación que buscaba la posibilidad de sembrar banano y luego exportarlos, operación de la que se encargaría Bustamante Arismendy.
En ese contexto, continúa en su descripción de los hechos el fallo de la Corte, Manolo Denis Blandón Jaramillo manifestó contar con unos votos en Chigorodó, ante lo cual Bustamante Arismendy propuso que esos votos se destinaran a la campaña de Zuluaga Díaz debido a que si llegaba a ser elegido “podía colaborar impulsando el proyecto de siembra y exportación platanera. Tras acceder a esa insinuación y considearla viable, Zapata Sierra puso a disposición un vehículo y aportes que llegaron a sumar hasta 40 millones de pesos”.
Sin embargo, tras la investigación, la Corte concluyó que la narrativa del desmovilizado no contenía un señalamiento claro y que “Zapata Sierra no conoció a Zuluaga Díaz, y tampoco contó con la facultad de consolidar alianzas políticas al interior de la organización, hecho que así ratificaron los principales comandantes del grupo al margen de la ley, quienes dicho sea de paso igualmente negaron su apoyo al investigado”.
Y aparece Bam Bam
En esa búsqueda de la Corte de establecer la veracidad del testimonio de Zapata Sierra, los investigadores hallaron en Neiva una declaración de Libardo Duarte, alias Bam Bam o alias Maicol, en la que decía conocer a Rodrigo Zapata como hombre de confianza de Vicente Castaño, líder de las Auc. Lo llamaron al caso y el 12 de enero de 2016, Duarte mencionó que las AUC le prestaron ayuda a Zuluaga con la obtención de votos para ser elegido representante en 2006 y que dicha colaboración “se habría pactado en la finca La Meseta de propiedad de Manuel Jesús Quintero, dueño de Bellanita de Transportes”, reunión en la que aseguró también estaban Óscar Suárez Mira, “Ernesto Baez” y alias “El Burro”. En realidad, la finca no se llamaba La Meseta, sino La Bellanita, según se aclaró de forma posterior en el expediente.
Además de ubicar a Zuluaga en una reunión en la que no participó, como lo ratificaron los testimonios recogidos en el proceso, alias Bam Bam añadió que junto a “Hamilton” visitaron la sede del candidato en dos oportunidades para hacerle entrega primero de dinero para gastos de la campaña y luego para la celebración de su elección como representante.
En el fallo, la Corte concluyó que “muchas de las afirmaciones de Libardo Duarte, entre ellas las que incriminan a Zuluaga (...) son contradictorias, no consultan la realidad probatoria y carecen de absoluta credibilidad”.
En diálogo con EL COLOMBIANO, Zuluaga reconstruyó los detalles de su proceso.
¿Cómo recibió esa “notificación” del abogado cuando lo abordó en El Dorado?
“Sorprendido, no entendía qué estaba pasando. Mi respuesta era que no podía ser posible porque no he tenido nunca ningún nexo con paramilitares. Entonces llamé al abogado penalista Jesús Albeiro Yepes, un gran amigo, lo puse en conocimiento para ver qué era lo que estaba pasando. A partir de ahí supe que tenía un proceso porque un paramilitar me mencionó en la Corte”.
¿Qué proceso era?
“Rodrigo Zapata Sierra dijo que en el año 2006 me había puesto una votación en Urabá. Pero imagínese, en ese año 2006 yo saqué una votación en Antioquia de cerca de 26.000 votos y de esa votación no sumé ni siquiera 150 votos en Urabá. Fuera de eso no conozco ni me muevo en la política de Urabá, nunca he hecho proselitismo allá. Y quienes me conocen en esa región lo hacen por mi trabajo en el Congreso en el tema puntual del deporte, que siempre ha sido mi foco de atención y Urabá es tierra de grandes deportistas. El tipo menciona eso pero como él mismo lo dijo en la Corte, ni me conoce, ni ha hablado conmigo. Entonces esa mención que él hace me pone a mí en el plan de demostarle a la Corte de dónde vienen mis votos: de Medellín que es donde he concentrado todo mi trabajo político y específicamente donde nací y me crié, las comunas 12 y 13. Le clarificamos a la Corte cómo fueron mis votos en esas campañas, 2002, 2006, 2010 y 2014. Fue una ardua tarea de revisar con lupa quién nos apoyó en cada municipio. A mí esta investigación me enseñó que hemos hecho lo correcto siempre, en el marco de la ley. Y es una cosa bonita ver que el comportamiento electoral nuestro siempre fue igual a lo largo de todas nuestras campañas al Congreso. Ahí quedamos con una gran tranquilidad y gratitud en la Corte porque nos permitió a nosotros demostrar que nuestros votos son limpios”.
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