Así se parrandearon la plata en la anterior Alcaldía de Barbosa

Estos son los detalles inéditos de la condena contra Édison García, el exmandatario local de Barbosa.

En contra de Édison García sigue un proceso por extinción de dominio. De los seis años a los que lo condenaron por corrupción, ya pagó dos años y medio, desde su captura. FOTO róbinson sáenz

En sus primeros dos años y medio al frente de la Alcaldía de Barbosa, entre el 1 de enero de 2016 y el 1 de julio de 2018, Édison García Restrepo recibió en salarios un total de $187’175.518; sin embargo, en ese mismo tiempo adquirió bienes e hizo reformas a varios inmuebles valoradas en $1.475’670.584, sin demostrar que tuviera otros ingresos. ¿De dónde salió el dinero para tantos lujos?

Estos gastos dieron origen a la investigación por corrupción más grave en la historia de este municipio, ubicado en el norte del Valle de Aburrá. Los detalles de estos movimientos clandestinos en la anterior Administración Municipal quedaron expuestos en la sentencia N°14 de 2021 del Juzgado Penal del Circuito de Girardota, conocida en exclusiva por EL COLOMBIANO.

En dicho proceso penal, el exmandatario, elegido con el aval del Partido de La U., terminó condenado el pasado 20 de abril a seis años de prisión por ocho delitos: celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción, peculado por apropiación, cohecho propio, asociación para cometer delitos contra la administración pública, enriquecimiento ilícito de servidor público y falsedad ideológica en documento público.

En el mismo expediente, con radicado 05001 6008784 201700050, fue sentenciada su esposa y exPrimera Dama del municipio, Duberleny Jiménez Betancur, a tres años y medio de cárcel por los cargos de asociación para cometer delitos contra la administración pública, celebración de contratos sin cumplir requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

La pareja no estuvo sola en la fechoría. También hubo participación de la secretaria de Hacienda, Belén Rendón Estrada; el asesor jurídico y jefe de la Oficina de Contratación, Juan Carlos Castaño Rico; el secretario de Planeación, Carlos Julio Ramírez; el secretario de Bienestar Social, Luis Fernando Suárez; y tres contratistas, Francisco Madrid, Verónica Olarte y Óscar Parra Velásquez, con quienes se asociaron para delinquir (ver recuadro).

Según la sentencia, firmada por el juez Calixto Morales Pájaro, este grupo conspiró para hacer fortuna mediante la manipulación indebida de múltiples contratos y la mala destinación de dinero público.

Gracias a sobrecostos sin justificar en la adjudicación de los negocios, por concepto de coimas, el alcalde y sus funcionarios “recibían entre el 50 % y 60 % del valor de cada contrato”, reseñó el documento, mientras que el contratista se quedaba con una tajada del 7 % al 10 %.

Empresas fachada

Como punta de lanza de las irregularidades por parte de este grupo estuvo la utilización de Entidades Sin Ánimo de Lucro (Esales) creadas como empresas fachada, o usadas con ese fin.

“Este interés indebido consiste en que confluían las figuras de contratante y contratista, toda vez que los verdaderos dueños de esas Esales son servidores públicos y la Primera Dama, con funciones directas en la contratación estatal, que crearon y utilizaron las personas jurídicas como instrumentos para apropiarse de dineros públicos, existiendo un vínculo económico directo entre funcionarios y contratistas, entregando a dedo un gran número de contratos”, indicó el fallo.

Para esta estrategia en particular, usaron cinco Esales: 1). Antioqueñita de Servicios, creada a los tres meses del inicio del gobierno de García, cuyo representante legal, y de paso único integrante, era Francisco Madrid; 2). A los tres meses también constituyeron Manos Creativas, representada por Ana Silvia Caro y Óscar Parra como suplente; 3). Y a los cuatro meses crearon Corpo Ideas, cuyo representante y único miembro, era el mismo Óscar Parra.

La lista incluye a: 4). Codeiva, surgida en 2012, con representación legal de la nutricionista Verónica Olarte; 5). Y la corporación Construir Ideas, creada en 2013, en la cual también aparece como representante y único integrante el contratista Parra.

Con estas cinco entidades, la Alcaldía suscribió 96 contratos, según la Fiscalía, por un valor de $10.200’343.307, un monto logrado “a través de valores no soportados o de adiciones presupuestales injustificadas”, que en algunos casos superaron el 50 % de la asignación inicial.

En la trama se violaron cuatro principios de la administración pública: el de legalidad, entre otras cosas por hacer contrataciones directas y a dedo en contratos que superaban la menor cuantía, irrespetando los procesos con pluralidad de oferentes; el de selección objetiva, porque dichas Esales no cumplían los requisitos de idoneidad, algunas ni siquiera tenían empleados o experiencia y mucho menos pólizas de garantías.

Asimismo, vulneraron el principio de transparencia y el de economía, como quiera que muchos de los contratos fueron para realizar fiestas, “lo que vulnera la ley en la austeridad del gasto”, acotó el juez.

