EPM ha contratado 733 personas más desde que empezó este gobierno, cuando también empezaron cambios en la estructura administrativa con la supresión, división y creación de dependencias centrales.
Expansión de negocios, construcción y mantenimiento de obras y servicios, y desarrollo empresarial son los argumentos de la compañía para el aumento; pero por las polémicas que la han enlodado en los últimos meses hay quienes temen una posible burocracia, pago de favores políticos y falta de rigor técnico en los nombramientos.
En la nómina del 1 de enero de 2020, las dependencias principales eran 8 y sumaban en total 7.566 empleados (ver gráfico), mientras que al 31 de octubre de este año eran 14 y aglomeraban a 8.299. Solo el mes pasado contrataron 90.
En términos financieros significa que al 1 de enero de 2020 el total de salarios mensuales ordinarios fue de $41.793 millones, frente a $47.105 millones al 31 de octubre pasado, es decir, $5.312 millones más, de los que $3.993 son por incrementos de 2021.
El mayor crecimiento de nómina se ha dado este año y no en 2020, según los datos entregados por EPM y Sinpro (sindicato mayoritario de la empresa), lo que se explicaría por el plan de austeridad más riguroso que hubo el año pasado por la pandemia.
¿Para qué el aumento?
A Olga Lucía Arango, presidenta de la agremiación, le llama la atención el aumento “significativo” de nómina, toda vez que aunque el grupo empresarial no está mal en sus finanzas, es apenas sostenible: “Nos dicen que Hidroituango necesita capital y que por eso hay que vender las acciones en UNE. No parece coherente con el crecimiento de la planta”.
Sin embargo, la compañía le respondió a EL COLOMBIANO que el aumento se hace bajo los criterios de austeridad y por razones como la atención de proyectos para construir o hacer mantenimiento a los sistemas de servicios públicos, las obras en Hidroituango y la entrada en operación de nueva infraestructura.
Dicho personal es además necesario para incluir o actualizar capacidades de la empresa relacionadas con medición inteligente, ciberseguridad, sistemas de información y gestión de riesgos, entre otras. A esto se suma que “se crearon las plazas necesarias para atender mayores exigencias ambientales y regulatorias”.
Al respecto, Álvaro Guillermo Rendón, el primer gerente de EPM en la administración del alcalde Daniel Quintero y que salió en medio de una gran polémica, indicó que durante su gestión (todo 2020 y enero de 2021) se ciñó a una política de austeridad rígida que también influyó en la contratación de personal. De hecho, aseguró que en su gerencia se dejaron de proveer 1.139 cargos y los que se ocuparon fueron en proyectos de infraestructura e ingeniería (180), de desarrollo empresarial (50) y para Afinia (40), filial de EPM en la Costa Caribe que empezó a operar en octubre de 2020.
El exgerente nombró cuatro cargos directivos, según dijo, y creó tres nuevas unidades que consideró relevantes, siguiendo la nueva arquitectura organizacional que se gestó en las gerencias pasadas.
Aún así, para Arango no deja de extrañar que aumente la nómina cuando EPM reconoce, como se lo respondió en un derecho de petición, que en los últimos años ha vivido un “crecimiento de los ingresos por debajo del crecimiento de los costos y gastos efectivos, lo que compromete la sostenibilidad y afecta los márgenes de la compañía, los cuales están deteriorando el valor de las operaciones de los negocios en el largo plazo”.
En dicha respuesta, EPM indicó que trabaja en el programa Sendas de Productividad para optimizar costos y gastos racionales, por lo cual está evaluando iniciativas internas. Aclaró que todavía “no se ha hablado de plan de austeridad”, pero que se busca recuperar la productividad y generación de valor con el compromiso de toda la organización.
Para el sindicato este objetivo no va de la mano de la designación de cargos que serían para pagar favores políticos y aumentar burocracia.
¿Sí hay burocracia?
Rendón contó que para proveer cargos tuvo en cuenta en su mayoría al personal que ya trabajaba en la empresa, que casi no hizo contrataciones externas y que no propició la burocracia, pero añadió que hubo algunas interferencias de la alcaldía y que le enviaban hojas de vida para meter gente a la organización, tal como denunció ante las autoridades y como reveló EL COLOMBIANO en los últimos días.
