Pocos días le duró la fortuna a una empleada de un banco en el municipio de Sabaneta que en diciembre pasado decidió deshonrar la confianza de manejar cifras fuertes de dinero ajeno y decidió apropiarse de más de 435 millones de pesos.
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La funcionaria de la entidad financiera, Jenni Marcela Ortiz Díaz, acaba de ser condenada a siete años de cárcel por el delito de hurto calificado y agravado luego de que se allanara a cargos, según informó la Fiscalía.
El disfrute del dinero hurtado solo le duró si acaso un mes, pues los hechos ocurrieron el 12 de diciembre de 2024 y fue capturada en enero de este año.
Los hechos ocurrieron así, de acuerdo con la investigación que hizo la Fiscalía seccional Medellín: la tarde de ese 12 de diciembre, Ortiz desconectó y alteró las cámaras del establecimiento del sur del Valle de Aburrá, donde prestaba sus servicios como cajera principal.
Luego, llamó a la central de la entidad bancaria para que, a distancia, le abrieran la bóveda del dinero y con el fin de poder terminar de perpetrar su delito, le solicitó a un compañero de trabajo que saliera del local a recibir un supuesto domicilio que ella había pedido.
Después, ella salió con los fajos de billetes y los paquetes de monedas por un valor de 435.896.654 pesos metidos en una tula y desde ese día no volvió a su lugar de trabajo.
Así pasó la Navidad, pero días después le vino la resaca de la fiesta porque en el mes siguiente fue aprehendida por la Policía Nacional.
Aunque su abogado pidió que el juez le otorgara la medida de casa por cárcel argumentando que la mujer sufre una enfermedad grave, esa condición no fue certificada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forenses y, por tanto, la petición no fue concedida. De esta manera, deberá purgar su pena en un establecimiento carcelario.
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Lo normal en el sistema financiero es que los empleados son sometidos a procesos fatigosos de selección, hasta con visitas domiciliarias averiguación de antecedentes y cuidando bien que en su personalidad no tengan tendencias al hurto. Sin embargo, estos hechos muestran que al tratarse de personas, el sistema no es del todo infalible.
En 2022 en Bogotá fue capturado otro empleado bancario, Héctor Fabio Parra, quien durante 8 meses había utilizado su cargo en el equipo de seguridad de la empresa para robarse 924 millones de pesos a varios clientes.
El hurto lo habría cometido Parra siendo un fantasma incluso para sus jefes, pues a través de códigos que obstruyeron el sistema informático interno pudo hacer transacciones de hasta 19 millones de pesos a dos cuentas de un socio cómplice.
Los 82 movimientos irregulares –advertidos por los clientes– fueron rastreados por la entidad, y tras denunciarlos el caso pasó a manos de agentes de la Fiscalía, quienes ya tienen identificada la forma en que el detenido habría actuado entre mayo y diciembre de 2021.
Con todas las pruebas, el CTI se desplazó hasta su casa –en el occidente de la capital–. Allí le encontraron dos tarjetas, 19.000 dólares y $609 millones en efectivo, los cuales no había ingresado a su cuenta para no levantar sospecha con un incremento patrimonial que no podía justificar.
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