Uno de los eventos en los que, literalmente, se parrandearon la plata de los barboseños, fue la versión 17° de las Fiestas de la Piña (contrato C-208 de julio de 2016), con gasto de $380 millones y una primera adición presupuestal de $95’400.000.

Aunque el festejo fue del 5 al 11 de diciembre de 2016, de manera insólita se hizo una segunda adición, de $35 millones, el 14 de febrero de 2017, es decir, dos meses después de terminado el objeto del contrato, cuando ya de la fiesta no quedaba ni el guayabo.

En la cuenta de cobro, el contratista incluyó implementos donados por la FLA, el IDEA y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (Amva), como si él los hubiera puesto, según la investigación.

Con todo esto, el costo total fue de $510’400.000, parte del cual terminó en el bolsillo de los confabulados. En el marco del evento, el 10/12/16 hubo un concierto de Silvestre Dangond, con palco VIP, cuya entrada, pagada por los asistentes, debía entrar a las arcas del Municipio, pero el contratista le entregó el dinero en efectivo a la Primera Dama y al alcalde, “en la suma de $38 millones, y el contratista en su contabilidad no los tiene como un ingreso”, prosiguió la sentencia.

La lista de parrandas continúa con la Fiesta de la Cometa (C-232 de agosto de 2016), por $13 millones y detrimento de $6’110.000, con el agravante de que no hay soportes del cumplimiento del contrato; la Fiesta del Tren del corregimiento El Hatillo (C-220 de junio de 2017), por $250 millones y detrimento de $105’030.000; la Fiesta de Halloween (C-312 de octubre de 2017), asignada a dedo por $75 millones; y la Fiesta de los Empleados (C-340 de diciembre de 2017), por $75 millones y detrimento de $56’412.558.

Malas prácticas

Era tan amplio el objeto social de la Esales, que no solo les dieron contratos para fiestas, también para servicios del Programa de Alimentación Escolar (PAE), campañas educativas para el cuidado del medio ambiente y la vacunación antirrábica de caninos, jornadas de conmemoración de las víctimas de la violencia e identificación de puntos neurálgicos en la ocupación del espacio público, entre otros.

Los investigadores de la Fiscalía encontraron facturas “gemeliadas”, pagos realizados a los contratistas sin siquiera haber cumplido la tarea e informes de gestión con falsas evidencias, como en el contrato C-00314 de octubre de 2017, con la contratista Verónica Orrego, cuyo objeto era el “apoyo logístico en la realización de la Semana de la Juventud y la Discapacidad”.

El convenio fue de $95 millones, con un detrimento de $87’535.715 para la Alcaldía. Cuando la Esal presentó los soportes de la supuesta ejecución, puso en el reporte fotografías de otros eventos, de contratos distintos, haciéndolos pasar como actividades realizadas, dice el expediente.

En la causa penal contra el alcalde García se sumaron evidencias de otros expedientes, que terminaron por hundirlo más.

En el proceso conexo con radicado 0500 16000 0002021 00064, en el que se le imputó un cohecho propio, se documentó que el mandatario recibió $70 millones del empresario José Bayron Piedrahíta Ceballos, “para influenciar al Concejo de Barbosa para que una finca de su propiedad en la vereda Charco Negro, pasara de área rural a urbana en el Plan de Ordenamiento Territorial, para construir un proyecto de vivienda”, acotó el fallo.

La idea era valorizar el predio, para luego venderlo a la Alcaldía por $8.000 millones, pero “el negocio se dañó porque Piedrahíta apareció en la Lista Clinton (mayo de 2016) y el Municipio no podía celebrar negocios con personas que aparecieran en la lista”.

Piedrahíta fue incluido en la lista, en ese entonces, por parte del Departamento del Tesoro de EE.UU., que lo señaló de ser un presunto financiador de la banda “la Oficina”.

Sin embargo, la justicia estadounidense no lo juzgó por ese hecho. Lo que terminó pagando fueron seis meses de prisión en ese país, por un antiguo soborno a un agente federal.

Tras la recolección de toda esta evidencia, García y sus asociados fueron capturados en octubre de 2018. Dos meses después, la Fiscalía le embargó varios bienes y propiedades valoradas en $9.000 millones, con fines de extinción de dominio.

El exalcalde y su cónyuge hicieron un preacuerdo judicial con el ente acusador, en el que aceptaron los citados cargos. Para responder por el incremento patrimonial ilícito de ambos, tasado en $1.763’256.000, dejaron a consideración algunos de los bienes embargados.

Adicionalmente, García tendrá que pagar una multa de $886’628.000, y su esposa de $883’628.000. Aunque su defensa trató de que pudieran pagar la condena en su domicilio, el juzgado solo le concedió el beneficio a Duberleny y por el exalcalde fue enviado a la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

9.000

millones de pesos es el valor estimado de los bienes embargados al exalcalde.