Una citación, de la cual no se tienen mayores detalles, llevaron a la muerte a William Arnulfo Marín Amaya, de 39 años, quien era líder social del una vereda del municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño, en un hecho que se le atribuiría al Clan del Golfo.
De acuerdo con los registros de las autoridades, a Marín Amaya lo hicieron llegar hasta el centro poblado del corregimiento Puerto Claver, donde hombres armados aprovecharon que estaba desprotegido y allí le dispararon en varias oportunidades, ocasionándole la muerte.
Según Indepaz, entidad que dejó en evidencia este asesinato, “este líder fue citado por un grupo ilegal el pasado domingo a esta zona y posteriormente apareció asesinado”.
El fallecido era integrante del comité de conciliación en equidad de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Castillo, de este municipio, donde se destacaba por su mediación en la resolución de conflictos locales, además de impulsar la participación comunitaria y la escucha en procesos de justicia comunitaria.
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Las autoridades investigan qué habría generado molestia entre algunos miembros de la estructura criminal predominante en este sector o si se debió a otras situaciones.
Esta situación se registró en un territorio altamente golpeado por los actores armados, en el que incluso hubo varios ataques contra uniformados durante el plan pistola del Clan del Golfo, que se registró a finales de abril y comienzos de mayo.
Durante el primer trimestre de este año, en El Bagre se presentaron cinco homicidios, de acuerdo con los registros de Medicina Legal, situación que preocupa a las autoridades, teniendo en cuenta la oleada de violencia que hay en estos territorios.
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Además, la Defensoría del Pueblo advirtió el alto riesgo que viven los líderes y defensores de derechos humanos en este municipio del Bajo Cauca antioqueño, emitiendo dos alertas tempranas.
La primera es la AT045 de 2020 por la presencia de los grupos armados y vulneración de derechos y la AT019 de 2023 que está focalizada en defensores de derechos humanos, liderazgos comunitarios y sindicales.
En ambas alertas se informaría que los grupos armados estarían imponiendo normas y toques de queda, además de múltiples medidas restrictivas, haciendo uso del temor entre sus habitantes.
Con el asesinato de Marín Amaya, en Colombia se han asesinado 63 líderes sociales, situación que deja en evidencia los riesgos de vulneración en los que se encuentran, más allá de las promesas políticas por protegerlos.