Para Rendón, son erradas las competencias para nombrar a los vicepresidentes, pues el gerente propone el candidato, pero es la junta directiva, presidida por el alcalde, la que lo valida o no: “Si uno propone a alguien, tiene que estar necesariamente alineado con el alcalde y la junta. En unos casos excepcionales me tocó convenir con Quintero para eso”.
De cualquier forma, sigue habiendo preocupación desde sectores como Sinpro por la reestructuración. Entre las designaciones más polémicas están Jonathan Villada Palacio y Juliana Zapata Molina, que ingresaron en septiembre pasado como vicepresidentes de Asuntos Legales y Talento Humano, respectivamente. Villada llegó directo del gabinete de Quintero, donde era secretario general, y Zapata sería cercana a Jorge Carrillo, posesionado en abril pasado como el cuarto gerente de EPM en los 15 meses que llevaba entonces el gobierno municipal y quien podría salir por un fallo en su contra de nulidad de su nombramiento.
También están cuestionados el gerente de Afinia, Javier Lastra Fuscaldo, quien fue agente liquidador de Electricaribe, y Mábel López Segura, que llegó a la Vicepresidencia de Comunicaciones directo desde Telemedellín.
El 10 de agosto de este año, Sinpro envió una nueva carta a Carrillo para solicitar que eliminara cargos directivos “innecesarios”, como el de asesor del proyecto de herramientas de protección jurídica de las inversiones internacionales, creado en marzo pasado para ubicar al ex vicepresidente de Asuntos Legales, Alexánder Sánchez Pérez.
Asimismo, dijeron que la Vicepresidencia Nuevos Negocios, Innovación y Tecnología tiene dos gerencias que podrían fusionarse: Desarrollo Nuevos Negocios, cuyo gerente Jaime Ramos Agudelo habría llegado como referido en un proceso de candidato único y solo tiene en su estructura a cuatro personas, según el sindicato, y Programas de Transformación 4RI, en la que el gerente Javier Darío Fernández, que llegó de Ruta N, no tendría personal a cargo.
Pidieron suprimir, además, el cargo de gerente de Desarrollo Corporativo, que a su juicio es inútil para el funcionamiento de la empresa, “con el agravante de que el cargo está vacante hace más de un año”. Y también la “innecesaria estructura creada para la Secretaría General de EPM” (hoy con unos 10 cargos), que se desligó de la Vicepresidencia de Asuntos Legales (107), una de las decisiones que Rendón tomó y que hoy defiende.
El 24 de agosto, en respuesta a la misiva, se reiteró que EPM está bajo condiciones de austeridad y racionalización del gasto y que los ajustes a la estructura se hacen con base en las necesidades desde varios frentes. Sobre la petición de eliminar cargos afirmaron que la tendrán en cuenta en los análisis de desarrollo organizacional.
Arango reiteró que hay pérdida de rigor técnico para proveer los cargos y cuestiona que algunas veces hacen contrataciones a término fijo para luego abrir procesos internos y ubicar a esas personas en término indefinido. Entre enero de 2020 y septiembre de este año los indefinidos pasaron de 6.725 a 6.928. Al respecto EPM indicó que las plazas fijas son para atender proyectos de duración determinada.
En la compañía también se habla de una cadena de encargos. Por ejemplo, Andrés Moreno Múnera, miembro de la junta directiva de Afinia, asumió hace unos días como vicepresidente de Transmisión y Distribución de Energía (T&D). De esa dependencia estaba encargado Diego Humberto Montoya Mesa, pero Carrillo lo encargó ahora de la Vicepresidencia Gas, que antes estaba en cabeza de Carlos Israel Orduz Aguilar, a quien ahora le encargaron la vicepresidencia de Generación de Energía, en la cual estaba en encargo Alberto Mejía Reyes, quien regresó hace días a su rol como gerente de Mercado de Energía Mayorista.
Carrillo aclaró que los encargos en Generación de Energía y en Gas serán durante la Ley de Garantías. No obstante, Sinpro duda si esta cadena podría deberse a pérdida de rigor técnico en los últimos 22 meses, “al omitir, en estos casos específicos, el conocimiento y la experiencia de las personas que estaban antes al frente de estos cargos”. Por el momento cabe esperar cuáles acciones definirán con el programa Sendas de Productividad para revertir el decrecimiento en los resultados de las operaciones de los negocios de la compañía reina de Antioquia
1.267
cargos a término fijo había al 30 de septiembre de 2021, 434 más que en enero de 2020.
